Windsor Hernani Limarino
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) fue creada el 2004 por los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro.
Desde su concepción, el ALBA se presentó como un proyecto destinado a reivindicar la soberanía de los Estados y a rechazar la influencia que, en aquel momento, ejercía Estados Unidos sobre varios países de la región.
Sin embargo, esa retórica ideológica antiestadounidense no habría sido suficiente para atraer nuevos miembros, de no haberse complementado con la diplomacia petroléra, creada y gestionada por Hugo Chávez.
El auge de los precios del petróleo entre 2003 y 2013 permitió a Chávez utilizar los ingentes recursos provenientes de la renta energética como instrumento de política exterior. Así, a través de PDVSA y de mecanismos como Petrocaribe -creado en 2005-, el gobierno venezolano otorgó a varios países del Caribe y América Latina, petróleo a precios preferenciales, créditos blandos y donaciones.
Estos beneficios se convirtieron en el principal mecanismo de seducción, para ganar adhesiones. Así, progresivamente el ALBA llegó a contar con once miembros plenos: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada, Ecuador y Honduras. Nótese que todos ellos son países en desarrollo, que obviamente no rechazarían recursos financieros o energéticos adicionales, especialmente si eran sin costo o con facilidades excepcionales.
Por esa razón, en el ALBA, nunca existió la voluntad de crear un andamiaje institucional sólido, ni mecanismos transparentes y democráticos para la adopción de decisiones. Tampoco hubo espacio para la divergencia o el debate interno, ya que la discrepancia equivalía a deslealtad.
Algunos países del Caribe con vínculos históricos con Estados Unidos, como Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas, para no perder los beneficios energéticos de Petrocaribe, optaron por participar, pero con un disenso silencioso y con delegaciones de menor nivel.
En síntesis, el ALBA se configuró como una red de dependencia energética, donde la pertenencia y lealtad política se correspondía directamente con beneficios petroléros. En consecuencia, resulta lógico concluir que dentro del ALBA no hubo países miembros, sino gobiernos dueños -al inicio dos y luego tres- más otros gobiernos, aglutinados por afinidad ideológica o conveniencia económica.
Si bien existieron los programas cubano–venezolanos, “Operación Milagro”, que permitió operaciones oftalmológicas gratuitas, y “Yo, sí puedo”, que impulsó procesos de alfabetización, estas iniciativas no pueden entenderse al margen de la estructura política que las originó. Fueron instrumentos de diplomacia ideológica y proyección de influencia de Caracas y La Habana, más que expresiones genuinas de cooperación horizontal entre Estados soberanos. En otras palabras, la ayuda no fue un fin en sí mismo, sino un medio para consolidar lealtades políticas y expandir el liderazgo de Chávez y Castro.
En el caso boliviano, es un hecho que Evo Morales tuvo como mentores políticos y referentes a Fidel Castro y Hugo Chávez —a quienes calificó de: “maestros de la revolución antimperialista”— y que, durante su gobierno, el relacionamiento internacional adoptó la orientación política y discursiva del eje Caracas–La Habana. Consecuentemente, la participación -o más bien, la adhesión religiosa- de la denominada “diplomacia de los pueblos” al ALBA-TCP no fue una decisión concebida en función de los intereses nacionales, sino un alineamiento automático con los mandatos del llamado Socialismo del Siglo XXI.
Esa decisión tuvo consecuencias negativas sobre la política exterior boliviana, porque debilitó la autonomía diplomática del país, redujo su margen de maniobra frente a otros socios y encerró el accionar internacional en un esquema ideológico en decadencia, donde el poder residió, primero en Hugo Chávez y luego en Nicolás Maduro.
La reciente expulsión de Bolivia del ALBA, anunciada mediante comunicado oficial, debe ser entendida en su justa dimensión. No es una decisión de los nueve países miembros, sino de tres regímenes autoritarios, que, así como han secuestrado a sus pueblos para beneficio propio, también mantienen secuestrada al ALBA, utilizándola como instrumento de poder personal.
La afirmación de que “el ALBA no tuvo países miembros, sino gobiernos dueños” sintetiza la verdadera naturaleza de este experimento político. Una alianza sin institucionalidad, sostenida por lealtades personales y clientelismo ideológico. Que, además, en lugar de construir integración, pretendió consolidar dependencia; en lugar de promover soberanía, quiso imponer sumisión; y en vez de fomentar cooperación, persiguió obediencia.
Lo cierto es que estamos suspendidos. Entonces me pregunto: ¿Será un adiós, o un hasta luego?
Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático
