En cumplimiento a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y como parte de un trabajo coordinado y consensuado con las Federaciones Nacionales y Federaciones Departamentales de Personas con Discapacidad, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, anunció la presentación a la Asamblea Legislativa (ALP) del Proyecto de Ley de Inclusión Laboral de Personas con discapacidad.
“El objetivo de este proyecto de Ley es presentar una serie de medidas de equiparación de oportunidades, igualdad de condiciones laborales, apoyo de autoempleo y emprendimientos productivos”, explicó la primera autoridad defensorial.
Callisaya subrayó que actualmente está en vigencia la Ley 977, “sin embargo, en el diagnóstico que se ha realizado por la Defensoría del Pueblo, existen varias insuficiencias que ameritan salvarse”.
El Proyecto de Ley, compuesto por seis capítulos y treinta y cinco artículos, propone la equiparación de oportunidades; medidas para la igualdad de condiciones laborales; medidas de apoyo al autoempleo y emprendimientos productivos de personas con discapacidad, así también mecanismos de monitoreo y multas por el incumplimiento de las medidas establecidas, destacó Callisaya en contacto con los medios de comunicación.
El Defensor del Pueblo destacó que esta propuesta normativa fue validada con las 16 organizaciones de personas con discapacidad, el pasado 16 de octubre.
De acuerdo a los datos del Sistema de Información para el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud y Deportes y en el SICOA del Instituto Boliviano de la Ceguera, hasta el 2022 Bolivia registra 102.644 personas con discapacidad física-motora, auditiva, intelectual, mental o psíquica y múltiple, en los nueve departamentos del país.
Callisaya explicó que este proyecto de norma surge en respuesta a las reuniones sostenidas con las organizaciones de personas con discapacidad y en las audiencias públicas llevadas a cabo en la presente gestión en diferentes departamentos del país, en las cuales se identificó múltiples dificultades que impiden el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad.
“También se evidenció que las medidas establecidas por la Ley N° 977, no están siendo cumplidas por las instituciones públicas y privadas y no existe flexibilización de requisitos ni jornadas de trabajo diferenciadas para las personas con discapacidad”, apuntó la autoridad.
El proyecto de norma será entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de las iniciativas legislativas ciudadanas, esperando que la misma sea tratada en los plazos establecidos.
