Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, contiene un diálogo interesantísimo:
“—No tengo experiencia, pero haré todo lo posible por aprender pronto —dijo Santiago—. He pensado que si trabajo en ‘La Crónica’ tal vez podría seguir asistiendo a las clases de Derecho.
—Desde que estoy aquí no he visto a muchos periodistas que sigan estudiando — dijo el señor Vallejo—. Tengo que advertirle algo, por si no lo sabe. El periodismo es la profesión peor pagada. La que da más amarguras, también.
—Siempre me gustó, señor —dijo Santiago—. Siempre pensé que es la que está más en contacto con la vida.”
Me atrevo a decir que ambos personajes se quedaron cortos. El periodismo implica riesgos y sacrificios; se constituye, además, en un factor importante e insoslayable para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información, que son bases de toda democracia.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva No. OC-5/85 define al periodismo como “la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión y pensamiento (…)”.
Uno de los primeros filósofos políticos en abordar esos términos fue John Stuart Mill. Para él, la libertad humana es la autonomía de ser, pensar y actuar por nuestra propia voluntad, sin afectar a otros. Empero, para ejercerla, necesitamos otras libertades: de pensamiento y de expresión.
Además de permitir el desarrollo de autonomía, identidad y razón personales, Mill consideró que las libertades enunciadas precedentemente tenían otra utilidad principal: ser herramientas para conocer la verdad y, con ella, enfrentar al poder.
¿Cómo llegar a la verdad? Cada uno de nosotros, a través de un proceso interno, guiado por la razón y las percepciones emotivas, determinamos qué creer y qué desestimar. Esto requiere recibir y/o buscar información de fuentes diversas.
Los medios de comunicación y periodistas tienen esa labor: brindarnos información, mostrarnos lo que sucede. Por ello, se han constituido en coadyuvantes nuestros para el control y fiscalización del arbitrio estatal; acciones que son irrealizables si los derechos a la libertad de expresión e información no tienen garantía de ejercicio pleno.
En ese marco, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de sus documentos, ha establecido que el ejercicio periodístico debe recibir una protección especial por parte de los Estados.
Ésa jurisprudencia internacional señala que medios de comunicación y periodistas tienen los siguientes derechos: a investigar y difundir hechos de relevancia pública; a informar; a criticar al gobierno; a ejercer su labor en condiciones de libertad e independencia; a preservar sus fuentes y a recibir protección del Estado frente a coacciones, hostigamientos, agresiones físicas o verbales que obstaculicen su trabajo.
¿Qué obligaciones tienen los Estados para que todos ésos derechos sean precautelados y ejercidos libremente?
Para empezar, cabe resaltar el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, en donde la Corte IDH estableció: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.
Por otro lado, los casos Ríos y otros vs. Venezuela y Predrozo y otros vs. Venezuela reconocen que el “riesgo intrínseco” de la labor periodística puede ser incrementado por declaraciones de funcionarios públicos o autoridades que instiguen ataques a la libertad de prensa por parte de particulares.
Con ésas tres sentencias de la Corte IDH, se colige que los Estados están obligados a garantizar el libre ejercicio periodístico a través de: prever las posibles situaciones de riesgo y brindar seguridad; la debida diligencia en el desarrollo de investigaciones; garantizar una justicia pronta y reparadora a las víctimas; implementar mecanismos legales e institucionales que impidan la repetición de agresiones. El incumplimiento de estas obligaciones, sea por acción u omisión, conlleva a responsabilidad internacional.
¿Qué sucede en Bolivia?
El masismo es enemigo de la democracia. La detesta porque no condice con sus planes totalitarios. Durante más de una década, señalaron como “enemigos” a quienes no aceptaron ser difusores de acciones cargadas de posverdad, fantasía e ideologización.
Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti, Carlos Romero, Marianela Paco (exministra de Comunicación), son algunas de las autoridades que, durante el periodo 2006-2019, no escatimaron palabras ni esfuerzos para atacar, desprestigiar, hostigar, amenazar y asfixiar (económica y judicialmente) a periodistas y medios de comunicación.
