El último fin de semana, un joven de 22 años falleció por un impacto de bala en medio de la pelea entre campesinos por los predios de La Estrella, incautadas hace más de 10 años al empresario Jacob Ostreicher.
El hecho de que a 10 años de haber sido declarado como bien incautado por ganancias ilícitas, la situación legal del predio no haya sido aclarada por la justicia y que, en el marco de esa incautación, el sitio haya sido dejado en custodia a la misma persona que fue denunciada, son las dos observaciones de índole jurídico que complican la situación de los predios de La Estrella.
Así lo consideró Alcides Vadillo, director de la Fundación TIERRA regional Oriente, quién lamentó que el uso de la violencia por la tenencia de tierras esté en ascenso en esa región tanto de quienes reclaman esos espacios como de quienes ven afectada su propiedad.
“Hay instituciones, en este caso que tiene que dar la cara y una explicación al país. Por supuesto esto no justifica lo que está pasando. Llama la atención, por qué Dircabi (Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados), pues este es un bien incautado por denuncia de ganancias ilícitas, por qué confisca una propiedad, la incauta y se la entrega a la misma persona denunciada (…). Segundo, el Ministerio Público y el Concejo de la Judicatura tiene que decir por qué luego de 10 años sigue el proceso sin una sentencia ¿Están jugando al olvido?”, manifestó Vadillo en entrevista con la red televisiva Cadena A.
El grupo de personas que intentó tomar el sitio, al cual pertenecía la víctima, mantiene bloqueada la ruta que une a Santa Cruz con Trinidad exigiendo justicia por el fallecido y la presencia del Gobierno para solucionar el conflicto. Entre tanto, las cuatro personas que fueron aprehendidas por el hecho fueron beneficiadas con medidas sustitutivas, según reportó el diario El Deber.
“Lo que tenemos que lamentar y condenar es el uso de la violencia, tanto en quienes reclaman y reivindican tierras como en quienes se sienten que están siendo amenazados o afectados en su propiedad. Es lamentable, pero estamos llegando a un uso de violencia cada vez mayor y en el caso de Guarayos, no es un caso aislado. Lo hemos venido diciendo con anterioridad. Este es el cuarto caso de toma de tierras con armas, con uso de violencia en Guarayos en menos de un año”, manifestó el investigador de la Fundación TIERRA.
El 12 septiembre de 2021, en el predio “El Encanto” (4.500 hectáreas), más de un centenar de policías que procedían al desalojo de los avasalladores, por orden judicial, fueron emboscados por personas armadas. El enfrentamiento dejó tres uniformados heridos de bala.
Otro hecho ocurrió el 18 de septiembre, en el Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, dejando como saldo varias personas heridas. Juan Montaño López, quien se declaró propietario de un predio ocupado, y sus acompañantes fueron atacados con machete, palos y disparos de armas de fuego. Montaño resultó herido con arma de fuego, por lo que fue trasladado al hospital de San Julián.
Finalmente, el 28 de octubre, un grupo de 17 personas, en el que había periodistas, ingresaron al predio Las Londras para verificar las denuncias de avasallamiento. Cuando llegaron al sector fueron emboscados por personas encapuchadas y armadas y fueron retenidos contra su voluntad por casi siete horas.
“Lo lamentable en todos estos casos es que no hay investigaciones, no hay celeridad en los procesos, no hay sanciones. De los cuatro casos que le hablo, solo sabemos de un detenido por el caso Las Londras. Entonces hay una línea de ascendencia de la violencia, pero también hay una línea de impunidad y cuando hay impunidad significa que hay tolerancia y que esto va a seguir creciendo”, advirtió Vadillo.