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Las comunidades chiquitanas se han visto afectadas principalmente en sus capitales natural, financiero y político debido a los incendios en la Chiquitanía, según un estudio que evalúa los medios de vida de las poblaciones de nueve municipios.
Una vez que los incendios de 2019 arrasaron con parte del Bosque Seco Chiquitano, la Gobernación del Departamento de Santa Cruz impulsó una evaluación de la situación de las comunidades en la región chiquitana. La bióloga Lilian Apaza estuvo a cargo de analizar el estado de los medios de vida en posesión de los habitantes de las zonas afectadas, lo que se hizo mediante la aplicación de 96 encuesta en los municipios de Carmen Rivero Torrez, Concepción, Puerto Suárez, Roboré, San Antonio de Lomerío, San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, San Matías y San Rafael.
“La idea es entender qué es lo que hace la gente, sus capacidades, los medios para vivir de estas personas, pero de forma integral. La metodología de medios de vida involucra también la parte intangible”, dice la bióloga Apaza, quien se ha especializado en auditoría y gestión ambiental. La evaluación consideró el capital humano, social, físico, financiero, cultural, político y natural.
Al momento de esta entrevista, la Chiquitanía, el Pantanal y el Chaco están afectados nuevamente con incendios forestales, aunque, por ahora, en menor dimensión frente al año pasado que se quemaron alrededor de 5 millones de hectáreas.
El impacto más fuerte
Los capitales natural, financiero y político fueron los más afectados con el incendio, según resultado de la evaluación de medios de vida.
El capital natural fue directamente afectado por el fuego, lo que dañó el bosque, la calidad del agua, la disposición de animales y la capacidad de actividad forestal. El impacto inmediato de esa pérdida de capital natural fue en el capital financiero que se vio deteriorado por la reducción de ingresos, la agricultura, la ganadería, las opciones de préstamo de dinero y un sistema alternativo de ingresos. El capital natural y el capital financiero (por ejemplo que se hubiera cortado la recolección de aceite de copaibo o de miel de abeja) se vieron recíprocamente afectados.
El tercer elemento más afectado fue el capital político, lo que implica la dificultad de las comunidades de base de llegar a las autoridades estatales locales, departamentales o nacionales, así como a las organizaciones no gubernamentales.
Lilian Apaza explica que en San Ignacio de Velasco se vieron afectados más de 50 socios apicultores, en otras partes los comunarios se quedaron sin semillas o, en el caso de Yororobá (Roboré) se vieron afectadas las pinturas rupestres que se aprecian en actividades turísticas.
Por otro lado, los capitales social, físico y cultural no fueron muy impactados. No hubo pérdida de infraestructura (caminos, puentes, casas) y solo se afectó ciertas tomas de agua. En cuanto al capital social, a diferencia de su dificultad de hacer gestiones ante el Estado, se puede ver que la organización interna a las comunidades ha funcionado sin problemas.
“En el capital humano la vulnerabilidad es alta, en la salud ha aparecido las diarreas, las enfermedades respiratorias y la alimentación (se ha deteriorado), coincidente con capital productivo, perdiendo su maíz o su arroz”, dice Lilian Apaza.
Muchas comunidades perdieron la posibilidad de generar ingresos con los productos del bosque, como el aceite de copaibo y la apicultura, pero también se perdieron cultivos agroforestales de café. “La reflexión es fortalecer sus medios de vida. Si se quiere hacer restauración, hay que considerar medidas para fortalecer el capital natural y financiero a mediano y largo plazo, a corto plazo es (necesario) ayudar a las comunidades que no tienen alimentos y donde el agua es mala”, dice la bióloga Apaza.
En su criterio, estos elementos deben ser considerados junto a las decisiones políticas de manejo del territorio porque “si alrededor están quemando, sí o sí les va a afectar, tienen que trabajar con los alrededores de los pueblos indígenas para que se disminuyan” los incendios a futuro.
Es un hecho que esto no ha sucedido porque en este momento, posterior a la evaluación de los medios de vida hecha por Apaza, continúan los incendios forestales en la Chiquitanía e incluso se extendieron con fuerza hacia el Chaco.
