Activistas defensores de derechos humanos emitieron una declaración exigiendo atención de los diferentes niveles de gobierno, para mejorar el actual sistema sanitario del país, que después de una evaluación, expuso sus limitaciones para atender la pandemia del COVID – 19 y otras patologías.
El pronunciamiento reconoce que la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el país, develó las falencias estructurales en sistema de salud pública, que, a pesar de las urgentes medidas adoptadas por los distintos niveles de gobierno, no han logrado ser superadas, habiéndose optando por medidas más focalizadas y restrictivas de derechos y libertades constitucionales.
El documento señala que toda medida dispuesta por los diferentes niveles de gobierno debe respetar la defensa y protección de los derechos humanos, contemplar las acciones de prevención, preparación, contención y tratamiento de la pandemia, así también las medidas económicas deben incorporar el objetivo de proteger de manera integral a la población y con preferencia a sectores más vulnerables.
Los activistas exigen “transparencia en el manejo de la información y rendición de cuentas por parte del Estado en todos sus niveles, dado que la población tiene el derecho a conocer la situación real de los casos de COVID19 en Bolivia, no sólo con datos cuantitativos, sino también la efectividad real de la implementación de las medidas, las fuentes de financiamiento, el destino de los recursos económicos, la distribución de las donaciones y las acciones para fortalecer el sistema de salud”.
Tras varias consideraciones, el pronunciamiento hace hincapié en 5 puntos, los cuales son:
- Demandamos garantizar el acceso de la población a los servicios de salud. Reconocemos que esta pandemia ha develado la profunda crisis del sistema de salud y si bien la prioridad está centrada en las acciones sanitarias del COVID 19, también es importante garantizar la atención regular de otras patologías que sufre la población como cáncer, enfermedades renales, dengue, tuberculosis, VIH-SIDA y otros males, que no pueden interrumpirse bajo ninguna circunstancia.
- Manifestamos nuestra preocupación por la vulneración de los derechos y la desprotección de los trabajadores durante el período de prevención y cuarentena severa dispuesta en el país, desconociendo la legislación laboral vigente y las disposiciones emitidas por el propio gobierno que determinaron prohibir despidos y garantizar el pago de los salarios en los sectores público y privado. Se incurrió en: 1) la violación de la estabilidad laboral 2) la afectación de los salarios 3) la imposición unilateral de la figura de “vacaciones colectivas” e individuales por los días de la cuarentena y 4) el incumplimiento de las disposiciones promulgadas por el gobierno de garantizar equipos de bioseguridad y otras medidas de prevención y protección de los trabajadores frente al riesgo de contagio del COVID-19.
- El derecho a una vida libre de violencia, en particular violencia intrafamiliar y la violencia sexual a mujeres y niños deben garantizarse, por considerarse esenciales, durante la crisis de la pandemia realizando los esfuerzos para la atención oportuna de las denuncias y la aprehensión de los responsables desarrollando protocolos ágiles y la administración efectiva de justicia para evitar la impunidad. Asimismo, es de vital importancia brindar un servicio integral a las víctimas.
- Avanzar en la superación de la crisis del sistema público de salud en la atención del COVID 19, como la provisión de pruebas masivas como forma de detección y prevención de nuevos contagios, la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de equipos y materiales de bioseguridad, la instalación de laboratorios con los reactivos necesarios, condiciones de trabajo adecuadas que garanticen la integridad física y vida de profesionales y trabajadores en la atención del coronavirus igual que a los trabajadores de aseo urbano y funcionarios municipales que cumplen labores sacrificadas y riesgosas.
- Derecho a sectores vulnerables en la implementación de las medidas frente al COVID-19, particularmente de los adultos mayores solitarios, personas con discapacidad, pequeños productores rurales que tienen derecho a recibir información y atención a su salud acorde a su cultura y contexto y el acceso a la provisión de insumos para la producción, así como a condiciones adecuadas para el mercadeo de sus productos.
Entre los firmantes están: Raúl Calisaya- Yolanda Herrera- Bruno Rojas – Miguel Tapia – María Magdalena Chávez – Gonzalo Huaranca- Lourdes Borja – Samuel Rocha – Elba Tola – Sonia Martínez – Nicolás Machicado – German Talamás – Juan Rocha – Lady Roca-Rosemary Irusta – Gladys Sandoval – Víctor López – Miriam Medrano – Arturo Pacheco.
