En su mayoría provienen de Apurímac, Huánuco, Ucayali, Loreto, Cusco y Arequipa, pero también del mismo Puno y desde Bolivia.
El Ojo Público. – Al pie de un nevado y a una temperatura apenas por encima del punto de congelación se encuentra La Rinconada, un centro poblado del distrito de Ananea que creció alrededor de la extracción informal de oro. Aquí unas 20.000 personas viven sin agua ni desagüe, en casas acondicionadas con maderas y calaminas, y calles cubiertas de lodo y mercurio.
En esta ciudad, considerada la más alta del mundo, abundan las cantinas y locales de fachada donde se explota sexualmente a mujeres y adolescentes de diferentes regiones del país. Son aproximadamente 200 locales nocturnos en los que se promueve la prostitución forzada y la venta de cervezas. Ninguno tiene licencia de funcionamiento.
El alcalde de La Rinconada, Alberto Ayamamani Quispe, dice que el poder de fiscalización de su municipalidad es mínimo respecto a las mafias de trata que operan en el lugar. Incluso la policía local, que tiene turnos de 18 agentes, debe solicitar refuerzos de Juliaca o de Lima cuando se realizan intervenciones contra este delito.
Los clientes explotadores son los mineros que trabajan en los socavones del nevado, y según la Dirección Regional de Energía y Minas, suman alrededor de 5 mil. Las víctimas son captadas con anuncios falsos para trabajar como cocineras, meseras o empleadas domésticas. En su mayoría provienen de Apurímac, Huánuco, Ucayali, Loreto, Cusco y Arequipa, pero también del mismo Puno y desde Bolivia.
El jefe de la División contra la Trata de Personas (Divintrap), el General PNP Raúl Del Castillo, explica que la trata, la explotación sexual y laboral se han extendido impunemente en La Rinconada porque su geografía la convierte en una zona casi inaccesible.
“No solo son mujeres, también se engaña a adolescentes varones para explotarlos en la extracción del oro. Desde hace tres años hemos reforzado los operativos en la zona, pero es imposible enviar un contingente policial sin que sea detectado en el trayecto hacia el nevado. Vamos a tener que hacer una intervención permanente con diferentes actores del Estado como en La Pampa, en Madre de Dios”, añadió.
En las intervenciones policiales realizadas el 2018 se rescataron a 6 varones y 254 mujeres sometidos a explotación laboral y sexual; y solo en lo que va del 2019 la cifra total alcanzó las 373 personas. Los datos de la Décimo Macro Región Policial de Puno muestran que el 45% de las víctimas de trata fueron explotadas en La Rinconada, pero un importante 30% terminó en los bares de Juliaca; otro 10% en la ciudad de Puno y un 5% en los distritos de Ilave y Desaguadero, en la frontera con Bolivia.
La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Trata de Personas ha identificado además la captación de mujeres y adolescentes de Ecuador, Colombia y Venezuela que son explotadas en distintas localidades de la región, pero también redes que trasladan a jóvenes a Chile, Brasil y Bolivia para someterlas sexualmente, en trabajos domésticos y servidumbre.
“Las modalidades de explotación se extienden a otros centros mineros como son San Antonio de Putina, Ananea, Lunar de Oro, Ollachea; pero también en las ladrilleras y en el servicio doméstico. A eso sumemos que la explotación laboral infantil se ha incrementado. Solo en las ciudades de Juliaca y Puno, más de cinco mil menores de edad realizan trabajos forzosos y de riesgo”, señala el fiscal Erick Deza Medina.
La capital y la cerveza
Juliaca, la capital y eje económico de Puno, es epicentro de la trata y otras formas de crimen organizado. El gerente municipal de San Román, Ricardo Álvarez Gonzales, sostiene que el narcotráfico, la explotación, el lavado de activos, el contrabando y otros delitos confluyen impunemente en esta ciudad. “Hay que cercar estas mafias. El sector conocido como Triángulo, entre los jirones 1 de mayo y Moquegua, es un foco de captación y está considerado en nuestro mapa del delito; se realizan operativos y patrullajes, pero todo sigue igual”, sostiene.
Para el fiscal Deza, Juliaca se ha convertido en un foco atractivo para los tratantes por el incremento del precio de la cerveza, pues las principales ganancias de estas mafias se obtienen con la venta de bebidas alcohólicas. En este distrito hay cerca de 800 bares, pero solo entre 25 a 30 tienen autorización.
Precisamente, uno de los procesos penales que su despacho tiene en curso es contra los tratantes de dos niñas ecuatorianas de 14 y 15 años de edad, que fueron obligadas a prostituirse en el local Miss Liss, en Juliaca. El principal investigado en el proceso fiscal es el dueño de este lugar, Ricardo Vergara Herrera (63), un policía en retiro que actualmente se encuentra con prisión preventiva.
Para disminuir los índices de este delito, el Gobierno Regional de Puno elaboró el Plan Regional Contra la Trata de Personas 2018-2021, un documento que señala las tareas de prevención, persecución y atención que deben cumplir 20 instituciones públicas de la región, como como la Red de Alcaldes Provinciales y Distritales, la policía, la Corte Superior de Justicia de Puno, la Defensoría del Pueblo, y los sectores regionales de Educación, Trabajo, Salud, Transporte, Comercio Exterior, Aduanas, entre otros.
La secretaría técnica del grupo lo preside Ricardo Delgado Ramos, de la Gerencia de Desarrollo Social, pero él indica que no tienen presupuesto para financiar sus actividades. Los recursos deben provenir del mismo gobierno regional y está pidiendo una partida especial para ejecutarla el próximo año.
