Pasaron las cercenadas elecciones judiciales, los magistrados electos fueron posesionados, ya se conformaron nuevas salas en los altos tribunales (algunas quedaron integradas por autoprorrogados). Sin embargo, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿cambiará la justicia boliviana?, ¿tendrá una nueva imagen, una nueva identidad?
La identidad o forma de objetos y entes —incluida la posibilidad de cambio— fue analizada desde la Filosofía a partir de una paradoja extraída de una de las aventuras de Teseo[1], héroe y fundador de la capital griega.
Para regresar a Atenas desde la isla de Creta, Teseo y su tripulación debieron recorrer un tramo larguísimo a bordo de una vetusta embarcación.
A medida que avanzaba el viaje, el barco se fue deteriorando. Para que los daños no afectaran la estructura del navío, los tripulantes tuvieron que reparar lo averiado: sacaban las partes rotas o desgastadas, las cambiaban por otras o las colocaban en lugares diferentes, o bien conseguían nuevas partes para reemplazarlas en la estructura del navío.
Al final, cuando Teseo y su tripulación llegaron a su destino, y tras las varias reparaciones que realizaron, ¿podría afirmarse que el barco era el mismo que zarpó de Creta?
Si las piezas de un objeto se remueven o reemplazan, ¿puede éste seguir siendo el mismo o sería un objeto totalmente nuevo? Para Aristóteles el objeto no cambia, siempre y cuando se cumplan las siguientes causas:
- causa formal: si se mantiene la forma original, el objeto es el mismo, pese a contener piezas diferentes o nuevas;
- causa material: si las piezas reemplazadas o nuevas son del mismo material que las anteriores, el objeto sigue siendo el mismo;
- causa final: si el propósito del objeto no cambia, aún con nuevas piezas o diferentes materiales, el objeto no puede ser visto como diferente;
- causa eficiente: si el objeto es reconstruido siguiendo protocolos, herramientas y técnicas iniciales, el objeto no cambiará ni podrá ser considerado como distinto.
Pensemos en el Órgano Judicial como si fuese el barco de Teseo para determinar si se ha producido algún cambio tras las elecciones. Como se sabe, éste poder está conformado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM). Éstos, a su vez, están integrados por 26 magistrados titulares, repartidos de la siguiente forma: TCP, nueve; TSJ, nueve; TA, cinco; CM, tres.
Las elecciones del pasado 15 de diciembre permitieron una recomposición de ésos altos tribunales, aunque no de forma completa, dado que los comicios —por decisión de los autoprorrogados y por el encogimiento del Tribunal Supremo Electoral— fueron parciales. Debieron haberse elegido 26 nuevas autoridades, pero sólo 19 resultaron electos; lo que conlleva a sólo dos tribunales (TA y CM) completamente nuevos. ¿Qué pasó con los demás?
El TSJ quedó reconformado con siete nuevos magistrados (Carlos Ortega, Fanny Coaquira, Germán Pardo, Norma Velasco, Rosmery Ruiz, Primo Martínez, Romer Saucedo) y dos autoprorrogados (Carlos Alberto Egüez, Ricardo Torres Echalar).
El TCP ahora está integrado por cuatro nuevas autoridades (Boris Arias, Ángel Dávalos, Paola Prudencio, Amalia Laura) y cinco autoprorrogados (Karem Gallardo, Isidora Jiménez, René Espada Navía, Julia Cornejo, Gonzalo Miguel Hurtado).
Así las cosas, pese a que el 73.07% de los magistrados del Órgano Judicial son nuevos, no existe una plena convicción de que éste haya cambiado; más aún cuando la ilegalidad y la inconstitucionalidad siguen rodándolo, gracias a la permanencia de siete autoprorrogados, cinco de los cuales continúan atrincherados en el ente propiciador de ésas crisis.
Basta ver cómo han quedado conformadas las salas del TCP para avizorar un futuro intrincado para el reencauzamiento de la legalidad y la reinstitucionalización de nuestro Estado. De sus cuatro salas, sólo la primera está integrada por magistrados nuevos; en el caso de las restantes, la segunda y tercera cuentan con un autoprorrogado y un recientemente electo. La polémica Sala Cuarta —de donde salieron las absurdas sentencias 1010/2023-S4 y 0770/2024-S4 (por citar algunas)— mantiene su estructura con dos ilegales (Espada Navía, Cornejo). Y, por si fuera poco, el coautor de la autoprórroga (Gonzalo Hurtado) ostenta ahora el cargo de presidente.
Si tomamos las causas aristotélicas formal y eficiente, todos los altos tribunales de justicia mantienen su estructura y el diseño de su conformación, lo que nos lleva a deducir que ninguno de ellos habría cambiado y no lo hará en el futuro. Empero, las restantes causas (material y final) pueden darnos una perspectiva distinta, más optimista.
Aunque los nuevos magistrados hayan sido elegidos bajo los mismos mecanismos, no significa que ellos tengan la misma “materia” o “esencia” que los autoprorrogados. El objetivo que buscan también debería ser distinto. El TCP anterior tenía por único propósito ser funcional al régimen; no le importaba si con eso destruía el Estado de Derecho y la democracia. Si los nuevos magistrados retoman los objetivos y atribuciones iniciales del Constitucional, la causa final aristotélica no se cumpliría, por lo que un cambio verdadero es posible, incluso en corto tiempo.
Entonces, ¿qué deberán hacer los nuevos magistrados? En primera instancia, recuperar la confianza ciudadana. Para ello, es necesario —y urgente— que sus acciones se enmarquen dentro de la ética judicial, promoviendo los seis valores más importantes de toda administración de justicia[2]: independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia.
Los nuevos magistrados deberán: 1) defender la independencia judicial (tanto interna como externa); 2) resolver las controversias jurídicas sin favoritismos, sesgos, prejuicios o subordinaciones; 3)actuar apegados a sus funciones, sin generar dudas o susceptibilidades; 4) dedicarse íntegra y responsablemente a sus funciones; 5) impedir cualquier intromisión del poder político; 6) resguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos frente a cualquier arbitrio; y 7) garantizar la estabilidad democrática y restaurar la vigencia del Estado de Derecho. En resumen: deberán demostrar que son diferentes a los autoprorrogados.
Aunque las elecciones judiciales han dado como producto una gran cantidad de nuevas autoridades, lo cierto es que el peligro de un nuevo uso político del TCP no ha desaparecido, principalmente por la presencia de autoprorrogados; y esto es preocupante, sobre todo en un año electoral tan decisivo para el futuro de nuestro país.
El magro escenario y los albures en ciernes no cambiarán, a menos que el Órgano Judicial se renueve por completo. Esto no sucederá pronto, lamentablemente. Por eso, las acciones que los nuevos magistrados realicen en los próximos meses serán decisivas: en un largo plazo, para mejorar la imagen de la justicia boliviana y en corto, para garantizar las elecciones nacionales del próximo 10 de agosto.
Las 19 autoridades judiciales tienen en frente una travesía casi tan larga como la de Teseo, aunque mucho más peligrosa. Dependerá de ellos si llegan a su destino con un navío remendado y servil o con uno completamente nuevo.
América Yujra Chambi es abogada.
[1] Plutarco. (1987). Vidas paralelas I. Porrúa. México.
[2] Insertos en los Principios de Bangalore, aprobados en julio de 2006 por el Consejo Económico y Social de la ONU, y que se constituyen en estándares para los Códigos de Ética o Conducta Judicial.
