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Investigación defensorial constata deficiencias en la implementación del SUS, que limitan el acceso de la población

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La Defensoría del Pueblo, a través de la investigación “Límites en la implementación del Sistema Único de Salud”, constató que a más de tres años de su puesta en marcha existen deficiencias que limitan que la población acceda plenamente a las prestaciones de salud que otorgan los hospitales públicos de tercer nivel.

“Cuando se anunció e implementó el SUS creíamos que era un avance importante en materia de Derechos Humanos, pero al momento de detectar una serie de falencias en su implementación creemos que es urgente, en atención a la demanda, generar espacios de diagnóstico y de toma de decisiones para mejorar y robustecer el SUS para cumplir plenamente el mandato constitucional”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, durante la presentación del informe que identificó falencias en 15 hospitales de tercer nivel de ciudades capitales intervenidos, (casi el 50% de los 31 nosocomios del país).

Los resultados de esta intervención fueron presentados hoy por la Autoridad defensorial. Dijo que la investigación realizada entre septiembre y noviembre de 2021, abarcó los hospitales: de Clínicas, del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” y de la Mujer en La Paz; del Norte en El Alto; San Juan de Dios en Oruro; Daniel Bracamonte en Potosí; del Niño “Manuel Ascencio Villarroel” y Viedma en Cochabamba; Gineco Obstétrico y Neonatal “Dr. Jaime Sánchez Porcel” y del Niño “Sor Teresa Huarte Tama”en Chuquisaca; San Juan de Dios en Tarija; del Niño y San Juan de Dios en Santa Cruz; Presidente Germán Busch y Materno Infantil Boliviano Japonés en Beni.

La Defensora comentó que ninguno de esos 15 hospitales cuenta con un dictamen de “establecimiento acreditado”, que cumpla con todos los estándares obligatorios, pues sólo el Hospital General San Juan de Dios de Santa Cruz tiene una certificación de “establecimiento acreditado condicionado”.

También señaló que se identificó que desde la promulgación de la Ley 1152 del SUS, en 2019, no existen mejoras significativas en la infraestructura de los nosocomios verificados. Cruz observó que en Pando, donde si bien se construyó el Hospital de Tercer Nivel “Dr. Hernán Messuti Rivera”, éste aún no funcione y fue habilitado de emergencia para atender casos COVID-19 durante la pandemia, por lo que el Hospital Roberto Galindo Terán de segundo nivel es el único establecimiento SUS de mayor referencia a nivel departamental.

La autoridad defensorial indicó que se evidenció que la cantidad de camas de los establecimientos de salud verificados no son suficientes para cubrir la demanda de los pacientes del SUS, aspecto que se constituye en causal de rechazo o en su defecto obliga al beneficiario a la espera de un espacio.

Otra deficiencia identificada, comentó la Defensora, pasa por el insuficiente personal de salud frente a la demanda de la población. Si bien desde 2019 el Ministerio de Salud y Deportes creó nuevos ítems, éstos no llegaron a todos los hospitales, en algunos no se reflejó el incremento de recursos humanos debido a que migraron de la modalidad de contratos a ítem.

Se evidenció que persisten los problemas en el manejo de las referencias y contrarreferencias, ya identificados en una anterior investigación defensorial sobre la aplicación de la Ley 475. En el caso de las referencias, los problemas pasan por aspectos básicos como el correcto llenado de la boleta de referencia con letra legible, diagnóstico médico, firma y sello del galeno, sello del establecimiento de salud e identificación del hospital receptor, aspectos que son de responsabilidad del personal médico del establecimiento referente. Los problemas en las contrarreferencias se producen por la dejadez, falta de voluntad o no aceptación por parte de los profesionales médicos responsables de emitir estas boletas. Estos problemas resultan de la falta de un sistema informático, señaló la Defensora.

La autoridad indicó que, si bien una de las principales características del SUS es la gratuidad, se evidenció que esto no se cumple a cabalidad. Por ejemplo, el acceso a medicamentos no llega al beneficiario, pues en 13 de los 15 hospitales verificados se advirtió la falta de disponibilidad de éstos y los pacientes deben asumir los gastos económicos que involucra adquirirlos.

Entre otros problemas identificados, dijo que está en la otorgación de fichas que implica que los pacientes deben realizar extensas filas sin la certeza de conseguir una ficha para ser atendidos; escasa información sobre los beneficios del SUS; presentación de requisitos adicionales que es un perjuicio para la población beneficiaria; ausencia de una instancia de defensa del paciente que limita la presentación de denuncias o reclamos; no aplicación del trato preferente a grupos vulnerables establecidos en la Ley 1152, en algunos hospitales verificados.

Asimismo, se evidenció que en más de la mitad de los hospitales verificados no realizaron auditorías internas, no cuentan con Gestor de Calidad, aspectos que perjudican el mejoramiento continuo de la calidad de atención y convierte a este instrumento en ineficiente.

Frente a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio de Salud y Deportes, a gobiernos departamentales, a los Servicios Departamentales de Salud; y a los Directores de hospitales de tercer nivel del sector público verificados.

“Consideramos que este informe servirá para generar mejoras en beneficio de nuestro pueblo, para que estos avances puedan llegar a plenitud a nuestra población, en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, concluyó la autoridad defensorial.

En el acto, participaron como comentaristas del informe: la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Lucía Hidalgo, y el Asesor de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS-OMS, Julio Pedroza, entre otras autoridades.

“Necesitamos plantear acciones con poder de decisión como menciona la Defensora del Pueblo, que ya los estamos iniciando, si bien es una tarea de cada Gobernador y de cada director del Sedes. Hemos tenido reuniones para mejorar el gasto del desembolso de recursos que hace el Ministerio de Salud. También hemos verificado que necesitamos realizar una intervención técnica, como dice el informe, pero ya lo hemos iniciado”, comentó la viceministra Hidalgo.

A tiempo de felicitar el trabajo defensorial y de ponerse a disposición de las autoridades, el representante de la OPS-OMS, dijo: “Felicitar por el informe. La OPS reconoce que Bolivia ha establecido un sistema de salud que avanza sustantivamente hacia el acceso universal. El informe represente casi un 50% de los hospitales de tercer nivel, es un esfuerzo necesario y fundamental para que la decisión política del Gobierno boliviano se exprese de manera más objetiva en el acceso real y con calidad hacia la población”.

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