El mito de las baterías de litio “made in Bolivia” resurge con fuerza en los planes de gobierno de varios partidos y candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2025. No se trata de una narrativa nueva. Hace varios años, Evo Morales prometía que Bolivia llegaría a fabricar sus propias baterías, como parte de un ambicioso proceso de industrialización del litio. Ese proceso incluyó la construcción de plantas piloto que, en teoría, permitirían producir materiales catódicos y ensamblar baterías. Sin embargo, los avances han sido limitados y poco transparentes.
Hoy, en medio de un nuevo ciclo electoral, al menos cuatro de las ocho fuerzas políticas en carrera insisten en la idea de producir baterías de litio, aunque estas propuestas omiten aspectos clave del proceso productivo, como la fabricación de materiales intermedios —especialmente los componentes catódicos— que son esenciales para una industria real y sostenible. Otras propuestas, con un enfoque más moderado, hablan simplemente de agregar valor.
¿Qué plantean realmente estas propuestas en torno a la producción de baterías? ¿Qué enseñanzas deja la experiencia boliviana de los últimos años frente a este desafío? ¿Es posible cumplir con el mito —o la promesa— de las baterías “made in Bolivia”, o seguimos atrapados en una narrativa sin sustento técnico ni institucional?
Nada nuevo bajo el sol – los mitos de los candidatos
El programa del candidato Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza LIBRE, plantea que “debemos hacer todos los esfuerzos para que las empresas acepten y se fabriquen baterías en Bolivia”. En ese marco, propone la creación de zonas francas destinadas a facilitar la producción de baterías dentro de lo que denomina “el cinturón del litio en occidente”.
Por su parte, Alianza Popular, encabezada por Andrónico Rodríguez, plantea una “industrialización soberana de la cadena minera”, que incluiría “procesos de transición hacia la fabricación de baterías”. Más adelante, su plan enfatiza que “no venderemos carbonato: produciremos baterías, componentes y tecnología con sello boliviano”. Para alcanzar este objetivo, se propone el desarrollo de parques industriales estratégicos en los departamentos de Potosí y Oruro.
La propuesta de Alianza Fuerza del Pueblo, liderada por Johnny Fernández, incorpora el tema bajo el paraguas del “desarrollo de energías alternativas”. En su plan se contempla la “producción de baterías de litio” con una inversión estimada de 1.800 millones de dólares, destinada también al impulso de energías renovables como la eólica y la solar.
Finalmente, APB-Súmate, el programa de Manfred Reyes Villa, aborda la producción de baterías a través de una estrategia centrada en el “suministro de materia prima a largo plazo”, mediante acuerdos de tipo ‘offtake agreements’. Esta modalidad implica la venta anticipada de la producción futura a precios fijos o fórmulas previamente acordadas. El documento señala que este mecanismo resultaría “particularmente atractivo para empresas que necesitan asegurar el suministro de materia prima a largo plazo”. Además, el plan menciona la promoción de “cadenas de valor industrial vinculadas a la transición energética global”, incluyendo baterías, imanes y semiconductores.
Estas cuatro propuestas plantean la fabricación de baterías, con diferentes estrategias para su realización, no obstante, el papel aguanta todo y la realidad de los últimos 15 años de industrialización nos han dejado lecciones.
El fallido y al parecer olvidado despliegue boliviano
Durante los primeros años del proceso de industrialización del litio en Bolivia, se construyó una planta piloto de baterías en La Palca, la cual —según los informes oficiales— entró en operaciones en 2014. A pesar de que YLB destinó 2,9 millones de dólares a la planta, los avances en esta área han sido escasos y marcados por una preocupante falta de transparencia.
En su informe de rendición de cuentas de cierre de 2019, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reportó la producción de 2.726 baterías de litio-ferrofosfato (LFP), 773 baterías de óxido de litio y cobalto (LCO), y el ensamblaje de 150 packs de baterías. Los datos de 2020 anunciaban que la planta piloto había alcanzado la producción de 8.000 unidades —sin detallar la proporción entre LFP y LCO— y 100 packs adicionales. Desde entonces, no se han publicado datos actualizados ni verificables sobre la producción de baterías por parte de YLB en sus informes oficiales.
