El 5 de junio de 2025, Shirley Molina, de la agrupación ciudadana Participación Popular (PP), asumió su cargo como asambleísta departamental en Oruro, convirtiéndose en protagonista de un hito histórico en la democracia boliviana. Se trata del primer caso en el país en que se concreta la aplicación de una resolución interna de una organización política que resuelve la pérdida de representación por “transfugio político”.
Según Limber Arroyo Martínez, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, este es «el primer caso de esta naturaleza que se efectiviza en la historia democrática de Bolivia».
La resolución de la agrupación ciudadana Participación Popular, dueña del curul legislativo departamental, se basó en sus normas internas y concluyó que el exasambleísta Freddy Castillo debía perder su curul por considerarse independiente.
El PP solicitó el registro de la resolución interna ante el TED de Oruro que se efectivizó el 7 de febrero de 2024, lo que llevó a la habilitación de Molina como nueva asambleísta. A pesar de la solicitud formal y la entrega de su credencial el 6 de mayo de 2024, Molina no fue admitida en su puesto en la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, lo que la llevó a presentar una demanda ante el Ministerio Público contra los presidentes de la institución legislativa.
Freddy Castillo, por su parte, apeló la decisión de pérdida de representación por transfugio ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el TSE declaró la resolución improcedente con la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP Nº 0141/2024.
El exasambleísta presentó un recurso de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pero el pasado 2 de junio, la sala denegó tutela a la solicitud, y se mantuvo vigente las decisiones del TED Oruro y, por ende, la incorporación inmediata de Molina, conforme a lo estipulado en el artículo 31, parágrafo II, de la Ley 018, detalló Arroyo.
Por otro lado, el TED de Oruro presentó una denuncia por acoso político en contra de las personas que negaron la incorporación de Molina, acusándolos de acoso político por hostigamiento y promover la usurpación de funciones.
