Andrés Gómez Vela
Bolivia está entrando en una zona peligrosa. No porque haya bloqueos. Bolivia siempre convivió con bloqueos. El problema es que los actores del conflicto comienzan a sentir que ya no pueden retroceder sin desaparecer políticamente. Y cuando una crisis entra en la lógica del “todo o nada”, cualquier error puede incendiar el país.
El bloqueo de caminos dejó de ser hace rato un conflicto sectorial o económico. Las demandas concretas —incremento salarial, combustible de calidad, derogación de la Ley 1720, más ítems para educación— existen y son reales. Pero el conflicto mutó a una disputa por representación, legitimidad y control del Estado.
Ahí está el núcleo del problema. Muchos sectores populares que durante años se sintieron parte del “bloque de poder” hoy perciben que Rodrigo Paz gobierna con otros actores sociales: agroempresarios, tecnócratas y clases medias urbanas.
La Ley 1720 terminó funcionando como símbolo de ese cambio. Para sectores campesinos ya no es solo una norma agraria, es la prueba de un giro ideológico del Estado. Y en política las percepciones suelen importar más que los datos técnicos.
Aunque el gobierno argumente que busca modernizar la economía o ampliar acceso al crédito rural, parte del movimiento interpreta que el gobierno cambió de alianza social, desplazó a organizaciones históricas y premió a sectores que no lo llevaron al poder.
Eso produce una sensación muy peligrosa: la desposesión política. Cuando un grupo siente que perdió el poder, las reivindicaciones económicas dejan de ser económicas. Se convierten rápidamente en demandas de renuncia.
¿Qué debería hacer entonces el gobierno? Diviso cinco caminos posibles.
1. Reprimir y desbloquear por la fuerza
Es el camino más riesgoso. Puede funcionar tácticamente en el corto plazo si el gobierno logra reabrir carreteras y mostrar autoridad. Pero estratégicamente puede ser devastador. Bolivia tiene memoria histórica sensible respecto a muertos en conflictos sociales:
- Octubre de 2003,
- Sacaba y Senkata,
- Chaparina,
- conflictos mineros y campesinos.
Un solo muerto puede transformar un conflicto sectorial en una rebelión nacional. Además, si el gobierno usa fuerza excesiva, los sectores movilizados podrían encontrar la narrativa perfecta: “El gobierno de las élites reprime al pueblo”.
Ese discurso podría reunificar a sectores que hoy todavía están dispersos.
2. Ceder totalmente
Tampoco parece viable.
Si Rodrigo Paz acepta demandas bajo presión extrema o negocia después de bloqueos indefinidos, corre el riesgo de aparecer débil, incentivar futuras medidas de presión y perder respaldo de sectores urbanos que hoy exigen orden.
La clase media suele tolerar el diálogo. Lo que no tolera es la sensación de un Estado paralizado.
3. Apostar únicamente al desgaste
Luis Arce hizo eso muchas veces: esperar que los bloqueos desgasten a los movilizados. Y terminó debilitándose él mismo.
El problema es que Bolivia atraviesa una crisis económica delicada. Cada día de bloqueo suben precios, aumenta el desabastecimiento, crece la irritación social y la percepción de ingobernabilidad se profundiza.
El desgaste puede terminar afectando más al gobierno que a los manifestantes.
4. Reconfigurar políticamente el gobierno
Este parece el camino más racional.
El gobierno necesita comenzar a pensar en compartir poder. No en sentido corporativo clásico, sino en términos de reconstrucción de legitimidad social porque el problema central ya no es solamente económico. Es político y cultural.
Muchos sectores movilizados sienten que ya no son escuchados ni representados. Esta sensación obliga al gobierno a ampliar su coalición social:
- incorporar figuras con legitimidad popular,
- abrir mesas reales con resultados visibles,
- revisar parcialmente políticas simbólicamente conflictivas,
- y distribuir los costos del ajuste de manera más equitativa.
En tiempos de crisis, la población no solo observa resultados económicos. También observa señales morales. La gente quiere sentir que el sacrificio es compartido.
5. Renunciar
Sería el fin del gobierno de Rodrigo Paz, pero no el fin de la crisis.
Muchos movilizados creen que nuevas elecciones resolverán automáticamente el problema económico. Probablemente ocurra lo contrario: cambiaría el control del Estado, pero la crisis seguiría intacta.
Cualquier nuevo gobierno —de izquierda o de derecha— estará obligado a aplicar medidas impopulares para sacar al país del foso económico. Por eso, Bolivia está entrando en una fase especialmente peligrosa.
Da la sensación de que el pedido de renuncia presidencial comienza a crecer. Y cuando una protesta pide la caída del gobierno, el conflicto deja de ser plenamente negociable. Ahí aparece la lógica del “todo o nada”, donde cada actor teme que retroceder implique desaparecer políticamente.
Rodrigo Paz necesita hacer tres cosas al mismo tiempo:
- mantener autoridad estatal,
- evitar una represión letal,
- y reconstruir vínculo político con sectores populares.
Si solo hace lo primero, puede abrir una espiral de violencia. Si solo hace lo tercero, puede parecer un gobierno débil. El verdadero desafío está en equilibrar ambas cosas antes de que el conflicto termine devorando a todos.
