La confianza social es la voluntad que tienen los individuos de ser vulnerables a las acciones de su gobierno, puesto que creen que este tiene buenas intenciones y, por tanto, cuidarán sus intereses por encima del suyo.
Mineros, maestros urbanos, maestros rurales, médicos, fabriles, jubilados y profesionales de otros rubros se niegan a ser vulnerables a las acciones de la gestión del presidente Luis Arce sobre sus ahorros. En consecuencia, expresaron en los últimos días, su desconfianza y consecuente rechazo a la Gestora Pública, institución creada por el gobierno hace 12 años.
¿Por qué la gente que pertenece a estos sectores y otras personas no confían en la Gestora?
RimayPampa preguntó a Gustavo Rodríguez, experto en materia de pensiones; y Alberto Bonadona, economista. Ambos señalaron las siguientes causas:
1. Historia. Hace referencia a la mala administración y corrupción en el sistema de reparto a tal punto que lo quebró.
Gustavo Rodríguez explica: En el antiguo sistema de pensiones, cerrado en plena quiebra en octubre de 1996, había mucha corrupción. Además, fue muy mal administrado: tenían que ir ajustando los montos de pensión y tenían que irse ajustando los porcentajes, los cálculos de promedio y todo. En vez de hacer esos ajustes, mantuvieron beneficios.
Por ejemplo, un trabajador con 15 años aportados podía tener 70% de pensión (del total de sus ingresos), cosa que era muy beneficiosa para el trabajador, pero muy insostenible para el sistema. Como lo manejaban políticamente, tomaban determinaciones que eran erróneas.
Hubo mucha corrupción, no sólo de representantes estatales y del gobierno, sino también de los representantes laborales. Todos terminaron en la cárcel porque se demostró corrupción.
Esa historia todavía queda en la memoria de los trabajadores que hoy día están sufriendo esa quiebra.
La gente que se está jubilando hoy es de la generación sandwich. Gente que tiene compensación de cotizaciones del antiguo sistema, que es una compensación pequeña, porque no le están compensando todo lo que deberían compensarle por la quiebra. En este periodo, (esa misma gente) tiene aportes que han recibido muy baja rentabilidad, tienen pensiones bajas.
2. Falta de información. Tiene que ver con los datos que el Estado proporciona a la sociedad para generar transparencia en la administración de ahorros privados.
No ha habido la suficiente información acerca de lo que significa una administradora de pensiones (sea privada o pública), opinó Alberto Bonadona.
Gustavo coincidió con Alberto y agregó que el sistema de pensiones nunca ha hecho un esfuerzo por informar a la población de todo lo que significa y de todos los beneficios que puede dar.
3. Historia reciente. Está relacionada a la creación y los errores cometidos en la puesta en marcha de la Gestora.
Gustavo señala: Han tardado 12 años en parar la gestora. La ley 065 estableció en diciembre de 2010 cómo va a funcionar, sus atribuciones y todo. Recién en 2015 han sacado un decreto para poner en funcionamiento.
Desde el 2015, han cometido errores muy grandes, entre ellos el software (por el que la Gestora pagó 3 millones de dólares, pero nunca recibió la tecnología). Ese dinero no se va a recuperar.
Se han dedicado a cosas secundarias: comprar, alquilar edificios, amoblar sus oficinas. No se han dedicado a las cosas que importan: ver cómo aumentamos el monto de pensión, cómo aumentamos la rentabilidad.
La historia reciente no está a su favor, eso genera desconfianza.
4. Falta de educación. Se refiere a la cultura previsional que guía a una visión favorable a la seguridad social.
Alberto identificó como otro factor de desconfianza la carencia de formación acerca de lo que significa aportar para capitalizar los ahorros. La gente necesita conocer por qué después de 35 años obtiene una pensión relativamente aceptable respecto al líquido pagable.
Gustavo tiene el mismo criterio: falta cultura previsional. En su opinión, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) cometió errores al hacer campañas solo sobre el SOAT, sobre cómo funcionan los seguros privados, pero nunca ha hecho una campaña para que la gente pueda inscribirse en un sistema de pensiones y beneficiarse.
