El juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K, admitió la demanda presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), que busca frenar de manera el tratamiento de los contratos con CBC y Uranium One Group, respecto a la explotación de litio.
A través de una acción popular presentada el pasado 12 de mayo, representantes de las 53 comunidades de Nor Lipez se presentaron en el juzgado, a la cabeza de su Secretario General, Iván Calcina, exigiendo respeto a las poblaciones que viven en los alrededores del Salar.
Como medida cautelar, la acción popular exige la realización de estudios ambientales con la participación de las 53 comunidades, la implementación de procesos de consulta y la construcción y aprobación de una Ley Marco del Litio y Recursos Evaporíticos, que establezca los parámetros de la explotación del litio y el respeto a los derechos de los habitantes de la TCO Nor Lipez.
La Acción Popular planteada por la CUPCONL propone que en tanto no se cumplan los pedidos, no se dé tratamiento a los contratos en la Asamblea Legislativa. Además, en cumplimiento a estas medidas Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) debería abstenerse de negociar nuevos contratos y/o acuerdos destinados a la exploración y explotación del litio en el Salar de Uyuni.
Anteriormente los habitantes de las comunidades indígenas denunciaron la vulneración de derechos fundamentales, como la falta de consulta previa y acceso a la información que les permita comprender los posibles impactos socioambientales, en sus territorios.
Los principales aspectos ambientales que despiertan temor en la ciudadanía son la falta de estudios de evaluación de impactos medioambientales, el elevado consumo de recursos hídricos que se utilizarían para estos proyectos, la poca viabilidad económica de los proyectos y la imposibilidad de incrementar las regalías para las regiones productoras.
