Han transcurrido 198 años de vida independiente de la Colonia española y del nacimiento de la República de Bolivia, abrazando en el transcurso de todos estos años, ideas de libertad, igualdad, democracia, república y nación.
Los primeros años de la República tuvimos que luchar por nuestro territorio, porque la esencia de la libertad viene asociada a la propiedad, a un lugar donde podamos libremente realizar nuestras actividades sociales y económicas. El territorio, permite construir nuestra propia autodeterminación, pero por la complejidad y diversidad de nuestro territorio no sabíamos siquiera quiénes éramos los “bolivianos”. La propiedad de un territorio, sin saber siquiera quienes tenemos derecho a beneficiarnos de él, es sólo una quimera. El proceso estaba incompleto.
Con el cambio de siglo, las ideas democráticas y de igualdad, en medio todavía de conflictos bélicos, fueron configurando la “nación” boliviana. Pero la propiedad de la tierra servía a muy pocos, la riqueza de nuestros recursos naturales también, y el poder político y coercitivo era el privilegio de ciertas élites. El pongeaje era la nueva forma de esclavitud en nuestra “propia tierra”, y los recursos naturales generaban riqueza para extranjeros y bolivianos bien “acomodados”. La subyugación de la Colonia había cambiado de “reyes poderosos” a terratenientes y oligarcas que eran dueños del Estado.
La revolución del 52 fue el momento en que los “excluidos” reivindicaron su derecho a la libertad y autodeterminación, exigiendo derechos políticos y el usufructo de su territorio y recursos naturales para su propio beneficio. Este hito histórico potenció las burguesías y el poder estatal sobre los nuevos ciudadanos y los indígenas del área rural. La propiedad del territorio no parecía ser suficiente para promover riqueza para todos, abriendo un nuevo ciclo de saqueo de nuestros recursos naturales en manos de las élites gobernantes y unos pocos extranjeros que compartían las migajas de sus beneficios. La generación de valor, estaba concentrada en muy pocas manos y los derechos laborales habían ganado espacio, impulsados por una educación marxista que condenaba a los capitalistas del mundo.
Fue en ese entonces que, el preciado botín del poder estatal pasó a manos de regímenes dictatoriales militares, hecho que confirmaba lo dicho anteriormente. El resultado fue que limitaron las libertades, el derecho a la protesta e incluso la libertad de pensamiento. Paradójicamente, nuestros abuelos, formados bajo la premisa de la dictadura del proletariado, se vieron en la imperiosa necesidad de defender la “libertad.
Pese a la reconquista de la democracia; años más tarde, este manejo elitista de la economía en manos de pequeñas oligarquías y del poder estatal en manos de algunos políticos privilegiados, provocó en el país un fenómeno moderno propio de un sistema económico con signo monetario cuya cantidad y valor no reflejaba la verdadera riqueza de los bolivianos: la inflación. La crisis desatada desnudó problemas estructurales.
En el auge de la hiperinflación y de una crisis social agobiante, se renovaron las ideas de libertad y el libre mercado, etapa denominada como “neoliberal” e iniciada con la promulgación del conocido D. S. 21060. Se privatizaron empresas y se cerraron otras, provocando el despido de miles de trabajadores que sólo acertaron a migrar en busca de mejores días. La realidad no había cambiado mucho, la concentración en la generación de valor continuaba en pocas manos y el poder del Estado controlaba determinantemente nuestras vidas.
El Estado continuó con transformaciones, distribuyendo los recursos de los bolivianos a instituciones subnacionales descentralizadas y capitalizando las empresas. Sin embargo, la estructura oligárquica del aparato productivo limitaba la distribución primaria de riqueza y el descontento generalizado tomaba las calles. El único cambio evidente en el ámbito productivo era que las empresas que eran administradas por oligarquías estatales pasaron a manos de transnacionales.
Pese a que dichas políticas posicionaron a Bolivia como la principal reserva gasífera de Sudamérica y aseguraron la exportación de gas a Brasil y Argentina, se gestó la renuncia del entonces presidente, posicionando un discurso racial y de exclusión que provocó la ascensión de un gobierno a la cabeza de un “indígena”.