5. Prohibición de asesoría a los asegurados. Tiene que ver con la obligación que las AFPs tenían para brindar asesoramiento a los aportantes.
Gustavo expone: Antes de la ley 065, antes del 2010, las AFPs se preocupaban de darte información relativamente cabal. Te comunicaban tu monto de pensión -no importa la edad que tuvieras- tu capital, a cuánto podía llegar tu pensión, si te convenía seguir aportando, si deberías dejar de aportar. Te orientaban.
En 2011, (el gobierno de entonces) emite una resolución que prohíbe brindar todo tipo de información. ¿Cuál el problema? A las personas mayores de 58 años, que ya cumplen los requisitos para jubilarse, ya no les dicen si pueden subir su monto de pensión, si deberían seguir aportando. A los jóvenes menores de 58 años, no les dicen nada.
Por ejemplo, si tú vas a la AFP y pides que te hagan una proyección, no te la van a dar, te van a rechazar, (pero) les pagamos para que nos den servicio completo.
Mucha gente (de 58 años) va a la AFP a averiguar, y le dicen el monto de su pensión: muy baja, y no el monto que imaginaba tener. Si es menor a 58, sale sin nada, solo con su extracto, y una bronca contra el sistema de pensiones.
6. Resultados de las empresas estatales. Está vinculado a los resultados de las otras empresas estatales.
“La mayoría no son rentables. Aunque es sorprendente que la Gestora ya rindió utilidades”, dijo Alberto.
“Mucha gente no sólo desconfía de la empresa pública o de la gestora. Descree que la seguridad social pueda ser una buena opción. Mucha gente cree que está aportando en vano porque los montos de pensión son bajos, no corresponden a lo que se ha ganado toda la vida”, señaló Gustavo.
7.Incertidumbre sobre el futuro. Se refiere a las expectativas de los asegurados respecto a la posibilidad de que suban sus montos de pensiones.
Gustavo explica: No hay señales claras de que los montos de pensión vayan a subir. El gerente (de la Gestora) dijo que las pensiones subirán 1,31% porque (la Gestora) ya no va a cobrar esa comisión que las AFPS cobraban a los jubilados para pagarles su pensión, (dijo también) que van a hacer el esfuerzo para que la rentabilidad suba al 4% y eso va a dar mejores pensiones.
Dos elementos a analizar: primero, a los ya jubilados se les calcula la pensión con una tasa de descuento del 5%, previendo que el capital que van a dejar va a ir generando una rentabilidad a futuro del 5%. Entonces, cuando el gerente dice vamos a garantizar una rentabilidad del 4%, en realidad está diciendo vamos a seguir disminuyendo sus pensiones porque los últimos 15 años las tasas de rentabilidad han sido menores al 5%, las pensiones han bajado.
Segundo, el 1,31 % que les va a subir de la comisión (que ya no pagarán a las AFP) prácticamente es nulo en ese contexto. Es nulo respecto a la disminución que hubo el año pasado y va a ser nulo respecto a la disminución de pensiones que va a haber el próximo año.
Esta disminución se da en relación al monto de pensión que te toca con tu capital acumulado, fracción de saldo acumulado. Una pensión total por la fracción de saldo acumulado, la compensación de cotizaciones y la fracción solidaria.
La fracción solidaria tiene mantenimiento de valor, lo mismo la compensación de cotizaciones, pero la fracción de saldo acumulado, lo que te toca con tu capital, no.
Un trabajador me comentaba que su pensión había bajado como siete u ocho bolivianos el año pasado, tiene una pensión bajita, pero le habían subido 7 a 8 bolivianos con la pensión de cotizaciones, en total el resultado cero. La mayoría sólo está jubilado con su capital acumulado y no tiene ni compensación ni solidario.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició el pasado 9 de septiembre la administración de los aportes de los trabajadores del país en reemplazo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según el Decreto Supremo 4585, la información de los beneficiaros será transferida hasta mayo de 2023. Desde ese momento, la Gestora Pública administrará la totalidad del sistema de pensiones.
