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Informe defensorial: Pueblos indígena originarios no recibieron protección reforzada por parte del Estado durante la pandemia COVID-19
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Informe defensorial: Pueblos indígena originarios no recibieron protección reforzada por parte del Estado durante la pandemia COVID-19

Durante la pandemia del coronavirus COVID-19, los pueblos y naciones indígena originarios del país no recibieron una protección reforzada por parte del Estado para enfrentar esta enfermedad y tuvieron que hacerlo con sus propios medios y en condiciones que afectaron su derecho a la salud y los puso en riesgo de extinción.

Esta información está contenida en el informe defensorial “Falta de protección reforzada de naciones y pueblos indígena originarios altamente vulnerables en Bolivia, durante la pandemia COVID-19”, que abarcó a los pueblos Uru (Iruito y Qot Zoñi), Yuqui, Ayoreo, Ese Ejja (Eiyoquivo), Yaminawa, Machineri, Weenhayek, Tapiete, y Araona, de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Pando y Santa Cruz, durante la gestión 2020.

Entre las principales conclusiones del estudio, la Defensoría del Pueblo encontró «la falta de inclusión del enfoque de interculturalidad, diferenciado y de pertinencia cultural, como el idioma nativo, cosmovisión, medicina tradicional ancestral para la prevención y manejo del COVID-19 en la ‘Guía para el Manejo del COVID-19’».

Además detectó «la no inclusión en la Ficha de Notificación Epidemiológica del Ministerio de Salud de un apartado para la identificación cultural de los pacientes con sospecha o con el COVID-19», que el «Protocolo para el Abordaje de Covid-19 en Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos» no fue difundido ampliamente, y que la falta de articulación de los establecimientos de salud con las comunidades indígenas, por parte de los Sedes, dificultó e impidió que pacientes indígenas con síntomas o con la enfermedad del COVID-19, accedan a establecimientos de salud con mayor capacidad, equipamiento e insumos médicos.

Los pueblos indígenas objeto de la investigación defensorial están en situación de alta vulnerabilidad, que en el contexto de la pandemia del COVID-19 requerían de una especial protección. De modo, que la ausencia de medidas especiales y diferenciadas del Estado que protejan y garanticen el goce efectivo de sus derechos, los puso en riesgo de extinción física y cultural.

A la luz de los hallazgos defensoriales, esta institución de protección de los Derechos Humanos recomendó al Ministerio de Salud «incorporar en la Guía para el Manejo del COVID-19, los enfoques de interculturalidad, diferencial y pertinencia cultural, así como elementos de la medicina tradicional ancestral».

Además, «incorporar en la Ficha de Notificación Epidemiológica de la Guía para el Manejo del COVID-19 un acápite que permita la autoidentificación cultural» y «modificar el Protocolo para el Abordaje del Covid-19 en Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos, incorporando acciones y/o medidas que establezcan una atención integral en salud con enfoque intercultural».

Al Ministerio de Defensa y al Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencia (Conarade), recomendó «implementar medidas para garantizar la participación y representación de autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el CONARADE, CODERADE, COMURADE, COEN, COED y COEM», entre otras recomendaciones.

También en las conclusiones figura que «el personal sanitario de los establecimientos de salud de los Sedes de los gobiernos autonómicos departamentales de La Paz, Oruro, Tarija, Pando y Santa Cruz, que atienden a las comunidades de los pueblos indígenas sujetos de la investigación (excepto el Puesto de Salud Bia Recuaté-Yuqui), no se encuentran debidamente capacitados en la eliminación de la discriminación, estigmas y estereotipos negativos hacia los pueblos indígenas».

«La implementación de cuarentenas y restricciones de circulación durante la pandemia evidenciaron la amplia brecha existente entre el campo y la ciudad respecto al acceso a medios de comunicación, cobertura y acceso a tecnologías, aspectos que repercutieron en la limitada información sobre el COVID-19 recibida por los pueblos indígenas, que afectó su derecho a la salud», señala el informe defensorial, entre otras conclusiones.

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