Contrario a lo que se pensaba, el gobierno de los pobres, los excluidos y los indígenas; aprovechando la ingente cantidad de recursos generados por la exportación de gas, despilfarró y mal invirtió. Nuevamente se privilegió el crecimiento de la burocracia estatal que ya había fracasado en décadas pasadas e impulsó la participación del Estado como el actor principal en la economía. Exacerbó el consumo sobre la producción y provocó la migración de campesinos a las ciudades. Se expulsó a los campesinos de sus tierras para transformarlos en mendigos y a los trabajadores del mercado de trabajo para transformarlos en informales, destruyendo así la industria nacional y el empleo.
En la actualidad vivimos un momento de alta incertidumbre y desesperanza, con un elevado riesgo de desestabilización de la economía, sin dólares, sin gas, ni hidrocarburos, y sin posibilidades de crear valor y riqueza.
A dos años de cumplir nuestro bicentenario, debemos preguntarnos si somos realmente libres, ¿libres de quién, de qué, para qué? Son preguntas que requieren una breve reflexión.
Para contestar a estas preguntas aclaramos que, en tiempos modernos, la libertad sólo puede pensarse dentro del contexto de una organización social llamada Estado. Por otro lado, debemos acordar que la libertad significa ausencia de coerción, y la gran contradicción a lo largo de nuestra historia parece radicar en un Estado, que no sólo tiene poder sobre el territorio (por la definición del mismo), sino también un excesivo poder sobre nuestras vidas (coacción). Con estas ideas en mente, mencionamos algunos acuerdos mínimos en torno al rol del Estado en nuestras vidas.
Un Estado no puede ser construido en base al racismo, exclusión y diferenciación entre bolivianos. La justificación para hacer esto suele ser la búsqueda de “igualdad”; argumento que nos hace, en realidad, diferentes ante la ley, provocando odio y división entre bolivianos. El problema no es la contradicción entre la clase tradicional decadente y la clase media popular e indígena emergente, como dicen algunos ideólogos del MAS. Primero, porque la convivencia y la reivindicación histórica de nuestros “pueblos excluidos” no puede solucionarse por Ley, ni a través de la coacción, sino con claros incentivos. Segundo, porque en los últimos años, se crearon muy pocos ricos, se agrandó la clase media, pero igualando a los estratos sociales “hacia abajo, osea,a costa del empobrecimiento de las clases medias tradicionales. Este proceso social y económico, implica menos “libertad”, el Estado no puede privilegiar a unos a costa de otros, se supone que todos somos iguales ante la ley. El Estado debe promover la unidad de diversos, en un ambiente de intercambios beneficiosos entre todos los individuos.
Ideólogos del MAS, critican el Estado mínimo propuesto por los “liberales”, afirmando que el Estado boliviano contrata a sólo un 7% de la fuerza laboral del país, por lo que no parece “muy grande”, más si en Europa existen estados que emplean al 20% de la fuerza laboral. Pero, no nos dicen que en Bolivia lo gigantesco es el Presupuesto del Estado respecto al PIB (más de 80%). Un Presupuesto superior al 30% claramente implica una elevada coacción del Estado sobre la libertad económica de los individuos, por lo que, confisca la riqueza. La política, debe estar separada de lo económico. Si esto es así, debemos saber dónde y cómo reducir el Estado.
Debemos reducir el Estado, allá donde el administrador del “poder”, pueda utilizar el mismo, para extorsionar y coaccionar al ciudadano. La organización estatal debe estar únicamente al “servicio” del ciudadano, sin ninguna preferencia racial, de género, regional o de “compadrerío”. Por lo tanto, muchos de los servicios estatales deberían ser terciarizados a privados. Se debería contratar, por ejemplo, a una agencia de contratación de bienes y servicios, y licitaciones estatales. Las instituciones de servicio a la producción, de la misma forma. Esta medida elevaría la eficiencia en la administración, eliminaría la corrupción y evitaría las malas decisiones priorizando las “coimas” o los “afectos” políticos, culturales y raciales. El Estado sólo debe controlar y fiscalizar a estas instituciones privadas de derecho público.
