Este 22 de abril, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, la Defensoría del Pueblo advierte que el Estado boliviano no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas de mercurio, conforme a las obligaciones suscritas mediante Ley N.° 759 de 18 de noviembre de 2015, a través de la cual se ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
En una investigación defensorial, cuyos resultados están contenidos en el informe “Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (2017-2022)”, se evidenció que en la región amazónica del norte del país, concretamente de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, se ha alertado de un aumento del número de actividades mineras auríferas aluviales, en las cuales se estima que se destina la mayor parte del volumen de mercurio internado al país.
Este trabajo muestra que la vulneración de los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y los derechos de la Madre Tierra, en esta región, se mantendrá en tanto no se cuente con un Plan de Acción Nacional integral para la reducción de mercurio que incluya acciones concretas para la limitación y control del uso de mercurio en actividades mineras auríferas o cualquier otra de tipo industrial, que además señale las consecuencias de la exposición al mercurio, la sintomatología, tratamiento y mecanismos de prevención de daños a la salud, además de procesos de registro de comercializadores y control de los volúmenes de venta interna.
Asimismo, se concluye la necesidad de contar con una política integral que incluya acciones concretas para la limitación y control del uso de mercurio en actividades mineras auríferas o cualquier otra de tipo industrial, que además señale las consecuencias de la exposición al mercurio, la sintomatología, tratamiento y mecanismos de prevención de daños a la salud, además de procesos de registro de comercializadores y control de los volúmenes de venta interna.
Preocupa la resistencia del sector minero cooperativista para la formulación de regulaciones para el control del uso de mercurio en la minería aurífera, factor que contribuye a la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, en tanto se siga liberando este metal sin el debido control y sanción.
La Defensoría del Pueblo considera que el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas y los actores mineros expuestos a las liberaciones de mercurio requiere de la atención del Estado, a partir de definición de protocolos de atención médica especializada respecto a la contaminación por mercurio, que incluya diagnósticos pertinentes, atención oportuna y acceso a pruebas de laboratorio en las propias zonas o regiones donde se efectúa la actividad minera.
Se ha identificado que el pueblo indígena Esse Ejja, principalmente, es el que corre el riesgo de extinción física y cultural debido a las evidencias de contaminación por mercurio en su población. Los estudios de muestras de cabello, realizados desde finales de los años 90 hasta el más reciente estudio de 2021, reflejan un aumento en el nivel de mercurio acumulado en el cuerpo de sus miembros a causa del consumo de pescado, situación que además los lleva a migrar a otros centros urbanos ante la reducción de la cantidad de peces, que son parte importante de su dieta; las afecciones a su salud ocasionadas por el aumento de mercurio en sus organismos podría no estar siendo debidamente diagnosticada, debido a que otras patologías estomacales o respiratorias las estarían ocultando.
Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo llama a las autoridades del Estado, en todos sus niveles, a las instituciones privadas y la población en general, a tomar conciencia sobre las relaciones de interdependencia entre las sociedades humanas, los seres vivos en su generalidad y el medio ambiente en su conjunto, y exhorta a las instancias competentes a implementar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio para cuidar la Madre Tierra.
