La Defensoría del Pueblo expresa su alarma por las deficientes condiciones de vida que enfrentan los privados de libertad del Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” de Yacuiba, donde no se pagó el prediario a la población penitenciaria desde enero de este año y donde aún no se cuenta con médico, trabajador social, psicólogo ni abogado.
El prediario es un beneficio otorgado por el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas privadas de libertad para coadyuvar en su alimentación. No cumplir con esta obligación estatal es una grave vulneración al derecho a la alimentación, situación que también repercute en el derecho a la salud, dignidad e, incluso, el derecho a la vida.
La institución defensorial ha verificado que este centro aún no cuenta con médico, trabajador social, psicólogo ni abogado, a pesar de que, desde marzo de 2021, se solicitó al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General de Régimen Penitenciario que fortalezcan los equipos multidisciplinarios de éste y otros centros penitenciarios del país, tanto urbanos como rurales.
La Defensoría del Pueblo exige a la Subgobernación de Yacuiba el pago inmediato de los pre-diarios adeudados y a la Dirección General de Régimen Penitenciario contratar personal penitenciario necesario para encarar los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad de “El Palmar”.
