PIEB
La cuarentena por la pandemia ha derivado en una sobreproducción de la hoja de coca y la caída de su precio, a esto se suma una crisis económica y productiva que afecta a los pequeños campesinos de las zonas cocaleras y las restricciones a la producción de la hoja en la Ley 906. La socióloga Sandra Ramos prevé que la conflictividad va a aparecer sea cual sea el futuro gobierno.
El encarcelamiento del cocalero Franklin Gutiérrez en el gobierno del MAS, sin indicios de delitos en su contra, se mantiene como un hecho significativo dentro de la vida política del país aunque con la salida de Evo Morales el dirigente recuperó su libertad. Es también un signo del conflicto con los cocaleros de los Yungas que se inició con la promulgación de la Ley General de la Coca N° 906, en el año 2017, y que puede volver debido a que no se ha superado el problema de la producción excedentaria.
La norma 906 admite la existencia de 22 mil hectáreas de cultivos de coca, 14.300 en los Yungas y 7.700 en el Chapare. Y esto ha significado el ingreso del Ejército a labores de erradicación en zonas yungueñas, generando malestar en los productores que consideran que al ser zona de cultivos tradicionales no deberían ser restringidos.
La socióloga Sandra Ramos, docente en la UMSA y la UPEA, es autora de varias investigaciones relativas a los campesinos cocaleros de los Yungas y del Chapare. En esta entrevista del PD-PIEB, Ramos reflexiona acerca del problema estructural que afecta a estos productores, que supera incluso los alcances de la Ley 906.
¿En qué situación orgánica están los cocaleros de los Yungas frente a la administración gubernamental, ahora que va a haber un cambio de gobierno y después de la crisis en su dirigencia?
Los conflictos políticos en principio por la Ley 906 se han traducido en una división de las organizaciones, deslegitimaciones, incluso falta de gobernabilidad en muchas instituciones. Cuando se dieron los sucesos de octubre y noviembre (2019) hubo una electoralización de esa división y cuando sale Evo Morales (del gobierno) nuevamente surge una división política. La parte orgánica de ADEPCOCA (Asociación de Productores de Coca) logra aglutinar a las organizaciones y una mayor legitimidad, y hay la expectativa de que probablemente ahora sí se pueda cambiar la ley con el gobierno de Jeanine Añez. Sin embargo, en el parlamento no es posible lograr esos cambios, (entonces) de alguna manera la división orgánica se mantiene, tal vez más que orgánica, a nivel de población, de sociedad y de región.
También hay una disminución de legitimidad debido a la presidencia de Franklin Gutiérrez en ADEPCOCA, que capitaliza las persecuciones, las detenciones, que continúan en muchos casos el paralelismo sindical que generó el MAS. Esa legitimidad se va desgastando en función de la crisis económica que empieza a vivir los Yungas. (Durante la cuarentena) no tenían demanda de coca, pero la producción continuaba, ahora hay sobreproducción, eso va generando una crisis, el precio de la coca hace un mes se reduce de Bs. 2000 a Bs. 800 el taki (50 libras), pero además son pocos los que pueden sacar la coca. Esa crisis económica empieza a afectar a las organizaciones sociales porque no existe solución, no hay salidas que puedan ver… Hoy tenemos una división electoral marcada por un lado por la promesa de volver a un auge económico y buen precio de la coca con el retorno del MAS, pero por otro lado la expectativa de ADEPCOCA y COFECAY de que no vuelva el MAS, como única posibilidad de que se cambie la ley, por lo menos los artículos vinculados a la superficie (de cultivos de coca).
¿Qué expectativas tienen respecto del nuevo gobierno? En la administración de Evo Morales los cocaleros podían manejar algunos temas relacionados a la coca…
El incremento de superficie en el trópico de Cochabamba (permitido por la Ley 906) implica una redistribución del mercado a nivel nacional para la producción de coca, eso afecta el precio, pero también la posibilidad de que los Yungas siga siendo el eje de producción y consumo en el mercado interno. Eso afecta la economía en el corto plazo en términos de precio, y en el largo plazo, en términos de acceso a la tierra productiva.
