Aunque disimulan bien, pero hay desazón en las filas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en torno a la convocatoria de postulantes al Poder Judicial. Si bien le fue fácil ignorar con aire despectivo las advertencias y críticas de la oposición en torno al Reglamento, no pudo simular tranquilidad por la baja afluencia de candidatos y la ausencia de mujeres e indígenas.
¿Por qué fracasa hasta este momento la convocatoria a postulantes a magistrados?, preguntó RimayPampa a dos abogados.
“En la mayoría de los países lograr juristas dispuestos a dejar la comodidad de la Academia, el litigio o trabajo con altos niveles de calificación es muy difícil. De ahí que en general el cargo sea vitalicio”, comentó Iván Lima, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional
Para Carlos Alarcón, la razón de fondo es que los abogados y otros profesionales que podrían contribuir, de mejor manera, a resolver la crisis judicial se dan cuenta que lo que menos interesa al MAS es construir un sistema judicial verdaderamente independiente, confiable y de alta calidad.
En opinión de Lima, uno de los aspectos que desanimó a otros postulantes es el voto consigna que anulará el sufragio urbano en favor de candidatos de minorías efectivas.
Según Alarcón, la gente que debía presentar su candidatura sabe que el MAS quiere los tribunales de justicia para “continuar con la criminalización de la vida política (…) y eternizar al autócrata (Evo Morales) en el poder”.
“Las reglas de juego están hechas a medida del MAS para alcanzar este objetivo”, agregó.
Ampliación de plazo
La primera alerta fue la baja afluencia de interesados. La Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por la mayoría masista, tuvo que ampliar el plazo de registro de 25 a 39 días. Hasta el 26 de mayo, apenas se habían inscrito 137 interesados. Hasta el 9 de junio, el número subió a 492, pero no superó la cifra de la primera elección judicial: 583.
A propósito, Alarcón indicó que la Asamblea debió declarar desierta la convocatoria por “insuficiencia de postulantes como lo exigía el propio reglamento trucho, pero no lo hizo”.
Iván Lima encontró dos razones para el poco interés: 1) “la baja credibilidad actual”; y 2) la actitud de “la prensa y los políticos” que “buscan convertir la elección en un plebiscito a la gestión de Evo Morales”.
En este contexto, es difícil encontrar a 96 juristas destacados que quieran dejar su exitosa carrera e ir al servicio público, comentó.
Alarcón aseguró que los buenos profesionales no se presentaron porque se dan cuenta que el MAS busca jueces serviles para “fines políticos subalternos como los de garantizar la postulación inconstitucional de Evo Morales el 2019”.
La UMSA, mujeres e indígenas
En último día del mes pasado, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) decidió retirarse de la comisión de profesionales de la Universidad Pública, constituida para participar en parte de la preselección de postulantes, porque no hubo acuerdo entre opositores y oficialistas para garantizar el proceso.
La partida de la UMSA generó preocupación en el gobierno; uno de los que expresó este sentimiento fue el ministro de Justicia, Héctor Arce. Pero, el proceso siguió de pie.
Sin embargo, la ausencia de postulantes mujeres e indígenas fue el hecho que evidenció el naufragio de la convocatoria porque choca con la mismísima Constitución, que en el artículo 26.I estipula que “la participación (en la formación de poderes) será equitativa -50-50%- y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.
Ante el muro constitucional, la presidente de Diputados, Gabriela Montaño, propuso una ley transitoria y modificaciones al Reglamento para flexibilizar requisitos. “Para nosotros es importante la meritocracia y no subordinar la capacidad, el conocimiento y la experiencia a los criterios de género y plurinacionalidad”, declaró.
Alarcón cuestionó a Montaño. “En lugar de declarar desierta la convocatoria y hacer otra, opta por una ley transitoria cambiando las reglas de juego a mitad de camino”, declaró y lamentó que el MAS amañe, incumpla y viole sus propias reglas.
Lima identificó la poca presencia de mujeres e indígenas como la causa más grave del proceso de selección porque demostró que “la realidad no (se) cambia por ley”.
“Si las Mujeres pueden ser Juezas desde 1956; si la Primera Magistrada llego en 1974, buscar un 50% de mujeres candidatas resulta ideal, pero difícil”, manifestó.
El artículo 6 del reglamento de preselección establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional “garantizará que el 50% de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones sean mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino”. Y no garantizó.
Según datos oficiales, en cinco de nueve departamentos, hay insuficiencia de postulantes mujeres; y no hay postulantes indígenas para el Tribunal Constitucional en Chuquisaca, Tarija y Pando y hay uno solo en Beni, Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
El artículo 22 del Reglamento señala que “la convocatoria se declarará desierta cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 25 del presente Reglamento”.
Y el artículo 25 indica: “La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará para:
- El Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta cuatro (4) postulantes por cada departamento, de los cuales el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas serán mujeres y al menos una persona será (1) de origen indígena originario campesino.
- El Tribunal Supremo de Justicia, hasta cuatro (4) postulantes por cada departamento, en dos listas separadas de mujeres y de hombres, garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas sean mujeres y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino.
- El Tribunal Agroambiental, hasta un número máximo de catorce (14) postulantes, garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
- El Consejo de la Magistratura, hasta un número máximo de diez (10) postulantes, garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
