A través de un pronunciamiento el Observatorio de Defensores de UNITAS, junto a diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, rechazan la querella iniciada por Branko Marinkovic, contra Fundación TIERRA y su director Gonzalo Colque.
En una entrevista realizada por el Observatorio de Defensores de UNITAS, Gonzalo Colque indicó que no es la primera vez que se atentó contra el trabajo de la fundación TIERRA. Ya en 2016, el gobierno de ese entonces ejerció acoso contra ésta y otras tres instituciones, debido a las denuncias de irregularidades cometidas por las instituciones públicas.
De acuerdo con Colque, este accionar, ya sea de autoridades o de particulares con poder económico, es parte de una campaña de amenaza e intimidación para evitar que las organizaciones de la sociedad civil denuncien y actúen contra los intereses de poderes económicos y políticos.
El 4 de noviembre de 2020, la Fundación Tierra denunció irregularidades en la legalización de 33.480 hectáreas de tierras, divididas en dos propiedades ubicadas en el departamento de Santa Cruz, y cuyo propietario es el exministro de Economía, Branko Marinkovic. Se trata de 12.480 hectáreas en la Provincia Guarayos a favor de la Empresa Agropecuaria “Laguna Corazón” y de 21.000 hectáreas en la Provincia Chiquitos a favor de la Empresa Agropecuaria “Tierras Bajas del Norte”.
Tras esta denuncia la familia de Marinkovic publicó un comunicado en el que negó que Branko no es propietario ni accionista de las empresas beneficiarias de la dotación de tierras. Respecto al proceso para la titulación, indicó que se cumplieron con los procedimientos legalmente establecidos, desde la compra de tierras hasta la “subsanación” de los vicios que impiden su adquisición, posteriormente presentó una querella por los delitos de difamaciones, calumnias e injurias contra el director de la institución, Gonzalo Colque.
El Observatorio de Defensores cuestiona y denuncia el accionar de Marinkovic, ya que no solo carece de fundamento legal, sino que también atenta contra la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil similares a la Fundación Tierra.
“Una acción penal no solo atenta contra el sindicado, sino que, con el avance del proceso, genera un clima hostil en el que las otras instituciones evitan denunciar irregularidades de funcionarios públicos por temor a ser criminalizados. Este fenómeno se conoce como autocensura, y es considerado uno de los factores más nocivos para una sociedad democrática”, señala el documento.
El pronunciamiento concluye indicando que: “Las acciones de Fundación TIERRA no solo se adecúan a la normativa boliviana, sino que también aportan a una sociedad más democrática. Sus denuncias se enfocan en atentados contra los Derechos de las personas que habitan en estas tierras, su sobrevivencia, y también contra el medio ambiente. Organizaciones como Fundación TIERRA favorecen a una sociedad más justa, por lo que su trabajo de defensa de Derechos debe ser protegido por el Estado boliviano, como también se debe asegurar la continuidad de sus funciones y promover las acciones que fomenten un entorno más justo para la sociedad”.
