Por: Karen Gil
Les invito a leer un artículo sobre mi visita al sur del TIPNIS en el 2012, a pocos meses de la vigencia de la Ley 180, que hace poco fue abrogada.
Para visitar en el 2012, el sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ubicado en el departamento de Cochabamba, requerí de gestiones en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). De ese modo Miriam Jemio, colega periodista, Daniel— uno de los camarógrafos de “Detrás del TIPNIS”, documental que preparaba por aquel entonces,— y yo fuimos acompañados por dos guardaparques, quienes temían por nuestra seguridad.
A nuestra llegada a Isinuta, la puerta a este territorio, y antes de abordar unos grandes camiones —resabios de la Segunda Guerra Mundial—, nuestros acompañantes llamaron por teléfono al cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del TIPNIS, Gumercindo Pradel para informarle nuestra presencia. “Es mejor que le comuniquemos de nuestro ingreso para no tener problemas”, dijo uno de ellos.
El incómodo viaje en el camión, donde la gente y los bultos se confundían entré sí, duró alrededor de cuatro horas. Atravesamos el Polígono 7, conformado por comunidades antiguamente indígenas de propiedad colectiva y que, gracias a la presencia de colonizadores de tierras altas desde la década de 1980, se convirtieron en sindicatos productores de coca y de propiedad individual.
Llegamos al sindicato Ichoa, el último asentamiento cocalero, a las nueve de la noche. A esa hora ya no había gente. En medio de la oscuridad comenzamos a acampar en la cancha de la comunidad.
Durante el viaje, los guardabosques nos contaron que semanas antes les quemaron el campamento en el Polígono 7, pues su presencia significaba control respecto a la producción de coca dentro del TIPNIS, donde por ser parque nacional está prohibido.
Esa noche apenas dormimos, el miedo de que el episodio antes relatado se repita no nos dejaba tranquilas.
Al día siguiente, desde temprano, guardamos todo para cruzar hacia a San José de Langustura, la primera comunidad indígena y la más cercana. Nos quedaba una caminata de entre 30 a 45 minutos para llegar al río que divide el Polígono 7 con la comunidad y donde se delimita la Línea Roja, que, nominalmente, evita más avasallamientos de los colonizadores.
Tras recorrer un trecho, a lo lejos divisamos una cuerda a la altura del pecho que impedía el paso del camino, me recordó a las que hay a cada cierta distancia en el Chapare, principal productor de coca excedente.
Mientras caminábamos, Daniel comenzó a filmar. Vimos como una mujer indígena intentó bordear el obstáculo pero luego cruzó por debajo del mismo, a tiempo de saludar a dos hombres que custodiaban la cuerda. Los guardabosques nos explicaron que ellos eran cocaleros y nos pidieron guardar la cámara para evitar problemas. Daniel puso stop a la cámara y llegamos hasta ellos.
—Buenos días, ¿a dónde van?— preguntaron.
Todos contestamos el saludo, y los dos funcionarios del Sernap les dijeron que vamos de visita a San José de Langustura con un objetivo turístico. Le explicaron que Gumercindo ya sabe de nuestra presencia y que dio su visto bueno. Los dos hombres —uno pijchando (masticando) coca— dudaron por un momento e hicieron más cuestionantes.
—Puedes llamarle a Gumercindo para preguntarle, si quieres— insistió uno de nuestros guías.
—Bueno pasen— accedió finalmente el hombre del bolo de coca y de ese modo tuvimos su venia para adentrarnos a la comunidad indígena del TIPNIS.
Lo relatado ocurrió a cuatro meses de la promulgación de la Ley 180, que protegía al TIPNIS, lo declaraba intangible y prohibía la construcción de la Carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos por medio suyo, debido a sus consecuencias ambientales y sociales.
Si con la ley de protección vigente, los cocaleros decidían quiénes podían o no pasar hacia las comunidades indígenas y amedrentaban a los guardabosques, sin la ley —recientemente abrogada por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta de cocaleros agrupados en el Conisur— la situación se agravará aún más.
Una prueba de ello, es que hace unas semanas los cocaleros instalaron un bloqueo en Isinuta que impidió el ingreso de una comisión legislativa departamental, acompañada de periodistas, que tenía el fin de verificar si se inició en el territorio construcción de la carretera tal como denunció El Deber digital.
Pero ojo, el discurso oficial es que el objetivo del trazo de la carretera, que no pasa más que por dos comunidades de las 64 del TIPNIS, es para fomentar el desarrollo del lugar y no para que ingresen más cocaleros, quienes, en tres décadas pese a la restricción de la Línea Roja y sin carretera, avasallaron tierras indígenas comunitarias y son los que deciden en esa parte del TIPNIS.
Mira el vídeo.
