Se dice que un censo debe ser la fotografía demográfica de un país; dicho de otra manera, debe reflejar —lo más posible— la realidad en la que cada región se desenvuelve. Tal parece que el censo realizado este año en Bolivia dista mucho de brindar una imagen de tal verosimilitud. A una semana de haberse conocido los datos preliminares, siguen y suman los descontentos. Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba —por mencionar algunas regiones— ya han manifestado sus dudas, acompañadas de pedidos de auditoria e incluso de anulación.
Todo ello es comprensible porque el supuesto “mejor censo de la historia” muestra claras inconsistencias con las diversas proyecciones realizadas desde 2021, incluidas las del propio Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2021, el INE estimó que la población boliviana rondaría los 12.006.031. En 2022, proyectó que para ésta gestión el total de habitantes llegaría a 12.332.252. Según los datos preliminares, somos 11.312.620 bolivianos; esto significa una diferencia de casi 10% (1.019.632) con respecto a la última proyección oficial.
Ésa alta divergencia también se muestra en los datos a nivel departamento. Veamos los casos de los cuatro departamentos con mayor población. En la última proyección se tenía: Santa Cruz: 3.547.045, La Paz 3.107.890, Cochabamba 2.177.186, Potosí: 923.715. Los datos del INE ahora indican: Santa Cruz: 3.115.386 (431.659 menos), La Paz: 3.022.566 (85.324 menos), Cochabamba: 2.005.373 (171.813 menos), Potosí: 856.419 (67.296 menos). La diferencia entre las proyecciones y los resultados preliminares oscilan entre 60.000 y más de 400.000 habitantes por departamento.
Además de ello, el dato total indica un bajo crecimiento poblacional. Tomando en cuenta los recientes tres censos (en 2001 se registró 8.274.325 habitantes; 10.059.856 en 2012; 2024, 11.312.620), se tiene que, desde 2001, se habrían sumado 3.038.295 habitantes; de los que cuales 1.252.764 lo hicieron en los últimos 12 años. Con todo éste lapso de tiempo transcurrido (23 años), los datos “finales” se hacen menos creíbles.
El régimen justifica ésos datos señalando tres causas: la pandemia Covid-19, el crecimiento de la migración y la baja natalidad. En el lenguaje cerril del masismo, el hecho de que no se hayan cumplido las proyecciones es culpa de quienes murieron, de aquellos que se fueron del país y de quienes decidimos no tener hijos.
Obviamente, la cantidad de habitantes está supeditada al número de decesos, nacimientos y emigraciones, pero identificar éstas variables como causas directas —y únicas— del bajo crecimiento poblacional sin ahondar en sus desencadenantes es un mero intento de defender un censo dudoso, que incluso fue resistido por el régimen durante sus dos periodos (evista y arcista).
Aún si se considerasen las causas esgrimidas por el régimen, las cuentas no se acercan a los resultados del INE. Tomemos dos de ellas. La cantidad de decesos durante la pandemia asciende a 127.000, cantidad que no puede considerarse lo suficientemente alta como para incidir en los datos presentados por el INE. Por otro lado, la baja natalidad es un tema de discusión a nivel mundial hace ya varias décadas. Desde 2000, la tasa de natalidad ha bajado cuantiosamente: de casi 30 se ha pasado a 17 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Esto también se refleja en la tasa de fertilidad. En 2004, por ejemplo, se tenía un promedio de 2,62 hijos por cada mujer; diez años después bajó a 2,51; y decayó a 2,26 en 2022. Si bien son datos a nivel mundial, hay países que en 2024 registraron índices mucho menores (entre 1,54 y 1,11). Empero, la bajada en ambas tasas tiene múltiples causas: culturales, biológicas y económicas, principalmente.
El hecho de que muchas mujeres prioricen sus aspiraciones profesionales y laborales no es el único factor que incide en baja de natalidad o fertilidad. Dadas las coyunturas de crisis socioeconómicas y políticas —incluso las medioambientales— en muchos países de la región, mujeres y hombres deciden no tener descendencia. Entonces, la culpa del decrecimiento de población también corresponde a los gobiernos que son incapaces de garantizar seguridad social, económica y democrática.