Bajo el lema de “industrialización con sustitución de importaciones”, el gobierno de Luis Arce incluyó en su Plan de Desarrollo Económico y Social la meta de producir 88.000 baterías de litio entre 2021 y 2025. No obstante, existe una ausencia notoria de información pública que permita conocer el grado de avance o cumplimiento de dicho objetivo. No se dispone de cifras claras sobre cuántas unidades se han producido desde 2020.
Además, diversos expertos han señalado que la planta piloto de La Palca no constituye una fábrica integral de baterías, sino más bien una instalación de ensamblaje. Algunos sostienen que parte significativa de la materia prima utilizada en los procesos provendría del exterior, dado que Bolivia aún no cuenta con capacidades desarrolladas para la explotación y refinación integral de todos los materiales y minerales requeridos.
Para ver el bosque, es necesario conocer cada árbol.
Es importante destacar que el litio representa, en promedio, apenas el 3% del peso total de una batería. Si bien en su momento se realizaron inversiones para el ensamblaje de baterías tipo LFP y LCO en Bolivia, hoy en día existen tecnologías más avanzadas, como las baterías LFMP, NCM 622, NCM 811, NCMA y NCA. Todas estas utilizan litio, pero también dependen críticamente de otros minerales como níquel, cobalto, manganeso, aluminio, hierro, fósforo y oxígeno.
La disponibilidad, extracción y procesamiento industrial de minerales como el níquel, el cobalto, el manganeso, el hierro, el fósforo y el aluminio son fundamentales para el desarrollo de una cadena de valor completa en la fabricación de baterías. Sin embargo, Bolivia aún no ha consolidado la infraestructura ni las capacidades técnicas necesarias para abordar estos desafíos de forma integral. Además, es importante considerar que algunos de estos elementos —como el cobalto— presentan serios riesgos para la salud y el medio ambiente. De hecho, una de las tendencias en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento energético ha sido precisamente la reducción progresiva del uso de cobalto. Este contexto impone desafíos técnicos y estratégicos que deben ser abordados con planificación a largo plazo y políticas públicas realistas.
El desarrollo de tecnologías y patentes representa un desafío clave que no puede subestimarse en la aspiración de fabricar baterías “made in Bolivia”. Para 2022, solo cinco empresas chinas concentraban alrededor de 8.000 patentes vinculadas a tecnologías de baterías, una cifra que sigue en constante crecimiento. Este panorama evidencia que la carrera tecnológica está altamente concentrada y dominada por actores internacionales con décadas de inversión en investigación, innovación y propiedad intelectual.
En este contexto, las limitaciones para desarrollar una industria nacional de baterías no solo se evidencian en el plano práctico —reflejado en un proceso de industrialización de 14 años que falló—, sino también en eslabones clave como la cadena de suministros y el acceso a tecnologías de punta. Esta realidad constituye una crítica estructural al mito de las baterías y pone en tela de juicio la viabilidad de los planes de gobierno que promueven esa narrativa sin contar con estrategias técnicas sólidas, plazos realistas ni una visión integral del desarrollo industrial.
Los planes de gobierno no pueden seguir reduciéndose a descripciones vagas o afirmaciones sin sustento. Es imprescindible gestionar las expectativas, adoptar una mirada realista y comprender que el eventual sacrificio de nuestros salares y lagunas saladas dejarán cicatrices profundas. A largo plazo, estas heridas no solo se traducirían en impactos económicos y ambientales, sino también en una creciente frustración social ante el incumplimiento del mito de la industrialización del litio para las baterías “made in Bolivia”. Un mito que, lejos de materializarse como una política de Estado coherente, se viene convirtiendo en una narrativa repetida, carente de base técnica y orientada únicamente a justificar más extractivismo con promesas de valor agregado que nunca se cumplen.
José Carlos Solón y Leonel Mamani Mendoza son investigadores de Fundación Solón
