El 15 de junio de 2025, autoridades peruanas incautaron cuatro toneladas de mercurio líquido camuflado en piedra molida en el puerto del Callao. El cargamento provenía de México y tenía como destino final Bolivia. Investigaciones preliminares vinculan el envío al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque no es el primer cargamento de mercurio asociado al CJNG con destino a Bolivia, este hallazgo refuerza la hipótesis de una operación criminal transnacional más compleja: una convergencia entre grupos criminales que operan en Bolivia y el CJNG, facilitada por la escasez de divisas en el país.
En los últimos años, el CJNG ha diversificado su portafolio criminal más allá del narcotráfico, incursionando en mercados como el tráfico de armas, trata de personas, y el control logístico de recursos estratégicos; incluyendo metales y químicos esenciales para la minería ilegal. El mercurio es uno de ellos. A pesar de su extrema toxicidad y su prohibición internacional, su demanda crece al ritmo de la fiebre del oro, especialmente en regiones amazónicas con escasa fiscalización.
Para el CJNG, participar e inclusive controlar las rutas de distribución del mercurio es un modo de asegurar su participación en un mercado ilícito tan rentable como es el del oro, y de fortalecer alianzas operativas criminales con grupos criminales que operan en territorios estratégicos en Sudamérica.
Por su parte, Bolivia ofrece ventajas críticas que explican el interés del CJNG:
- Es el mayor importador de mercurio de América Latina, con normas laxas y altos volúmenes de oro desviados a la minería ilegal en departamentos como La Paz, Pando y Beni.
- Es uno de los principales productores de cocaína del continente, siendo el tercer país con más cultivos de hoja de coca del mundo además de punto de tránsito para la pasta base peruana que se refina en Bolivia.
Estas características hacen de Bolivia un espacio de interés mutuo. El CJNG puede abastecer mercurio barato y sin controles a quienes dominan la minería ilegal del oro, y a cambio obtener cocaína boliviana para exportarla a mercados internacionales, donde el valor se multiplica.
Además, investigaciones muestran que la minería ilegal muchas veces depende del narcotráfico para operar, y que también sirve para lavar dinero de la droga. Un reportaje de Mongabay revela cómo en zonas auríferas de Bolivia, el oro extraído de manera ilegal se usa para justificar ingresos de origen ilícito, ocultando ganancias de la cocaína. Así, el oro y la droga se retroalimentan dentro de un mismo circuito criminal.
Este tipo de intercambio no solo es funcional a nivel operativo. Tiene una lógica financiera poderosa: la crisis de disponibilidad de divisas en el país que ha generado escasez de dólares en bancos y mercados informales. En ese contexto, el pago en efectivo para transacciones ilícitas se ha vuelto riesgoso o inviable. En cambio, la cocaína (ya sea como Pasta Base o Clorhidrato) se convierte en una moneda paralela, de alta movilidad y valor estable.
Para el CJNG, que necesita dólares para mantener sus operaciones globales, acceder a cocaína boliviana representa una oportunidad para transformar ese activo en divisas más adelante, fuera del país. Para los actores bolivianos, adquirir mercurio a cambio de droga es un negocio atractivo: el mercurio es escaso y esencial para la minería ilegal.
Un circuito criminal de beneficio mutuo.
Este esquema no solo revela una convergencia funcional entre la minería ilegal del oro y el narcotráfico, sino algo aún más peligroso: una complementación operativa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos criminales que operan en Bolivia. Esta articulación no solo les permite intercambiar recursos estratégicos como mercurio y cocaína sin depender de flujos financieros formales, sino que también fortalece a ambos actores en sus respectivos territorios.
Para el CJNG, Bolivia representa un punto de acceso a cocaína de alta pureza, rentable y un terreno permisivo para mover recursos estratégicos. Para los grupos criminales operando en el país, la alianza con el CJNG les ofrece acceso a insumos clave, protección y canales internacionales de distribución. Esta interdependencia tiene efectos concretos: consolida su control en los territorios y dificulta su desarticulación por parte del Estado. Al final, lo que emerge es una economía criminal más integrada, eficiente y resiliente.
La presencia y posible coordinación del CJNG con grupos criminales que operan en Bolivia amplifica la escala y la sofisticación del crimen organizado en el país, representando una amenaza seria para el Estado, la economía legal y la gobernabilidad de los territorios más vulnerables.
Gabriela Reyes Rodas es criminóloga