La continuación del régimen masista no se queda atrás. En clara obediencia a la orden que Morales dispuso en 2020 desde Argentina (“hay que hacer algo con los medios”). Ni bien llegaron al poder, Jorge Richter, Iván Lima, Wilfredo Chávez y el propio Luis Arce acusaron a un grupo de periodistas de haber suscrito “contratos especiales” con el gobierno de Jeanine Añez; cuestionaron portadas, editoriales y caricaturas de los periódicos Página Siete, El Deber y Los tiempos.
Y en octubre de 2021, se suscitó uno de los casos más violentos registrados hasta ahora: “Las Londras”. Periodistas fueron secuestrados, torturados y despojados de sus equipos de trabajo por avasalladores que aún gozan de la protección del gobierno de Arce. Sólo así se entiende que, a casi un año de finalizada la etapa preparatoria, todavía no haya comenzado el juicio oral.
Lamentablemente, las vulneraciones contra la libertad de prensa continúan. En esta última semana se han producido dos muy graves. La primera fue cometida por una funcionaria de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), quien exigió a periodistas de la Agencia de Noticias Ambientales revelar la fuente usada en su reportaje sobre la explotación ilegal de oro en el norte paceño.
El segundo ataque al ejercicio periodístico fue realizado por personas afines a la facción “evista”, durante el Congreso del MAS en Lauca Ñ. La periodista Ariana Antezana y el camarógrafo Abraham Pareja fueron agredidos “en vivo” verbal y físicamente. Se conoció que los equipos de prensa de los canales Unitel y Cadena A también fueron atacados por los “masistas radicales”.
Ésos hechos se suman a las 105 vulneraciones contra la libertad de prensa registradas en lo que va del año (según datos de la Red Unitas). Y lo que es peor, ninguna será debidamente atendida, sancionada y reparada por las instituciones del sistema de justicia boliviano.
Ni “evistas” ni “arcistas” tienen la moral suficiente para repudiar actos contra el ejercicio periodístico, mucho menos para decir que defienden el trabajo de la prensa. Por lo que las “disculpas” de Leonardo Loza y las “condenas” expresadas por la ministra de Culturas, Sabina Orellana, y algunos legisladores “renovadores” son más hipócritas que creíbles.
El régimen azul ya recibió observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (informe GIEI) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión (informe de 26 de mayo de 2022). Ambos informes recomendaron adoptar mecanismos de: prevención, investigación, juzgamiento y reparación en casos por vulneraciones al ejercicio periodístico. ¿Cumplió alguna el masismo?
La Unidad de Monitoreo y Registro de agresiones a periodistas, perteneciente a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), tiene los siguientes datos: entre 2018 y 2021 se produjeron 421 vulneraciones; entre 2021 y 2022, 168. Ninguna fue sancionada. Hasta julio de 2023, 38 denuncias se encontraban en el Ministerio Público (MP), pero ninguna da señales de avance. Ya sea por resoluciones de rechazo o sobreseimiento, lo más probable es que terminen archivadas.
Así se evidencia que: la Policía Boliviana no tiene protocolos para precautelar la seguridad e integridad física de los periodistas en marchas y escenarios de conflictos; el viceministerio de Comunicación carece de lineamientos eficaces para un seguimiento responsable, imparcial y objetivo de las denuncias instauradas por periodistas y medios de comunicación; el MP no cuenta con una unidad especializada y menos inicia investigaciones de oficio por hechos que atentan contra el ejercicio periodístico.
Con todo lo hasta aquí vertido, queda comprobado que el masismo incurre en vulneraciones sistemáticas a los derechos de libertad de prensa, expresión e información, incumpliendo recomendaciones e instrumentos del SIDH que tienen fuerza vinculante en nuestro país.
Para los masistas (“evistas” y “arcistas”), su victoria en las elecciones de 2020 fue la panacea que la democracia boliviana necesitaba; democracia que, según ellos, había sido destrozada por sus “enemigos”. Queda claro que ése calificativo sólo les queda a ellos, pues son los únicos que menoscaban los pilares democráticos, haciendo que derechos y garantías subsistan en un peligro constante, día tras día, desde hace 17 años. En definitiva, el único enemigo es azul.
A pocos días de conmemorar el 10 de octubre de 1982, ¡qué escenario poco democrático muestra Bolivia!
América Yujra Chambi es abogada.
