Un departamento cuya propiedad es de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), presidida por Amparo Carvajal, fue tomado este miércoles por la entidad paralela que encabeza Edgar Salazar, quien es tildado como afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Carvajal denunció el hecho desde el inmueble ubicado en la calle Oruro de la ciudad de La Paz, donde instaló una vigilia en las gradas del edificio para exigir la devolución del departamento que es propiedad de la APDHB desde 1982, cuando fue adquirida por esta institución, según comenta la defensora de derechos.
“Había una señora que me grabó, me insultó y me dijo que estaba Edgar (Salazar) en La Paz y él vino con dos hombres más y se metieron. Después salió Edgar y vino con un notario y con una notificación. No recibí la notificación y bueno ahí adentro siguen estas personas”, denunció Carvajal al Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS.
Además de la notificación que pretendieron entregar a Carvajal, ella denuncia que fue víctima de amenazas por parte de estas personas que tomaron el inmueble. “Me amenazan de ladrona y me dicen que van a ir por la Asamblea”, indicó.
En diferentes momentos, la APDHB ha sufrido ataques a su labor de defensa de derechos. En agosto, el Servicio de Impuestos Nacionales desconoció a Amparo Carvajal como representante legal de la APDHB e inscribió a Edgar Salazar en su lugar.
En marzo, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa decidió avalar a la entidad paralela de la APDHB para ser veedora del proceso de selección del nuevo defensor del pueblo.
Fue el 17 de diciembre de 2021 cuando, a través de una “apócrifa” convocatoria a un congreso, denominada así por Carvajal, que personas afines al MAS realizaron un encuentro para conformar una Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia paralela, encabezada por Salazar.
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS recuerda que ante acciones de particulares que ponen en riesgo a las organizaciones y personas defensoras de derechos, el Estado tiene la obligación de investigar de manera efectiva, precautelar la integridad y seguridad y garantizar su ejercicio a la libertad de asociación.
De manera enfática, los órganos de protección de derechos humanos han advertido sobre el riesgo que corren los defensores de derechos, como es el caso de Carvajal, por amenazas, represalias y restricciones sufridas como consecuencia de su trabajo de promoción y protección de los derechos.
