¿Por qué no quieren que Ramiro Lizondo Díaz vuelva a la Gerencia de la Empresa Azucarera de San Buenaventura tal y como dispuso el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural? El presidente de la Federación de Productores Cañeros de la Provincia Abel Iturralde, Jimmy Aguirre, respondió con un documento en el que figuran ocho razones:
- Total incumplimiento al plan de producción planteado por el gobierno en su fase inicial, que era consolidar una producción de caña de 10.000 hectáreas entre el 2011 y 2015. Hasta la fecha, se consolidó sólo 4.608 hectáreas.
- Adquisición de maquinaria de mala calidad e inadecuada que ocasionó inversiones y gastos insulsos ya que estos no funcionan ni son adecuados para la producción en la zona.
- Trato despótico, abusivo y discriminatorio a la gente de la región y favoritismo a la gente de otras regiones, tanto en remuneración, horas de trabajo y acogida.
- Contratos eventuales con cláusulas que obligaban a trabajar más de ocho horas.
- Intervención ilegal (…) en los predios de la gobernación de CABOBE y el Pala.
- Abuso de poder contra los productores de la comunidad Santa Anita.
- Intención de privatizar la producción.
- Amenaza de bloqueo de créditos bancarios destinados a producción y/o ampliación de espacios cañeros.
Aguirre dijo que Lizondo fue gerente desde 2015 hasta noviembre de 2019 y agregó que su gestión fue ineficiente por las razones señaladas y porque no se avanzó en la producción de caña.
Tras enterarse que Lizondo volvía a la Gerencia de la planta azucarera, once organizaciones de la provincia Abel Iturralde de La Paz resolvieron, además de rechazar y repudiar el retorno del exgerente a la planta azucarera, exigir una auditoría financiera externa.
“Exigimos una auditoría financiera externa desde el proceso de adjudicación del proyecto hasta la actualidad, sin paralizar a la empresa ni perjudicar a los productores cañeros, para determinar el verdadero costo y el valor que tiene la planta industrial y las irregularidades en la administración de la empresa estatal”, dice el punto tres de la resolución, aprobada este 20 de enero.
Según datos oficiales, la planta azucarera de San Buenaventura costó 260 millones de dólares. En 2019, la gerencia de esta empresa estatal comunicó que necesitaba otros 70 millones de dólares para garantizar la zafra de ese año. Los mismos datos indican que la planta operaba hasta noviembre del año pasado apenas entre el 10 y 20 por ciento de su capacidad.
RimayPampa buscó a Ramiro Lizondo, a través de su cuenta de Facebook, para escuchar su respuesta a los ocho puntos de la resolución, pero no logró el contacto.
Las organizaciones de la provincia Iturralde de La Paz invitaron al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, a una reunión, en las próximas 48 horas, en San Buenaventura para resolver este asunto que preocupa a la región de cañeros.
“A partir de las 00 horas del 21 de enero entramos en bloqueo de caminos en el puente de San Buenaventura (que une con Rurrenabaque, Beni)”, dice el punto quinto de la resolución.
Aguirre dijo esta mañana, en diálogo con RimayPampa, que las organizaciones que bloquean la carretera señalada buscan el desarrollo de la región amazónica del norte paceño.
Un estudio de factibilidad, elaborado en 2009 por Conservación Internacional Bolivia, advirtió aquel entonces la poca rentabilidad del proyecto. Para tal conclusión, tomó en cuenta el promedio de rendimiento de las tierras para la producción de caña y el contenido de sacarosa.