En realidad, ambas regiones son una especie de colchón, una especie de esponja, que está absorbiendo una fuerza de trabajo flotante que no tiene acceso a tierras, que no tiene oportunidades económicas. Es la migración de Oruro, Potosí, Cochabamba, que se va a estas regiones. Son pocos los productos relacionados a la agricultura y la ganadería que tienen mercado seguro, a lo mucho podemos mencionar la quinua, pero para la economía campesina son muy pocos productos; en caso de Yungas tenemos más tendencia a la monoproducción (de coca) que en el trópico de Cochabamba. En el trópico hay mucha población sin tierra y está aspirante a esas posibilidades. Cambiar la superficie y la distribución de superficie implica continuar con esta economía de la coca que es la única que ven como posibilidad económica de sobrevivencia, pero también (implica) que se reconozca que en los Yungas hay la tendencia al crecimiento en la zona productora y que gran parte de la zona tradicional ya está con desgaste productivo… La expectativa orgánica no se reduce al cambio de la ley y a algunos artículos, también se tienen por lo menos dos: crear un Ministerio de la Coca para impulsar la industrialización real y concreta; y un referéndum a nivel nacional sobre qué coca se consume en Bolivia y dónde debería producirse la coca.
En términos de conflictividad, ¿qué podemos esperar? El gobierno de Evo Morales, al tener incorporados a los cocaleros de Chapare y Yungas, ha podido contener y responder en cierto grado esas demandas…
A comparación de una etapa de estabilidad del gobierno del MAS, porque ha habido un proyecto común, una especie de acuerdo social y pacto de mutua atención, ahora tenemos un contexto más politizado y de más efervescencia. Tengo la sensación de que van a haber conflictos en la medida en que el mercado de la coca dé alguna estabilidad a la economía de los productores. Si el mercado de la coca ahora está siendo muy reducido, puede tener que ver con la incertidumbre de origen de la demanda, cuánto de la demanda del narcotráfico está para el trópico y cuánto para los Yungas, podríamos decir que es un tema tabú. En la medida en que la demanda mejore los precios, la conflictividad probablemente no sea muy alta porque existen vías de sobrevivencia para las familias campesinas, pero si el precio queda reducido, no existen vías de comercialización y además el tema de la ley no es atendido, la conflictividad va a surgir.
Ahora vemos venir en el Legislativo una división que tal vez haga posible tratar cambios en las leyes, lo que se viene es conflictividad porque al parecer no se va a poder atender, sea cual sea el gobierno… En mi investigación he visto que cuando generamos políticas públicas no consideramos todos los efectos dominó que puede tener una ley y es porque no hemos hecho un estudio de los aspectos culturales, sociales, económicos. Es así, el tema de la ley no implica solo producción de coca, sino (acceso a la) tierra, implica economía campesina, desarrollo, industrialización, medios de comunicación, son una serie de aspectos que no han sido estudiados para desarrollar esa política… Si ahora viene otro gobierno, hace un cambio de la superficie (permitida), la conflictividad no va a desaparecer porque tiene que ver con todos estos otros problemas. Se necesita un estudio integral de todo lo que implica la economía de la coca que de todas maneras tampoco es una economía segura, tiene un mercado ilegal y legal, no es fijo, no es seguro.
¿En qué sentido la ley ha llegado a concretarse?
La Ley 906 se promulgó en marzo de 2017, y sí se estaba implementando con Evo Morales. Hace un mes que el mercado está funcionando otra vez, durante el gobierno de Añez hubo políticas específicas restringidas para llevar coca al interior. La demanda es mínima, el precio se ha reducido y se ha acumulado la coca en Yungas.
¿Y cuál es la situación de los cocaleros en el Chapare? Ellos tienen una crisis política que les llega más directamente por ser parte del MAS-IPSP…
Tengo algunos contactos con los que me mantengo al tanto de lo que sucede en el trópico, además de las radios a las que hago seguimiento. En el Chapare la organización sindical es más fuerte y disciplinada, las Seis Federaciones controlan todo lo que sucede. Hay una especie de escepticismo y temor a que no vuelva el MAS, esto tiene que ver con que ellos fueron zona no legal de producción, entonces temen que pueda volver el tiempo de la erradicación, de la violencia. En estos últimos años pudieron estabilizar sus economías, no es que el trópico está establecido como una economía definitiva (de la coca), la economía de la coca es un ahorro para ellos, es un ingreso seguro, así lo llaman, pero las economías campesinas apuestan a otras cosas, proyectos de ganadería, fruticultura, exportación de bananos y piña, son proyectos pequeños a los que ingresan como familias en forma de cooperativas. Están intentando, es todo un proceso de capacitación, implementación, capitales y créditos…, pero también tienen lógicas localizadas, muy de economía local, no hay una visión del país, la trayectoria de las economías que han vivido a nivel de familia tampoco les ha permitido más, en términos económicos probablemente tengan más oportunidades que en los Yungas, pero tampoco es una economía segura, establecida.
