Poco se analiza el rol de los gobiernos locales en la contención del crimen organizado. Durante décadas, este fenómeno ha sido abordado casi exclusivamente como un problema de seguridad nacional: policías, fuerzas armadas e inteligencia. Sin embargo, esta mirada pasa por alto una realidad fundamental: el crimen organizado no se sostiene únicamente por su capacidad de ejercer violencia. En muchos contextos, la ausencia de disparos refleja algo más preocupante: la consolidación de un monopolio criminal que ya es dueño de la economía local.
Es en los barrios y mercados donde estas estructuras encuentran oportunidades para expandirse. Por ello, la gobernanza local representa el eslabón crítico; el espacio administrativo donde se permite o se interrumpe el crecimiento de redes ilícitas. A continuación, se analizan cuatro áreas donde la gestión municipal es determinante.
- Regulación comercial: La puerta de entrada
Los municipios deciden quién opera un negocio y bajo qué condiciones. Aunque parece un proceso meramente administrativo, es la primera barrera contra la infiltración criminal en la economía formal. Cuando los sistemas de licencias son débiles o permeables a la corrupción, facilitan la proliferación de empresas fachada y negocios con flujos de efectivo sin trazabilidad.
En México, investigaciones periodísticas han documentado cómo organizaciones criminales se infiltran en sectores como restaurantes, bares y servicios de seguridad. Estos espacios no solo funcionan para el lavado de activos, sino como nodos de control social. Una licencia mal verificada no es solo una falla burocrática; es la infraestructura económica que el crimen necesita para operar con apariencia de legalidad.
- Uso de suelo: El ordenamiento como herramienta de control
El control del territorio no siempre se ejerce con armas; a menudo se consolida mediante decisiones urbanísticas. Cuando el ordenamiento territorial presenta vulnerabilidades, surgen oportunidades para inversiones inmobiliarias destinadas al blanqueo de capitales o la adquisición estratégica de terrenos para controlar rutas logísticas.
Los desarrollos urbanos en periferias con baja presencia estatal permiten a las organizaciones criminales generar redes de dependencia. Al proveer vivienda o servicios en zonas donde el gobierno local es inexistente, el crimen construye una legitimidad social que desplaza al Estado. Aquí, la debilidad en la planificación urbana se convierte en una herramienta silenciosa de consolidación territorial.
- Mercados informales: Gestionar el vacío estatal
En América Latina, una parte significativa de la economía ocurre en la informalidad: ferias, comercio callejero y transporte informal. Son entornos dinámicos pero vulnerables. Donde el Estado local no regula ni ordena, otra estructura lo hace.
El crimen organizado aprovecha estos vacíos para imponer sistemas de extorsión y controlar cadenas de abastecimiento. El caso de El Salvador es ilustrativo: durante años, las pandillas estructuraron regímenes fiscales paralelos donde comerciantes y transportistas pagaban por operar bajo reglas económicas impuestas por criminales.
Del mismo modo, en Perú, grupos bajo la fachada de sindicatos han capturado rentas en el sector construcción, condicionando el desarrollo de obras públicas y privadas. En estos escenarios, el problema no es solo la ilegalidad, sino quién organiza la vida económica cotidiana.
- Fiscalización local: El control de los servicios urbanos
La supervisión de actividades económicas es una de las funciones más subestimadas de los municipios. Su falla permite que redes criminales utilicen empresas formales para acceder a contratos públicos, insertando capital ilícito directamente en las arcas municipales.
En Brasil, investigaciones en ciudades como Río de Janeiro han mostrado cómo facciones criminales han capturado servicios urbanos básicos: distribución de gas, acceso a internet y transporte alternativo. Los residentes consumen estos servicios bajo precios y condiciones impuestos por estructuras que han desplazado a los proveedores formales. El resultado es crítico: el crimen organizado deja de operar fuera del Estado y comienza a operar desde su interior, gestionando la cotidianidad ciudadana.
Conclusión
Estos ejemplos responden a una lógica común: el crimen organizado no necesita crear una economía desde cero; le basta con identificar fallas en la gobernanza local, insertarse en ellas y capturarlas. Por ello, debe entenderse como un fenómeno económico territorial donde la administración municipal tiene una responsabilidad ineludible. Si el municipio falla en su rol regulador, el eslabón se rompe, dejando a la ciudadanía bajo un orden dictado por el capital ilícito. Ante esta realidad, surge la pregunta urgente: ¿Están los gobiernos municipales preparados para fortalecer su gestión y asumir este rol estratégico?
Gabriela Reyes Rodas es criminóloga
