La nueva política de drogas (3ra y última parte)

El 29 de julio de 1991, se Decreta un procedimiento de indulto, denominado «de los narcoarrepentidos» en el que se propuso a 14 Narcotraficantes -señalados por la DEA- y otros más, la posibilidad de denunciar hechos delictivos y lograr cerrar sus casos.

Mientras las cabezas de las organizaciones criminales eran eximidos de una sanción, la temible Ley 1008 incremento la sensación de selectividad de la persecución penal, porque la aplicación de penas combinadas (y el factor de conversión a razón de un día multa por un día de privación de libertad)- excedía la pena aplicada por la Sentencia e incluso sobrepasaba la pena máxima Constitucional de 30 años de prisión. La aplicación irrestricta de la detención preventiva y la obligación de mantener la privación de libertad por incumplimiento de obligaciones patrimoniales -multas- crea una sensación de persecución draconiana en la norma.

La primera reforma y derogación de la Ley 1008, se presenta como parte de la reforma integral al sistema de Justicia Penal. La Ley de Fianza Juratoria deroga todas las disposiciones inconstitucionales y genera un proceso de adecuación de la persecución de la justicia penal a los derechos humanos y el debido proceso, este esfuerzo concluye con la aprobación de la Ley 1970, que termina derogando toda la normativa procesal de la Ley 1008.  Un hito relevante es la inclusión del delito de legitimación de ganancias ilícitas en la reforma penal de 1997 y los posteriores ajustes en materia administrativa bancaria y regulación financiera.

La nueva política de drogas del país, a partir de la expulsión de la DEA y la NAS y la generación de una política boliviana de persecución a las drogas y posicionamiento de la Coca como un factor político puede ser analizado a partir del “Monitoreo de Cultivos de Coca” elaborado por la ONUDC (Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unida), la constatación inicial se refiere a la disminución de la superficie cultivada y el carácter variable de la incautación de pasta base y clorhidrato de cocaína. El dato principal es el valor estimado de la coca al productor cocalero que representan valores reducidos del PIB.

Un análisis a partir de la droga incautada y la producción de Cocaína en el país, muestra que el combate a las drogas por parte de la Policía y el Sistema Judicial resulta marginal en relación a la droga que efectivamente es comercializada en ningún año se supera el 20% de la producción. La posibilidad de reducir la comercialización del 80% de la Cocaína, incrementando recursos para la Policía y el Sistema Judicial, no se han incrementado contrariamente la crisis estructural de estas instituciones, muestra peores resultados. En los últimos años la cantidad de personas privadas de libertad en Bolivia, se ha incrementado, la mayor parte de ellos con detención preventiva (un promedio de 80%) y entre ellos el Narcotráfico representa un promedio de 45% de los Delitos cometidos en Bolivia. Entre los delitos de narcotráfico, prácticamente no existen personas acusadas de Legitimación de Ganancias Ilícitas, siendo la mayor parte de los detenidos las personas que corresponden a los niveles inferiores de las organizaciones criminales. En conclusión, no existe una visión estratégica, ni una política criminal dirigida a atacar el narcotráfico con base en los criterios de “mercados de criminalidad” los niveles de impunidad a los niveles más elevados de las organizaciones criminales es absoluto.