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Instituciones civiles manifiestan su apoyo a guardaparques procesados

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En consecuencia, se demanda a los administradores de justicia que desestimen la denuncia interpuesta contra los guardaparques

Instituciones representativas de la ciudadanía así como organizaciones no gubernamentales emitieron pronunciamientos de apoyo a los guardaparques nacionales Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz que son objeto de un proceso judicial por ser fieles al cumplimiento de su deber al no permitir el ingreso de maquinaria pesada a un área protegida como el Parque Madidi. 

Difamación y calumnia son los cargos del proceso que les sigue Ramiro Cuevas (Cooperativa Virgen del Rosario), a partir de que el guardaparque Raúl Santa Cruz al no permitir el ingreso de cisternas y retroexcavadoras, entre otras, solicitó a la comitiva licencia ambiental y autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para entrar con maquinaria al área protegida.

Defensoría: recuerden que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú

La defensoría del pueblo, en su pronunciamiento, recordó al Estado boliviano que es parte del Acuerdo de Escazú mediante la ley 1182 que ratifica la participación del Estado en la protección de defensores de derechos medioambientales (como los guardaparques).

Recordó igualmente, la necesidad que existe de respetar los derechos humanos, particularmente de aquellos derechos medioambientales y de la Madre Tierra “independientemente de que estos puedan ser privados o funcionarios públicos”, subrayó el defensor Pedro Callisaya,

De inmediato se refirió específicamente al caso de los dos guardaparques procesados y que esperan un veredicto en la audiencia oral a desarrollarse en el municipio de Apolo desde Hrs. 09.00, “al respecto es importante informar a la población y también referir al Estado boliviano la existencia de un ámbito normativo de protección internacional, la corte interamericana (…) ha establecido que defensor de derechos humanos puede ser considerado una persona privada, pero también un servidor público en el ámbito del ejercicio de sus funciones”.

En ese sentido la Defensoría del Pueblo formuló un pedido a toda la institucionalidad del Estado boliviano en sentido de “que aplique, que cumpla con las obligaciones internacionalmente adquiridas y en consecuencia adopte todas las medidas necesarias para la protección de los dos guardaparques en su condición de defensores de los derechos del Medio Ambiente y de la Madre Tierra, eso es claro como mensaje de la Defensoría del Pueblo…”

FOSPA: Que se desestime la denuncia contra los guardaparques

Varias organizaciones ambientalistas aunadas en la organización del Foro Social Amazónico emitieron un pronunciamiento por el desestimiento del proceso judicia seguido contra los dos guardaparques (Foto V. Ledezma ANA Bolivia)

Por su parte el Foro Social Panamazónico Bolivia (FOSPA), que prepara un megaevento internacional de carácter ambiental en Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes también llamó en un comunicado a la protección a los guardaparques y sanción a los destructores de las fuentes de vida.

“…Expresamos nuestra solidaridad con los guardaparques del Sernap Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, quienes enfrentan un injusto y absurdo proceso penal iniciado por el operador minero Ramiro Cuevas Echave por haberse sentido »dañado en su honor y reputación« cuando fue encontrado intentando ingresar maquinaria pesada al interior del Parque Nacional Madidi, extremo que fue interceptado por los guardaparques, en cumplimiento de su misión y funciones”.

En esa línea, el pronunciamiento considera injusto la instauración de procesos de represalia y criminalización a quienes son defensores de las áreas protegidas, pueblos y territorios indígenas, ríos y bosques. En consecuencia, se demanda a los administradores de justicia que desestimen la denuncia interpuesta contra los guardaparques, y, desde las instancias estatales se les brinde garantías para el desarrollo de su trabajo.

El documento concluye “Desde el FOSPA nos mantenemos alertas frente al accionar de los operadores del actual desastre ambiental que causa la minería aurífera en el país”.

ANA

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