Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es el área protegida con mayor biodiversidad del planeta y debe ser un gran orgullo nacional. Sin embargo, en su interior trabajan al menos 40 operaciones mineras auríferas, todas ellas ilegales, que explotan oro primordialmente en la cabecera y curso del río Tuichi por lo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) enjuiciarlas por el daño al patrimonio natural del país y desalojarlas con ayuda de la fuerza pública.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), como autoridad competente en áreas protegidas bolivianas, les inició procesos administrativos a la mayoría de ellas, pero esto llega sólo a una infracción, y en el mejor de los casos al cobro de una multa, pero no permite paralizar la actividad ilícita en la región.
Existe la documentación que evidencia las vulneraciones a las normas ambientales vigentes. “Además la AJAM no pudo demostrar que alguna de estas actividades mineras sea preconstituida, es decir que haya obtenido su derecho minero y ambiental antes de la creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que fue el 21 de septiembre de 1995 a través del Decreto Supremo 24123”, según el Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEABO).
Las aproximadamente 40 operaciones mineras auríferas se encuentran en las cabeceras y curso del río Tuichi, un afluente del rio Beni, con unos 260 kilómetros de extensión, se origina en la cima de la cordillera de Apolobamba y conecta los Andes con la Amazonia. Atraviesa por el corazón del Madidi, un área protegida con cerca de dos millones de hectáreas y considerada la más biodiversa del planeta.
Según información proporcionada por guardaparques, que prefirieron no ser identificados, las operaciones mineras auríferas ilegales que tienen procesos administrativos establecidos por el SERNAP, ”se les anunció con la respectiva notificación de paralización de actividades como la apertura de caminos y minería mecanizada, pero ninguna cumplió, y es más, el número se ha ido incrementando cada vez, superando inclusive la cuarentena de operaciones identificadas, todas ilegales”.
En otras operaciones mineras no se puede realizar la verificación en el lugar porque tienen instaladas trancas y acuerdos con las comunidades locales para evitar el paso del personal de protección, además de la “amenaza permanente de conflicto social y la intimidación inacabable a la integridad personal de los guardaparques”.
En una entrevista anterior, el dirigente de la Federación Regional de Cooperativistas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, afirmó que existe el compromiso con el presidente Luis Arce de “no realizar ninguna operación minera dentro de las áreas protegidas”. Es muy evidente que esto no se ha cumplido, en el caso del Madidi y otras áreas protegidas como Apolobamba, Cotapata, Manuripi, hay más en otras regiones que también están sufriendo el embate de la actividad minera ilegal en sus jurisdicciones.
Por otra parte, el dirigente Raúl Silva de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) anunció públicamente la semana pasada que su sector apoyará la candidatura del expresidente Evo Morales porque “extrañan el bajo precio del mercurio” y otros beneficios que existían en su gestión.
Procesos administrativos
El SERNAP, en aplicación del artículo 99 de la Ley del Medio Ambiente y en la sustanciación de los procedimientos de infracciones o contravenciones, tiene la potestad de dictar resoluciones administrativas fundamentadas en base a un informe técnico. Puede imponer sanciones administrativas cuando se demuestre la responsabilidad del infractor y dictaminar resoluciones disponiendo medidas precautorias para evitar perjuicios o mayores daños al área protegida y sus recursos naturales.
Los procesos administrativos que siguió el SERNAP a las operaciones mineras ilegales que explotan oro al interior del Madidi no posibilitaron paralizar sus actividades ilegítimas porque las sanciones administrativas implican sólo el cobro de una multa.
“Se hace imprescindible que la AJAM con auxilio de la fuerza pública proceda al desalojo de toda operación minera por encontrarse en la ilegalidad y por tener acciones administrativas previas. También es primordial que se inicien los procesos penales en contra de los titulares de estas operaciones por el daño al patrimonio natural de los bolivianos”, sentenció COPDEAPBO.
Al margen de ello, en la Resolución Judicial de la Acción Popular que favoreció a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), el Juez de Garantías Constitucionales de Rurrenabaque, determinó la paralización de todas las actividades mineras ilegales y de todas aquellas que no cuenten con licencias ambientales en el río Beni y sus afluentes, entre los que se encuentra el río Tuichi.
¿Y el ministerio?
Algunos juristas ambientalistas recuerdan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene entre sus más de cuarenta funciones y atribuciones específicas la de “formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico”.
Asumen que es necesario que el MMAyA asuma la responsabilidad en los impactos negativos en contra del medio ambiente, la contaminación hídrica con mercurio y otros contaminantes, la deforestación, la remoción y vertido de ingentes cantidades de sedimentos y material (tierra, arena y rocas) que ocasionan impactos negativos y significativos en los cauces y cursos de los ríos de la amazonía boliviana.
