“Cuotear” es un verbo que significa repartir o distribuir algo proporcionalmente. Fue una palabra muy usada cuando regía la democracia pactada. En ese entonces, los partidos políticos compartían el poder. Esa vez, los magistrados eran elegidos en el Congreso por diputados y senadores. Como ninguna organización política tenía al menos mayoría absoluta para nominar magistrados a los abogados de su simpatía, se distribuían en cuotas según el porcentaje de voto que habían logrado en las elecciones nacionales.
Cuando llegaron los masistas al poder en 2006, acabaron con el cuoteo, no para seleccionar y elegir a los mejores abogados como magistrados, sino para copar la totalidad del Poder Judicial. Acabaron con el cuoteo, no para hacer justicia, sino para usarla como arma política contra sus enemigos políticos y someterla para encubrir a los suyos. ¿Cuál el resultado de 17 años de control? La peor crisis de la justicia en casi 200 años de existencia de Bolivia. Nunca antes la justicia había caído más abajo del infierno.
Según publicaciones de medios de comunicación, entre ellos Los Tiempos, el masismo se propuso anular el Poder Judicial apenas llegó a Palacio.
- A los 14 días de haber asumido el mando, el 5 de febrero de 2006, hubo un recorte de salarios que obligó a los magistrados a declararse en emergencia.
- A los dos meses y medio, el 30 de marzo de 2006, el presidente de entonces Evo Morales acusó al Tribunal Constitucional de haber recibido sobornos de los ejecutivos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). No presentó ni una prueba.
- A los tres meses, el 19 de abril, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, calificó al Poder Judicial de «corrupto». No presentó ninguna prueba.
- A casi un año de haber jurado al mando, el 6 de enero de 2007, en la inauguración del año judicial, Morales dijo: este Poder «huele a dólar». Tampoco presentó pruebas.
Siete días antes de la inauguración del año judicial de 2007, el 30 de diciembre de 2006, Morales firmó el decreto supremo 28993 para designar ministros interinos de la Corte Suprema de Justicia a Carlos Jaime Villarroel Ferrer, Wilfredo Ovando Rojas, Zacarías Valeriano Rodríguez y Bernardo Bernal Callapa. El mismo Morales les tomó el juramento.
La Agencia de Noticias Fides reportó aquella vez que los cuatro magistrados interinos nombrados por Morales “pasaron a formar parte de las dos salas penales de la Corte Suprema, donde se sustancian los juicios de responsabilidades contra ex altas autoridades del Estado, entre ellas el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros; contra el exprefecto de La Paz Luis Alberto Valle y el exministro de Defensa, Fernando Kieffer”.
El 9 de mayo de 2007, el Tribunal Constitucional (TC) de entonces declaró constitucional el decreto 28993 porque se habían cumplido las condiciones para una nominación interina de magistrados, entre ellas que el Congreso estaba en receso, pero ordenó cesar de sus cargos a los ministros posesionados el 30 de diciembre de 2006 porque “la interinidad no puede extenderse por tiempo indefinido, sino únicamente por 90 días, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico del país, plazo que en este caso ya ha fenecido”.
Obvio. Si un magistrado interino se quedaba por tiempo indefinido, ya no tenía sentido la Constitución que aquella vez reconocía al Congreso la atribución de nominar a los magistrados, en su condición de depositario de la soberanía popular. El Poder Ejecutivo no debía ni podía usurpar la competencia de otro poder.
El razonamiento de los magistrados del TC de aquel entonces (Artemio Arias Romero, Martha Rojas Álvarez, Walter Alfredo Raña Arana y Elizabeth Íñiguez de Salinas) era correcto. La parte vinculante de una resolución o sentencia constitucional es la fundamentación, no tanto la determinación.
La claridad de los magistrados del TC enfureció a Morales porque contradijo su política arbitraria. El gobernante atacó sin argumentos jurídicos. Embistió sin autoridad del conocimiento, sólo con la levedad de su cargo eventual.
«No se puede entender que algunos de nuestros abogados llamados doctores de ley que ahora son del Tribunal Constitucional operen contra el pueblo, defiendan a los narcotraficantes, a los corruptos y a los criminales. Siento que algunas instituciones del Estado están por demás, porque no apoyan y no ayudan para hacer justicia, más velan intereses de grupos», reaccionó Morales y acusó a los magistrados de ser “producto del cuoteo (MNR, ADN y MIR)”
Ni una prueba, cero razonamiento. Su mentalidad totalitaria impidió que entendiera el necesario equilibrio de poderes y contrapesos en democracia y lanzó una campaña de desprestigio contra los magistrados hasta tomar el control del Poder Judicial.
El 15 de mayo de 2007, Morales ordenó juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; por presunto incumplimiento de deberes; por impedir o estorbar supuestamente el ejercicio de funciones; y por presunto prevaricato.
El juicio no prosperó, pero el masismo logró su objetivo: acabar con la independencia del TC y ponerlo bajo su dominio. Hasta diciembre de 2007, casi todos los magistrados del TC habían renunciado. No resistieron la presión. El masismo cerró el Tribunal Constitucional hasta diciembre de 2009.
Cinco meses antes del cierre del TC, el 5 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agrario Nacional, las cortes superiores de distrito y nueve colegios de abogados de Bolivia declararon un «Inédito paro de 24 horas en el Poder Judicial de Bolivia». Decidieron dar batalla.
Magistrados, jueces y abogados denunciaron, en un comunicado público, que la pretensión del Gobierno es “defenestrar el sistema judicial boliviano e implantar un régimen totalitario” en franco desconocimiento de las garantías ciudadanas.
