En cuatro autonomías indígenas de las tierras bajas del país, las autoridades y organizaciones políticas tradicionales están gestionando los casos de violencia contra las mujeres sin presupuesto para construir su propia estructura de acompañamiento. Una vez creados los gobiernos indígenas, ahora están en proceso de pensar sus propios instrumentos de seguimiento a estos casos.
Las lideresas de los gobiernos del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Kereimba Iyambae, Huacaya y Charagua Iyambae se reunieron la semana pasada en un taller para conocer los resultados de un diagnóstico sobre la aplicación de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
«Todavía existe el machismo en el territorio. La Ley 348, queremos acercarla a las mujeres, pero los recursos están por los suelos, y debería haber un presupuesto para atender los derechos de mujeres, niños y adolescentes. Queremos hacer incidencia para sustituir ese vacío; queremos hacer que nuestro gobierno autónomo cumpla con ese rol”, dice Sara Rosell, presidenta de la Subcentral de Mujeres Indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM).
Rosell explica que, en el caso del TIM, no hay un convenio firmado entre el SLIM dependiente de la Alcaldía de San Ignacio de Mojos y el Cacique del Gobierno Indígena Autónomo (GIA) del TIM, pero sí se ha sostenido reuniones con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para gestionar apoyo.
Gobiernos autónomos
Los gobiernos autónomos indígenas respetan y garantizan los derechos de las mujeres en sus estatutos, “tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia”, según un diagnóstico inicial elaborado por el CEJIS sobre el tema. A la vez, las autonomías indígenas “prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”.
Las bases legales e institucionales están sentadas. Para Raquel Antunez, presidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas (CONAIOC), probablemente faltan normas internas a los gobiernos indígenas para gestionar fenómenos como los hechos de violencia contra las mujeres.
“Aunque cada gobierno autónomo indígena está trabajando en el marco de la Ley 348, están tratando de complementar esa ley con sus normas y procedimientos propios”, comenta.
Las lideresas explican que estos hechos se tratan por ahora con la intervención de sus autoridades e instituciones propias, en el marco del ejercicio de la justicia originaria.
“No todas las comunidades vivimos igual, en una comunidad ya se está pudiendo lograr el respeto a las señoras y niñas. Eso no hemos dejado de lado como autoridades. No diré que estamos en la perfección, pero vamos encaminado”, dijo Martha Sucubono, corregidora de la comunidad Puerto San Borja en el TIM.
La presidenta de la Asamblea Legislativa del gobierno indígena de Huacaya, Gabriela Peña, explica que la justicia indígena está atendiendo estos casos, «y de este modo se está disminuyendo la violencia contra las mujeres”.
“Las promotoras hacen conocer a los capitanes o mburuvichas, y los mburuvichas derivan a la justicia indígena. La justicia indígena atiende el caso y, si es muy grave, lo deriva a la justicia ordinaria”, comentó Peña. Cuando la justicia indígena interviene, sus autoridades tienen claro que deben derivar los casos de feminicidio y violencia sexual hacia las instancias estatales correspondientes, muchas veces ausentes en los territorios.
CEJIS-ODPIB
