LA PAZ, 04 ago (ANP) – La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó hoy la “decisión política” del gobierno de crear un fondo de administración común para pagar un seguro de vida a los trabajadores de la Prensa y pidió que sean las empresas las que asuman esa responsabilidad en forma directa.
En criterio de la ANP, un fondo administrado por un directorio conformado mayoritariamente por funcionarios estatales y dirigentes sindicales podría convertirse en una fuente de corrupción y juego de intereses políticos.
La ANP planteó esa posición durante una reunión convocada por el Ministerio de Comunicación para “socializar” un proyecto de ley que fue ya aprobado por una comisión de la Cámara de Diputados.
Según la ministra Amanda Dávila, es “decisión política” del gobierno crear un fondo común con el aporte de hasta el uno por ciento de ingreso bruto de los medios para financiar el seguro.
La ANP planteó que dicho seguro tendría que ser cubierto por cada medio en beneficio directo de sus dependiente, por lo que ante el rechazo oficial a su planteamiento, sus representantes abandonaron la reunión efectuada hoy en La Paz.
En reiteradas oportunidades, la ANP expresó su conformidad con el beneficio para los periodistas pero advirtió que la creación de fondos administrados por el Estado, tienen antecedentes de corrupción como el caso del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP).
ANP reclama independencia a sindicalistas
Marco Dipp, presidente de la ANP, exhortó a los dirigentes sindicales de la prensa a mantener independencia política y evitar que el control del fondo pueda ser utilizado como instrumento de intervención política a la administración de los medios.
Juan León Cornejo, director ejecutivo de la ANP, lamentó que la reunión busque forzar la aprobación de la ley y las modalidades de administración del fondo sin definir previamente el universo de beneficiarios ni cuantificar el costo del seguro.
Tras el rechazo de esos planteamientos, los representantes se retiraron de la reunión que prosiguió sólo con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CTPB) y de algunas federaciones regionales, algunas de las cuales hicieron también consideraciones de fondo al proyecto.
Organizaciones sindicales de periodistas de medios impresos de las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre cuestionaron, mediante comunicados, la modalidad de administración de los recursos que excluye a representantes de organizaciones con mayor número de afiliados.
En junio pasado, la ANP expresó su rechazo a un fondo común porque la administración ajena a cada medio de comunicación y el propio gobierno viola el principio de razonabilidad laboral y crea un peligroso mecanismo de intervención estatal en las empresas periodísticas.
La organización que agrupa a los 20 medios impresos más importantes del país, expresó que la norma no considera el seguro de vida que varias empresas periodísticas contratan para sus funcionarios y advirtió que una legislación sin concordancia, podría determinar la eliminación de beneficios que ya existen.