Más allá de las divergencias entre proyecciones y resultados, las causas y culpables (tanto verdaderos como los que el régimen quiere forzadamente instalar), los datos preliminares del censo 2024 no pueden ser aplicados porque no fueron evaluados de manera imparcial, transparente y pública, con participación de todos los sectores involucrados (municipios, regiones, sociedad civil).
Conforme señala Naciones Unidas en sus Principios y recomendaciones a los censos nacionales, antes de cualquier aplicación o uso, los datos de un censo de población y vivienda deben ser sometidos a una evaluación holística en dos sentidos: 1) a nivel técnico, sobre los procedimientos utilizados para la recolección procesamiento, análisis y conclusiones de los datos obtenidos; 2) sobre el grado de calidad e integridad de todo el proceso censal, es decir, la planificación inicial, la capacitación de agentes censales, la boleta censal y su contenido, etc.
Según el referido documento, existen dos tipos de evaluaciones. La primera es la directa, consistente en “(…) volver a empadronar, o al menos una parte de la población, haciéndolo en forma tal que pueda obtenerse una medida del número de personas que fueron omitidas en el recuento censal o incluidas erróneamente en el mismo”. Ésta evaluación no es más que las encuestas post-censales: nuevas consultas en espacios geográficos determinados o elegidos ya sea porque hayan sido omitidos o hayan presentado inconvenientes durante el proceso censal.
La evaluación indirecta se realiza mediante un análisis técnico-estadístico. Una forma es la denominada conciliación censal, misma que implica una revisión a modo comparativo entre encuestas, datos de censos anteriores y proyecciones de población; todo a fin de que las diferencias no sean altas o exponenciales, bajo alternativa de declararse al proceso censal como no válido o con resultados inaplicables.
Hasta donde conocemos, el censo 2024 no fue sometido a ninguna de ésas evaluaciones.
En los últimos siete días, la discusión se ha centrado en cuántos curules ganará —o perderá— un departamento. Indudablemente, un censo genera consecuencias políticas inmediatas mas no debe soslayarse las restantes utilidades que tienen los datos censales: desarrollo y planificación (tanto como evaluación de lo hecho y como proyecciones o rediseño de políticas públicas).
No debemos olvidar que un censo de población y vivienda permite conocer datos cuantitativos (cuántos somos); pero también brinda datos cualitativos sobre el desarrollo o crecimiento a nivel demográfico, condiciones socioeconómicas de personas y regiones (dónde y cómo vivimos). Los resultados censales no sólo son útiles para determinar la cantidad de diputados o la redistribución económica que tendrá cada departamento; los datos evidencian el progreso y satisfacción de demandas públicas. En otras palabras, un censo puede determinar cuan eficiente y eficaz fue un gobierno o las políticas públicas adoptadas por éste. Por eso, antes de cualquier decisión o rediseño político/económico es importante tener la totalidad de resultados, no sólo datos preliminares.
Un censo verdaderamente exitoso —o al menos con un margen de error mínimo o cercano a las estimaciones estadísticas previas— no sería conveniente para el régimen masista, pues desmontaría sus bien conocidas fábulas al concluir que: 1) el peso poblacional (y electoral) no está en el área rural, 2) el modelo económico socio comunitario productivo provocó el estancamiento del crecimiento demográfico y económico, 3) la perenne brecha de desigualdad en el acceso y ejercicio de derechos fundamentales —ahondada por el régimen— promovió la migración poblacional (interna y externa).
Ante las inconsistencias y las evaluaciones post censales pendientes, los datos preliminares no pueden ser considerados, mucho menos aplicados. Hasta en tanto no se realicen las verificaciones técnicas o las revisiones “boleta por boleta”, no deberían realizarse las redistribuciones de escaños parlamentarios y de recursos de coparticipación tributaria, señaladas en la Ley 1492; de lo contrario, el régimen tendrá vía libre para montar un nuevo fraude en las elecciones del próximo año.
Todo apunta a que el censo 2024 seguirá el ejemplo de su antecesor: un gasto económico millonario, con resultados poco creíbles e inaplicables; una herramienta distractora y proselitista más del régimen.
Un censo a modo de fotografía nítida y bien enfocada será posible cuando tengamos un nuevo gobierno y cuando las instituciones estatales recuperen su credibilidad y objetividad. Ojalá éstas aspiraciones no demoren mucho en materializarse.
América Yujra Chambi es abogada.
