El Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) surge como una herramienta clave en la promoción de exportaciones y la captación de divisas para Bolivia, en un contexto donde “las exportaciones son el sueldo de Bolivia”. Sin embargo, a pesar de su implementación y las facilidades ofrecidas, como la reducción de trámites y el incentivo fiscal, los resultados no han sido los esperados: hasta la fecha, no ha ingresado un solo dólar al sistema financiero boliviano bajo este mecanismo. Además, el contrabando de productos como el aceite comestible, denunciado en la frontera con Perú, agrava la situación, generando pérdidas económicas significativas y afectando al poder adquisitivo de los bolivianos. Este panorama plantea interrogantes sobre la responsabilidad del sector empresarial y la eficacia de las medidas adoptadas para fortalecer la economía nacional.
En un contexto económico marcado por la escasez de dólares y el impacto en distintos sectores productivos, la frase “las exportaciones son el sueldo de Bolivia”, pronunciada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), cobra una relevancia crucial. A pesar de la importancia de las divisas para sectores como la industria, la minería y los productores agropecuarios, el ingreso de dólares provenientes de exportaciones al sistema financiero boliviano es mínimo. Esto plantea una interrogante urgente: ¿cuáles son las razones detrás de esta situación?
Ahora la pregunta es: ¿por qué los empresarios no salen a dar sus razones por las que no cumplen con una medida como el CEDEIM, que fue implementada según sus peticiones, con tiempos reducidos, y en la que lo único que tenían que hacer era introducir dólares al sistema financiero boliviano?
¿Por qué persiste la especulación con esta divisa, generando malestar económico en el pueblo boliviano? Deberíamos estar escuchando en los medios que cada mes ingresaron determinados montos de dólares por parte de los exportadores, en lugar de oír sus quejas cuando se suspenden las exportaciones.
Sobre estas medidas, el IBCE.
“(Es una decisión) nefasta, porque el sector empresarial, que arriesga e invierte en el país, necesita tres seguridades: la jurídica, la seguridad de mercado y, la tercera, la seguridad de que las autoridades lancen buenas políticas, no como esta, que hace mucho daño a los productores”.
Medidas para incentivar el comercio exterior
El Gobierno ha implementado diversas políticas para facilitar las exportaciones y promover la repatriación de divisas, como la liberación plena de exportaciones, la reducción de la tramitología de 100 días a solo cinco, y el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM). Este último permite a los exportadores recuperar impuestos como incentivo para ingresar dólares al sistema financiero.
Sin embargo, hasta ahora, los resultados han sido desalentadores. Según estimaciones, el 70% de las divisas generadas por exportaciones deberían repatriarse al país: un 72% en el sector agropecuario, 70% en minería y 60% en manufactura. En términos concretos, de un promedio de $us 450 millones generados mensualmente por los exportadores privados, deberían haberse ingresado $us 315 millones al sistema financiero boliviano. No obstante, las cifras reflejan una realidad diferente: no se ha reportado el ingreso de un solo dólar bajo el CEDEIM.
El silencio de los exportadores
El sector empresarial, que ha demandado condiciones favorables para operar, guarda silencio sobre el incumplimiento de esta medida. A pesar de haber solicitado estas políticas, los exportadores no han cumplido con la repatriación de divisas. Por el contrario, han criticado medidas como la suspensión temporal de exportaciones cuando los cupos internos son insuficientes.
El gerente del IBCE, calificó estas decisiones como “nefastas”, señalando que el sector empresarial necesita seguridad jurídica, acceso a mercados y políticas favorables. Sin embargo, el Gobierno argumenta que estas restricciones buscan garantizar el abastecimiento del mercado interno y controlar el contrabando.
El contrabando: una amenaza persistente
El contrabando de productos como el aceite comestible agrava la situación económica. Bolivia produce 457.292 toneladas de aceite al año, de las cuales se exportaron 328.609 toneladas hasta noviembre de 2023. Aunque existe un excedente de 39.000 toneladas, se ha detectado que parte de esta producción cruza ilegalmente las fronteras.
En Perú, por ejemplo, se denunció la entrada de 13 cisternas de aceite boliviano en Puno, donde se vende a precios significativamente inferiores a los locales, generando una ganancia de más de Bs 35 por litro. Este contrabando inverso afecta tanto a la economía boliviana como al poder adquisitivo de la población.
Una estrategia para combatir el contrabando y la especulación
Ante esta situación, el Gobierno ha propuesto la aprobación de la Disposición Adicional Séptima del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que busca regular la cadena productiva y combatir el contrabando. Asimismo, se ha invitado a los agroempresarios a participar en la reglamentación de estas medidas.
¿Quién defiende al pueblo boliviano?
La falta de ingreso de divisas y el impacto del contrabando plantean serias dudas sobre el compromiso del sector empresarial con la economía nacional. Mientras tanto, los consumidores enfrentan incrementos en los precios y una disminución de su poder adquisitivo. Es fundamental que las autoridades refuercen los controles y que los exportadores cumplan con sus obligaciones para garantizar la estabilidad económica del país.
Bolivia enfrenta un desafío complejo, pero el cumplimiento de las normativas y una colaboración efectiva entre el Gobierno y el sector privado podrían marcar la diferencia para asegurar que las exportaciones realmente sean el sueldo de la nación.
Max Baldivieso es periodista
