Andrés Gómez Vela
Hasta antes de la Primera Guerra Mundial las mujeres en el mundo no votaban, es decir, no eran parte de la vida democrática de un Estado porque no elegían a las personas que iban a administrar su futuro y menos podían ser elegidas. No sólo eso, en gran parte del planeta, muchas de ellas tampoco podían elegir al hombre de su vida, estaban condenadas a ser elegidas por los hombres que precisamente no eran el amor de su vida.
Mientras esto sucedía en el mundo, en Bolivia se aprobó el voto universal recién con la Revolución Nacional de 1952; desde esa fecha las mujeres pueden elegir, pero aún no eran elegidas al menos aquella vez, no porque estaba prohibido legalmente, las estructuras mentales y patrones sociales lo impedían. Al igual que en el mundo, en el ámbito de las relaciones de pareja, gran parte de las mujeres que vivía en el país no tenía autonomía económica ni política ni social, por tanto no gozaba de autonomía de cuerpo, lo que significa que no podía elegir a la persona con quien quería compartir su vida y su intimidad. En otras palabras, no ejercía sus derechos sexuales y en muchos casos era objeto de placer, pero no sujeto de placer; podía ser exigida y tomada, pero no exigir ni tomar.
Como el derecho es el reflejo de una sociedad, no se castigaba la violación en los términos que hoy se conoce. Hasta casi finales del siglo XX, como forma de solución podían transar el violador y la víctima en un descomunal desconocimiento de la autonomía de cuerpo de una mujer y en una especie de vergonzosa práctica de legitimación de la violencia sexual.
Mientras todo esto sucedía en las ciudades, ¿qué pasaba en el área rural? Cuando a finales del siglo pasado balbuceaba la igualdad de género en las urbes, en el campo el chacha-warmi (hombre-mujer) no era ni discurso, por ello las mujeres no podían ir ni a la escuela, ni eran elegidas autoridades. Como reflejo de esta vida sociopolítica, la mayoría de las mujeres del campo eran casi objeto y no sujeto de derechos, ergo no tenían autonomía de ninguna naturaleza, menos de cuerpo, estaban sometidas sexualmente al hombre que no se ocupaba del placer de ella sino sólo de él. En otros términos, para una parte de las mujeres del campo, incluso de la ciudad, el sexo era simplemente reproductivo, no era nada placentero; era un acto de sometimiento y no un acto liberador.
En este marco, recuerdo que en las fiestas grandes de algunos pueblos del área rural de Potosí y Chuquisaca, además de farras descomunales, se producían violaciones que quedaban impunes o eran “resueltos” casando al abusivo con la abusada. Es más, el rapto de una mujer era casi normal debido a que los códigos del flirteo no siempre eran reconocidos por los padres o las parejas. También era muy común embriagar a las mujeres para poseerlas, incluso con la complicidad de las propias mujeres. Probablemente eran casos aislados, pero también muy comunes y aceptados.
Toda esta explicación tiene el propósito de contextualizar lo que sucedió en la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, mas no de justificar. Fue un delito cometido por una persona con prácticas arrastradas de hace años, pero con un componente desconocido para su grupo social hasta hace tiempo: el abuso del poder político. Es probable que si el hecho hubiera sido cometido por Domingo Alcibia en otro tiempo, hubiera pasado desapercibido, pero no ahora, cuando la mujer puede ser elegida como autoridad y elegir a su pareja como mujer, además de tener autonomía de cuerpo, al menos legalmente.
Sin embargo, ¿habrá cambiado en algo la realidad de la mujer en el campo? ¿Será cierto eso del chacha-warmi o es un mero discurso que sirve para camuflar los peores abusos contra la mujer?
