El Territorio Indígena de Lomerío es hoy escenario de un conflicto en la consolidación de su proceso autonómico que interpela no solo a los actores locales del departamento de Santa Cruz, sino a todo el Estado Plurinacional de Bolivia. La Nación Monkoxi de Lomerío, reconocida por su histórica lucha por la autodeterminación, busca avanzar en la constitución de su gobierno autónomo indígena, proceso que ha tomado más de una década.
Desde que en 2008 Lomerío se autodeclaró como el primer territorio indígena autónomo del país ha transitado un complejo camino para acceder formalmente a la autonomía indígena de base territorial. El proceso ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa nacional; el 4 de diciembre de 2020, en una Asamblea General —con la participación de la mayoría de sus comunidades—, se aprobó su Estatuto Autonómico. Sin embargo, desde esa fecha, el avance del proceso se detuvo, atrapado en un punto muerto por la falta de acuerdos entre el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), para lograr una salida a este empantanamiento.
Esta paralización institucional ha sido aprovechada por actores internos que antes estaban a favor de la autonomía y que hoy se oponen al proceso, así como por actores externos contrarios al camino que impulsa la CICOL. Estos actores, lejos de apostar por el diálogo, han optado por el bloqueo y la desinformación para frenar el legítimo derecho de la Nación Monkoxi de Lomerío a autogobernarse según sus propias normas y procedimientos.
Después de cuatro años, y con el fin de destrabar el proceso, la CICOL y el SIFDE finalmente acordaron llevar adelante una Asamblea Extraordinaria Complementaria, convocada para este 4 de junio en la comunidad de El Puquio, con el objetivo de aprobar el Estatuto Autonómico que regirá legalmente la autonomía de la Nación Monkoxi de Lomerío.
No obstante, este 3 de junio, las vías de acceso al territorio amanecieron bloqueadas por grupos afines al gobierno municipal de San Antonio de Lomerío y al Comité Pro Santa Cruz, con el objetivo de impedir la realización de dicha asamblea. Estos bloqueos no solo impiden el ingreso de delegaciones o la realización de la Asamblea, sino que afectan la tranquilidad de las comunidades. Todo esto en nombre de un supuesto “derecho a decidir” que, en realidad, oculta el temor de quienes no quieren perder poder ni privilegios.
A lo mencionado se suma el hecho de que aproximadamente a las seis de la tarde de este 3 de junio, la comisión del SIFDE que se dirigía a la comunidad de El Puquio fue interceptada por funcionarios del Gobierno Municipal de Lomerío, quienes además los tienen incomunicados con las autoridades del TSE. Este hecho no solo agrava el bloqueo al proceso autonómico, sino que constituye una clara vulneración a los derechos y garantías institucionales, poniendo en riesgo la integridad del proceso democrático.
Pese a todo, Lomerío resiste y sigue apostando por el camino de la democracia comunitaria, basada en sus normas que rigen la vida orgánica del territorio, por el diálogo y por el cumplimiento de la ley. La Asamblea Extraordinaria del 4 de junio no es un acto simbólico, sino un paso decisivo para avanzar en el proceso autonómico, con un estatuto ratificado, transparente y con participación plena.
Cabe subrayar que esta Asamblea tiene un carácter complementario: no se realiza para repetir el proceso, sino para cumplir una exigencia del Tribunal Supremo Electoral, que solicitó la notificación formal a las minorías presentes en la TCO (Territorio Comunitario de Origen), incluyendo a propietarios privados. Con esto se busca cerrar cualquier brecha procedimental y avanzar hacia la institucionalización de la autonomía.
Sin embargo, la convocatoria ha sido recibida por actores locales opuestos a la autonomía indígena con una estrategia de sabotaje basada en la desinformación. Estos sostienen que el Estatuto Autonómico debe ser aprobado mediante un referéndum, en el marco de la democracia liberal. Dicho argumento carece de legalidad conforme a la Ley N.º 1198 y no es aplicable a los procesos de autonomía de base territorial. Además, han difundido afirmaciones sin evidencia ni base legal, como que el nuevo gobierno indígena de Lomerío les quitará su ganado o incluso sus gallinas a los comunarios.
Las narrativas de desinformación en contra de la autonomía son promovidas por actores locales afines al Comité Pro Santa Cruz, al cual acuden para visibilizar su rechazo al proceso impulsado por la CICOL. Estos actores, al igual que el Comité Pro Santa Cruz, han manifestado públicamente su oposición a los territorios colectivos indígenas, proponiendo la individualización de las tierras comunales. En otras palabras, el rechazo a la autonomía de Lomerío no es solo local, sino que responde a intereses políticos más amplios que buscan debilitar la estructura misma del Estado Plurinacional.
A los bloqueos se suma una estrategia comunicacional y política que intenta deslegitimar el proceso desde todos los frentes. El caso más reciente fue la conferencia de prensa ofrecida por comunarios de San Antonio en las oficinas del Comité Pro Santa Cruz, donde solicitaron un referéndum con voto individual para definir el futuro del territorio. Esta propuesta no solo desconoce el carácter colectivo del derecho a la autonomía indígena, sino que violenta los principios básicos de la democracia comunitaria reconocidos en la Constitución.
Lo que está ocurriendo en Lomerío no es simplemente un conflicto por el rumbo de la autonomía indígena. Se trata de la colisión práctica de dos modelos de democracia en el territorio: la democracia comunitaria, basada en el consenso, la deliberación colectiva y la rotación de autoridades; y la democracia liberal-representativa, centrada en el individuo, el voto secreto y la competencia por el poder. Es también una disputa entre los actores que representan cada uno de estos modelos.
En esta disputa, el SIFDE ha mostrado cierta preferencia por los actores de la democracia liberal-representativa, ralentizando el proceso de autonomía indígena al exigir requisitos adicionales que han contribuido a su estancamiento. Así, la burocracia del TSE se ha convertido en un instrumento de exclusión y negación del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Si el SIFDE no actúa con firmeza en defensa de los derechos colectivos de la Nación Monkoxi, el destino de su Asamblea Extraordinaria Complementaria convocada para este 4 de junio puede sentar un peligroso precedente para otros procesos de autonomía indígena en el país, donde la protesta violenta y la desinformación basten para frenar un proceso legal y legítimo. Peor aún, podría reforzar la narrativa de que los pueblos indígenas solo pueden ejercer sus derechos en la medida en que no incomoden los intereses de grupos de poder municipal articulados con las élites regionales.
Es hora de que el TSE, a través del SIFDE, actúe en cumplimiento de la Constitución y con respeto por la democracia comunitaria del territorio de Lomerío. Es momento de que las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y la sociedad civil acompañen este proceso, no como espectadores, sino como actores activos en la defensa del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del país.
Juan Pablo Marca es politólogo y sociólogo
