El exsenador del Movimiento al Socialismos (MAS), Eduardo Maldonado, aseguró este lunes que la reforma judicial vía referendo ciudadano planteado por el grupo de juristas independientes es un reto histórico para la sociedad civil boliviana.
“No tenemos que quedarnos de brazos cruzados, tenemos que avanzar, tenemos que asumir como sociedad civil este desafío, es un reto histórico no solo para las generaciones presentes sino para las futuras generaciones y si, por alguna razón, pudiese más la mezquindad política, la angurria de poder, los inconfesables propósitos de los grupos que se benefician con el alarmante estado de la justicia tal como está ahora, entonces en su momento el pueblo sabrá aquilatar las circunstancias y seguramente decidirá cuál es el camino más aconsejable”, afirmó.
El abogado potosino indicó que hay una expectativa grande en esa ciudad respecto a la propuesta, lo que ha permitido el contacto con la gente, pero que se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 410 de la CPE, concretamente en el parágrafo segundo, para encarar la reforma de la justicia boliviana.
“No olvidemos que la propuesta supone un cambio de la justicia en términos democráticos. Es decir, en absoluto apego al ordenamiento jurídico constitucional del país, eso supone seguir una secuencia de pasos o fases que son necesarias, porque para que se den estos cambios no solo tiene que ser de fondo, sino que también tienen que ser respetuosos de la formalidad”, puntualizó.
Taller técnico con expertos
Maldonado informó este lunes que el Comité para la Reforma Judicial conformado en Potosí el mes de abril organiza para los siguientes días un taller de trabajo con juristas y profesionales del derecho a fin de realizar un análisis técnico a la propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano.
El jurista dijo que hasta la fecha se han desarrollado algunos eventos de socialización de la propuesta base con un primer evento con la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho que llamó la atención de la juventud universitaria de esa ciudad y la socialización de la propuesta ante el Consejo Consultivo de Dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
“Lo que ahora corresponde es proseguir esta actividad con un taller de trabajo con juristas, profesionales del derecho, con quienes hay que abordar en términos técnico jurídicos las iniciativas que también puedan surgir desde Potosí para enriquecer la propuesta nacional y en función de eso consensuar una propuesta que pueda ser la que sea sometida a consideración de la gente del país”, dijo Maldonado.
En abril de este año se conformó en Potosí un comité impulsor para la reforma judicial.
“Esta iniciativa que surgió desde la sociedad civil ante la incapacidad o la falta de voluntad del Estado, de las autoridades políticas para llevar adelante un cambio que urge en la sociedad boliviana cuenta con diferentes actores, en el caso de Potosí, donde están el Comité Cívico Potosinista y el Colegio de Abogados de Potosí”, indicó Maldonado.
Según el abogado se invitó a la Federación de Juntas vecinales de Potosí, al Obispado de la Diócesis de esa ciudad y a las facultades de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) y de la Universidad Privada Domingo Savio para que se sumen a la iniciativa.
“Lamentablemente los casos escandalosos que embarran a la administración de justicia en Bolivia suman cada día tanto a nivel local como a nivel nacional (…) que hace que la gente hoy esté completamente convencida de la necesidad de avanzar en la transformación profunda del aparato de justicia del país”, aseguró el exdiputado nacional.
Maldonado cree que en lo que hace a la propuesta concreta de reforma judicial elaborada por el grupo de juristas independientes, “hay que hacer todavía bastante”.
“Resta mucho por socializar, son temas técnico-jurídicos que no siempre son fáciles entrar con este tipo de temas al conjunto de la sociedad porque, de pronto, en el ánimo de la gente hay muchas iniciativas que son más producto de la emotividad y ante el calor de las circunstancias que propuestas que puedan materializarse en términos concretos y puntuales siguiendo el procedimiento que establece la Constitución Política del Estado y la normativa vigente en Bolivia”, aclaró.