Después de este episodio, el masismo introdujo en la Constitución de 2009 la mala idea de que los magistrados sean elegidos mediante sufragio universal. El ministro de Justicia, Iván Lima, contó en agosto de 2023 que esa ocurrencia fue de Evo Morales.
La nueva Constitución estableció la tarea de preseleccionar a los candidatos a la Asamblea Legislativa por dos tercios de sus miembros. Esta vez, el masismo tenía dos tercios, eligió a los abogados simpatizantes del MAS candidatos a magistrados, nunca buscó a los más idóneos ni capaces. Si un abogado quería ser magistrado, tenía que someterse a los dirigentes de los movimientos sociales masistas para tener un aval. Por ello, los abogados con honor no se presentaron a esa farsa. El pueblo votó por una lista de postulantes azules. Fue una especie de suerte sin blanca para el partido de gobierno.
El ministro Iván Lima reveló en dos ocasiones que Evo Morales nominó a los candidatos a magistrados en las elecciones judiciales de 2011 y 2017. Ni siquiera su partido, sino él, sólo él. Y sus acólitos callaron en ese momento porque pensaron ser favorecidos con alguna magistratura.
Las evidencias demuestran que el jefe del MAS nominó a gente de su talla. A saber: los magistrados de 2011 se inventaron la ridiculez de que la República murió y nació la misma República con el nombre de Estado Plurinacional. Con esa falacia anularon el artículo 168 de la Constitución y la disposición transitoria Primera, parágrafo II, que establece que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Es decir, Morales ya no podía ni debió ser candidato en las elecciones 2014.
Esos mismos magistrados violaron en noviembre de 2017 el mismo artículo de la Constitución para habilitar a su jefe a una tercera repostulación. Esta vez, se inventaron el “derecho humano a la reelección”. Según el diputado del MAS, Héctor Arce, el inventor de esa tontería fue el ministro Iván Lima.
Esa decisión política de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional causó la crisis política de 2019 que terminó con la vida de 37 bolivianos. El principal responsable y sus seguidores huyeron mientras sus seguidores morían en Senkata y Sacaba. Después de siete años, una parte de los masistas se arrepintió y reconoció que ese falló fue portadora de la ambición personal del inventor de las judiciales y del que nominaba candidatos. Los mismos que antes lo idolatraban, ahora hablan de él con odio.
Los magistrados nominados en 2017 y posicionados en enero de 2018 fueron igual o peores que sus compañeros de militancia de corazón abierto. En noviembre de 2019, reconocieron la constitucionalidad de la Presidenta Jeanine Añez. Cuando retornó el masismo al gobierno, se negaron.
En agosto de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que la reelección indefinida no es un derecho humano. Fieles al político que los “bendijo” con la nominación, se negaron a aplicar el control de convencionalidad para anular la sentencia inconstitucional del “derecho humano a la reelección”.
Hasta ese momento, ya eran indignantes. Antes de cesar en sus funciones, se volvieron vomitivos con dos decisiones:
- El 11 de diciembre pasado se autoprorrogaron por tiempo indefinido en una declaración constitucional cuyo objeto era una consulta respecto a la inconstitucionalidad de algunos artículos del proyecto de ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales. En lugar de concentrarse en lo solicitado se autoprorrogaron en nombre del pueblo, violando el derecho del pueblo a conformar las altas cortes. Nunca antes había sucedido un hecho parecido en la historia de Bolivia. Nunca jamás se había visto a jueces fallar en beneficio propio. Nunca se había visto a magistrados ser juez y parte. Esta decisión está a punto de causar otra crisis política como la de 2019.
- En la agonía de su gestión, se volvieron arcistas e inhabilitaron a Morales de forma inconstitucional. Introdujeron su decisión como contrabando en un caso cuyo objeto no era la reelección, sino un atentado contra la libertad de expresión en el reglamento de preselección de candidatos a magistrados.
El ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, dijo en un seminario organizado recientemente por la UNIFRANZ que «la Sentencia SCP 1010/2023 no resuelve el tema (reelección), ya que la problemática a resolver era otra (libertad de expresión), por lo que las afirmaciones que hace el TCP son solamente un Óbiter Dicta, no es siquiera una ratio decidendi que se constituya en un precedente obligatorio, tal es así que en la parte resolutiva no se pronuncia sobre el tema».
El constitucionalista Jorge Asbún señaló en el mismo evento que no hay que ser un gran interprete de la Constitución para darse cuenta, sólo basta saber leer. El artículo 168 dice: «Presidente y Vicepresidente pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua”. En ese texto, no existe la palabra «discontinua».
Así es la gente idónea, no interpreta la Constitución según retribución de favores, sino apegados a la Constitución sin importar quién es el favorecido o perjudicado. En cambio, los autoprorrogados nacieron evistas, crecieron durante un año añiztas y en el final de su periodo se volvieron arcistas.
La Asamblea Legislativa volverá pronto a preseleccionar por dos tercios de votos a los candidatos a magistrados para que los electores asistan a las urnas en 230 días a elegir 23 magistrados: nueve para el Tribunal Constitucional Plurinacional, nueve para el Tribunal Supremo de Justicia, cinco para el Tribunal Agroambiental; y tres consejeros para el Consejo de la Magistratura.
Esta vez, el masismo carece de dos tercios. Sin embargo, el riesgo de que los autores del hundimiento de la justicia impongan a sus abogados como candidatos a magistrados persiste; desean otra vez que las judiciales sean otra suerte sin blanca. ¿Qué tendría que hacer la sociedad organizada para tener a los profesionales más idóneos en las altas cortes? En otro artículo desarrollaré algunas ideas. Ahora, me interesa leer las tuyas.
Andrés Gómez Vela es periodista
