Seis instituciones de la sociedad civil de Cochabamba conformaron este miércoles el Comité Departamental para la reforma de la justicia y, de esta manera, se suman a La Paz, Oruro y Potosí que determinaron encarar una cruzada nacional por la justicia.
En un acto que se realizó en el auditorio del Colegio de Abogados de la capital cochabambina, con la participación de más de 200 personas, se presentó a los integrantes del Comité Cochabambino por la Reforma de Justicia, mismo que está integrado por el presidente del Colegio de Abogados de ese departamento, Marcos Terrazas, el secretario Ejecutivo de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Provincia Cercado, René Saravia Etesna, el presidente del Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac), Jaime Ponce Blanco, el presidente del Comité Cívico, Apolinar Rivera, la representante de la Plataforma Ciudadana por la Justicia, María Miranda Pardo, y el representante del Ateneo Jurídico de Quillacollo, Hugo San Martín.
En la oportunidad, el abogado José Antonio Rivera, explicó la propuesta de reforma que formularon los juristas independientes haciendo hincapié en la necesidad de cambiar la forma de elección de los magistrados a fin de tener nuevos magistrados independientes, idóneos e imparciales.
Luego profundizó sobre la insuficiencia del presupuesto judicial y su necesidad de incorporarlo dentro de la Constitución Política del Estado (CPE) y, finalmente, dijo que urge “revalorizar la justicia indígena originaria e instituir la justicia de paz para tener una justicia que llegue a todos, no solamente en las ciudades sino también en los barrios populares”.
Posteriormente, el jurista Juan del Granado se refirió a la ausencia de estrategias gubernamentales y estatales para atender y transformar el sistema de justicia durante los últimos 40 años de la vida democrática, tiempo en el cual no se han llevado adelante acciones de manera continuada y planificada sino solo acciones intermitentes de los distintos gobiernos.
“Lo más grave se ha dado en los últimos 10 años con la imposición de políticas autoritarias que no solamente han mantenido la condición de apéndice del órgano judicial, sino que lo han convertido en un mecanismo de persecución política y de manipulación o de dominación gubernamental sobre la sociedad lo que agravó la falta de independencia e idoneidad en la administración de justicia, el hacinamiento carcelario y todos los males que tiene la administración de justicia”, dijo el abogado.
Del Granado se refirió también a los plazos establecidos para concretar la transformación de la justicia. “Todo el procedimiento tiene que llevarse a cabo para obtener los libros hasta mediados de este año, luego obtener las firmas hasta fines de este 2022 y, finalmente, para arribar al referendo no más allá del primer cuatrimestre de 2023”, precisó.
Los representantes de las instituciones que integran el Comité se comprometieron a llevar adelante -lo que ellos mismos denominaron- un gran desafío para una gran cruzada nacional por la justicia.
