El ‘filósofo de Estagirita’, mejor conocido como Aristóteles, fue uno de los primeros en señalar que la justicia debe ser entendida en dos formas: como cumplimiento de leyes y reglas (iustitia legalis generalis o universal) y como parámetro de lo equitativo (iustitia particularis).
Ambas concepciones debían ser comprendidas y practicadas para su concreción a nivel personal (desarrollo de virtudes) y —por repercusión— a nivel general (a favor de la sociedad), dado que, para Aristóteles, la justicia era la virtud ética y social por excelencia. Sólo con justicia el ser humano “alcanza su perfección”[1].
De lo anterior podría extraerse un silogismo: sociedades justas dependen de ciudadanos justos. ¿Cómo lograr ésa concreción de justicia? O reformulando la pregunta: ¿cómo cultivar una virtud tan trascendental en la vida social? En criterio de Aristóteles, éstas cuestiones requieren de un “buen fin”.
Según Aristóteles, “(…) toda acción y libre elección parecen tender a algún bien; por esto se ha afirmado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden”. Es decir, los seres humanos actúan o deciden de acuerdo a un objetivo concreto: “vivir de la mejor manera”.
Pese a que dicho fin denota cierto idealismo, Aristóteles no era iluso; sabía que los seres humanos no buscan un único objetivo a lo largo de su vida. En otras palabras, la vida del hombre está dada por una sucesión de fines y medios diferentes. Unos aspirarán una solvencia económica o cargos de poder; otros buscarán ganar competencias o reconocimientos; y algunos simplemente asemejarán la “vida buena” con buena salud.
Aún ésas —y muchas otras— divergencias, para Aristóteles sólo existe un “fin bueno” que el ser humano debe procurar, a través del conocimiento de su “razón de ser” y de cumplir las funciones que le son dadas por ser un ente vivo dotado de alma intelectiva o racional. Esto implica que las acciones y decisiones humanas, conducidas por la razón, logran ése fin, que no es más que “vivir de la mejor manera”, reconociendo las virtudes que otorgan excelencia moral (como la justicia) y haciendo de ellas un hábito.
Ahora, aplicando los razonamientos aristotélicos expuestos líneas supra, podemos concluir lo siguiente: si queremos justicia (tanto generalis como particularis), debemos demostrar actos y decisiones de justicia: 1) cumplir y hacer cumplir leyes o reglas, 2) cultivar virtudes, no incurrir en sus antítesis (excesos y vicios); todo de forma constante, pues se es justo siempre, no en circunstancias específicas.
Nada sorpresivos fueron los actos que se evidenciaron la pasada semana en la Asamblea Legislativa, concretamente en los ambientes donde las Comisiones Mixtas (de Justicia y Constitución) evaluaron a los postulantes que pretenden ser elegidos como magistrados de nuestras altas cortes de justicia. Un acontecimiento que determina el futuro de nuestra justicia fue inundado por muestras de injusticia. ¿Qué más podía esperarse de individuos acostumbrados a conducirse fuera de las normas?
Innegablemente, las señas que hizo la legisladora masista Patricia Arce para “ayudar” a los postulantes en la evaluación oral son tan vergonzosas que rayan en lo repulsivo. Mismos adjetivos merecen quienes se beneficiaron de semejante muestra de “generosidad”: Pablo Antezana (postulante al Tribunal Supremo de Justicia por Cochabamba) y Carlos Ortiz (postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional por Beni) incumplieron las reglas —hicieron trampa— para conseguir un objetivo personal: aprobar el examen oral con la máxima nota para forzar el puntaje mínimo requerido (130).
Las actitudes contrarias a la justicia también estuvieron presentes en otras formas. ¿Por qué los sobres de preguntas llevaban escritos el nombre de la institución que las formuló?, ¿era una manera de “marcar” las posibles preguntas? ¿Por qué los miembros de las Comisiones dejaron que algunos postulantes se tomaran el tiempo de escoger determinados sobres, tal cual hizo Carlos Eduardo Gómez, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por Beni?