El Estado no puede ser un agente productor en la economía. Hay varias razones. Primero, porque no es un verdadero agente económico. A diferencia de las familias y los individuos, el Estado no “crea Valor”, debe quitarle a alguien (el dinero) para invertir. A los que administran el Estado no les importa la eficiencia, dado que si inviertes en algo con dinero que no es tuyo el resultado no importa. Segundo, las inversiones del Estado regularmente sufren de asimetrías de información, no saben y no pueden priorizar adecuadamente inversiones que solucionen los problemas de la gente, porque las desconocen. Una importante solución, aunque no la ideal es la Descentralización y el Federalismo. Tercero, el Estado es un competidor desleal de la producción privada. Dado que puede mantener empresas a pérdida, subsidiar costos e incluso acomodar productos a través de “convenios” políticos, en los hechos limita la libertad económica de los verdaderos agentes en una economía: las familias y las empresas. Además, el poder político promueve “favoritismos” a ciertos sectores, por lo que en últimas, crea concentración de riqueza en pocas manos y por lo tanto, mayor desigualdad.
La economía de un país no puede depender de la inversión estatal, hay también varias razones para esto. Primero, como nos demuestra la historia, el Estado se dedica a producir materias primas (extractivismo) que depende de precios internacionales, por lo tanto, no depende de nosotros, sino de lo que ocurra en el mundo. Segundo, el Estado ha depredado los recursos naturales, algo que ocurrió con casi todos los recursos naturales en nuestra historia. El gas es el último ejemplo desastroso (no tenemos gas), y ahora vamos por el litio y el acero. Tercero, la extracción de recursos naturales genera sólo rentas y no valor agregado. Esto quiere decir que si transformaríamos la materia prima tendríamos muchas más ganancias y generación de riqueza. Debe quedar claro que el proceso de industrialización no puede quedar en manos del Estado (economía de base ancha para ellos), la idea es que millones de bolivianos intervengan en este proceso (inversión privada), para que las ganancias de estos procesos productivos vayan de manera directa a millones de bolivianos y no requiramos de políticas de “redistribución de la riqueza”. Si sólo el Estado produce estos recursos “estratégicos” y encima lo hace mal, resulta que no distribuye riqueza, sino solamente pobreza o migajas.
Por esto, una de las tareas pendientes desde la fundación de la República, es devolver a los ciudadanos su capacidad de producir valor y riqueza, capacidad que ha sido secuestrada, por los españoles, por el “imperio” y los extranjeros, por pequeñas logias de millonarios, por políticos que detentan el poder y otros. El poder de coacción, ya sea en manos de un monarca, un dictador, una oligarquía, o una mayoría o minoría momentánea y privilegiada, es la amenaza fundamental para la creación de riqueza. Imagínese que para solucionar la escasez de dólares en la actualidad el Estado tenga el monopolio en el control de los mismos, entonces, los políticos decidirían quién produce y qué se produce, debido a nuestra elevada dependencia a la importación de insumos.
Entonces, hay algunas características que se deben cumplir para generar riqueza. Un Estado facilitador implica, eliminar el control de la autoridad política en la organización de la actividad económica. Sólo el mercado puede eliminar esta fuente de poder coercitivo. El mercado, protege a los consumidores y productores porque promueve las relaciones impersonales (sin importar, la raza o la adhesión política), y esto, asegura el intercambio voluntario, coordinado y beneficioso entre agentes sin coacción, que es el contexto en el cual asegura la cooperación voluntaria entre individuos (división y especialización del trabajo), de acuerdo a las necesidades reales de la población.
El Estado debe establecer las “reglas de juego”, debe ser un árbitro que interpreta y hace cumplir las reglas, los contratos y los convenios, el mantenimiento de la ley y el orden, para prevenir la coacción física de un individuo a otro, por eso jamás debe participar directamente en la economía como un “tercer interesado”; pero más importante aún, no debe confiscar de manera exagerada la riqueza generada por los ciudadanos. El Estado, debe facilitar la vida de los ciudadanos y debe respetar su riqueza de los individuos.
Por último, un modelo político y económico, debe asegurar y promover la riqueza en manos de las familias. La principal causa de la coerción y el autoritarismo que menoscaba la libertad, es la pobreza. Los ciudadanos sólo pueden defender algo, si son libres de ganarse la vida sin depender del Estado. Los dictadores nos prefieren pobres, sólo así el Estado es como un papá, y un mal político la mente maquiavélica detrás de ese “poder”.
Si usted está de acuerdo con todo lo mencionado, no importa que le digan si es de “derecha” o de “izquierda”, porque la libertad no es un derecho ganado, es una característica inherente a la condición misma de todos los seres humanos. Tendremos el 2025, la oportunidad de exigir lo que nos pertenece. ¡VIVA BOLIVIA LIBRE!
Joshua Bellott Sáenz es investigador y economista
