Su mayor valor es la consecuencia. Piensa como vive y vive como piensa. Hace periodismo polémico y puro desde que lo conocí cubriendo fuentes, cuando armamos el equipo “Los terroristas, celda 21060” para jugar fútbol con el personal del Ministerio de Gobierno que había encarcelado por esos días a Álvaro García. No alquiló ni hipotecó su pluma a un propietario de medio o al gobernante de turno. No fue un día vocero de Mac Lean, luego de Sánchez Berzaín y ahora de Evo Morales. Se considera un humilde obrero de la palabra, y lo cumple a cabalidad. Es un incansable y, a veces, solitario luchador contra la corrupción.
Rogelio Peláez Justiniano, camireño, más conocido como “El Rojo” ha sido condenado, recientemente, a dos años y seis meses de prisión, precisamente, por destapar un caso irregular que debería merecer un premio al periodismo de investigación.
Sí. Aunque usted no lo crea (de Ripley). La “justicia” sentenció a un defensor del patrimonio nacional, al periodista que se dio cuenta que dos personas metieron sus manos con guante de seda en tu bolsillo, sí en el tuyo, para sacar casi medio millón de dólares.
Un abogado (Waldo Molina) acusó al “Rojo” de injuria y calumnia por haber descubierto que debía cobrar 342.717 bolivianos, pero terminó recibiendo 3.283.798 bolivianos por sus honorarios, gracias a una resolución del Juez Aníbal Vicente Miranda Balboa. El hecho ya era de conocimiento del Ministerio Anticorrupción, que calculó un daño económico al Estado de 172.499.925,43 bolivianos (25 millones de dólares) por esta “elegante” manipulación judicial en el denominado caso FOCSSAP II.
Sí, es probable que el abogado haya cobrado ese monto “legalmente”, pero algunos datos sostienen que no le corresponde y el gobierno realiza gestiones para recuperar el dinero. “El Rojo” tenía razón, entonces, ¿por qué el juez René Delgado Ecos, juez tercero de sentencia en lo penal, lo condenó a dos años y medio de prisión? Este caso demuestra que la ley no es sinónimo de justicia y que un juez no siempre es promotor de lo justo, a veces, es instrumento de la injusticia. Un juez legalizó la irregularidad y otro juez mandó a prisión al investigador. ¡Bárbaro!
El juez Delgado sentenció las palabras usadas para difundir la información en el mensuario Larga Vista, pero no se fijó en la posible verdad que contenían esas palabras. Condenó la dureza de las frases, pero no la crudeza de la realidad o el contenido real de esas frases. Uso los mensajes para castigar al mensajero, sin percatarse si el mensajero decía algo de cierto en sus mensajes. Aplicó la rigidez de la ley contra los términos usados para publicar el caso, pero no se encargó de verificar los hechos para fallar en derecho. Condenó a Hermes, sin haber hecho un análisis hermenéutico de la información que publicó este Hermes con sed de justicia. Condenó al justo y no al injusto. Juzgó el parecer, no el ser.
Claro, la constitución garantiza la presunción de inocencia, pero también garantiza “la interpretación” de la información (artículo 21) con el fin de que sólo de ese modo se puede decir de lo que es, es; y de lo que no es, no es. En ese marco, un medio puede escribir el siguiente titular enunciativo: “A 10 años de la masacre de Goni” ¿Alguien puede desmentir esa información? ¿Hay que esperar que un juez sentencie a Sánchez de Lozada a 30 años de prisión para decirle asesino? ¿No bastan los 67 muertos y 300 heridos mientras las chicanas retrasan la sentencia?
El juez Delgado aplicó la ley en contra de la justicia. Dictó una sentencia para proteger el honor de un abogado y desproteger el patrimonio del Estado, que somos todos. Se fijó en las palabras, probablemente mal administradas, pero no en hechos que huelen mal. Menos mal que se dio cuenta el gobierno y denunció el caso para procesar a los sospechosos.
Otrosí: que se haga justicia más allá de las palabras y las leyes.