Las señas de Patricia Arce, las actitudes permisivas y sospechosas de los miembros en ambas Comisiones Mixtas, y las acciones de algunos postulantes muestran lo que realmente existe detrás: una artera componenda entre todos ellos, ya sea para mantener la subordinación del Órgano Judicial al régimen, o para seguir poniendo óbices a las elecciones judiciales. Recordemos lo que dijo Aristóteles, toda acción o decisión humana —aún las irracionales o no virtuosas— siempre buscan un objetivo.
Pero las acciones y decisiones contrarias a lo justo continúan. Pese a las evidentes trampas, ninguna prueba oral fue anulada. Es más, los postulantes chanchulleros figuran en las listas finales. A todo esto, debe sumarse otra irregularidad: las Comisiones Mixtas, en total inobservancia de la Ley 1549, favorecieron a candidatas que no alcanzaron la calificación mínima (130) con la excusa de que deben cumplir el artificio de “equidad de género”.
Por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura se incluyeron a las postulantes María Ordoñez Flores (puntaje: 129), Ruth Zeballos Saavedra (122) y Dora Espada Pérez (117). Similar escenario se da en las listas para el Tribunal Supremo de Justicia: para La Paz, Yovana Soria Pinaya (110); Janete Castro, Chuquisaca (95); Eva Romero (111) y Sidia Mercado (98), Pando; para Beni, Asunta Montenegro (115), Lourdes Rossy Tellería (97) y Mirna Vásquez (73); Sarina Marañón (95) y Cándida Méndez (92), Cochabamba; Jovana Alarcón (115), Norma Velasco (109) y Betzabe Saavedra (77), Potosí; para Oruro, Mónica Camacho (120) y Nancy Blanco (100). Y en las listas para Tarija, Sandra Gutiérrez, actual fiscal departamental, fue incluida (con un total de 50 puntos) aun habiendo reprobado (con un cero redondísimo) la evaluación oral.
Pese a toda esa maraña de facinerosas acciones contrarias al sentido de justicia, hubo algunos postulantes que rindieron buenos exámenes; empero, quedan ciertas dudas: ¿fue correcta la forma de evaluación?, ¿realmente se habrá seleccionado a los “mejores” juristas o jueces?
La primera interrogante tiene una respuesta categórica: no, porque 1) muchas de las preguntas no tenían un grado aceptable de complejidad y 2) los legisladores no son competentes para evaluar a profesionales del Derecho. La segunda pregunta no tiene similar claridad, debido a que la incompetencia de evaluaciones y evaluadores impide aseverar que todos los seleccionados cuentan con alta capacidad técnica y práctica para una eficiente administración de justicia.
Aristóteles señaló que la felicidad —entendida como la concreción de las iustitias referidas— en un Estado no se constituye por las formas, sino por las virtudes que sus actores demuestran. Mientras legisladores, jueces y juristas continúen infringiendo reglas jurídicas o morales, alejándose de sus funciones o “razones de ser”, ninguna de las concepciones aristotélicas de justicia podrá concretarse en Bolivia. ¿Qué quedará? Una justicia de componendas entre quienes quieren lograr su objetivo (acceder a una alta magistratura, valiéndose de trampas) y aquellos que buscan mantener un sistema de justicia servil al régimen masista.
Desde su inicio, el proceso de selección de candidatos ha estado plagado de irregularidades provenientes de todos sus protagonistas. Por ello, y ante la eventual posibilidad de que logren realizarse las elecciones judiciales, queda preguntarnos: ¿merecen nuestro voto los candidatos que hicieron trampas, que transgredieron la ley y que fueron favorecidos por sujetos sin ápice de moral y ética?
[1] Ésta y todas las demás referencias aparecen en: Aristóteles. (2014). Ética a Nicómaco. Alianza.
América Yujra Chambi es abogada
