Generalmente, el acreedor corretea o busca al deudor y no al revés, como en este caso. En 1995, El Diario de La Paz obtuvo un crédito de $us964.741 del exBanco Boliviano Americano (BBA). Cuando éste quebró, la cartera pasó al Banco Central de Bolivia (BCB). Tras un juicio de más de 11 años, el periódico hizo tres ofertas para pagar, pero el BCB nunca respondió.
Este caso llegó a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas gracias a una denuncia anónima contra la Gerencia de Asuntos Legales del BCB “por supuestas irregularidades administrativas, tráfico de influencias, negligencia y presunto daño económico”.
Los antecedentes señalan que el BCB contrató para cobrar la deuda al Banco Mercantil S.A., que presentó el 7 de noviembre de 2001 una demanda civil ejecutiva de cobro de $us313.957 de capital adeudado, más los intereses del 15% anual.
La demanda duró 11 años y 9 meses. El 6 de septiembre de 2013, la Sala Social Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia declaró probada la demanda e improbada la excepción de prescripción interpuesta por El Diario.
Tres ofertas de pago
Desde ese momento, el periódico realizó tres ofertas de pago al BCB, según constató la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
La primera fue el 10 de junio de 2015, cuando “realizó una oferta de pago del total del capital adeudado por un monto de $us313.957” y, a la vez, “solicitó la condonación de intereses corrientes”.
Esa misma fecha expresó predisposición para pagar “lo pendiente” con un inmueble, que era parte de la garantía hipotecaria de la deuda; y pidió la deshipoteca de otro inmueble.
Además, planteó “el pagó de los intereses corrientes (…) con publicidad en el periódico en favor del BCB”.
La segunda oferta se produjo el 25 de junio de 2015. El Diario solicitó audiencia al Gerente General del BCB, Carlos Colodro, para tratar la oferta de pago.
“El BCB no respondió a estas notas de oferta de pago presentadas por la empresa El Diario”, señala la Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía, en una carta enviada a Marcelo Zabalaga, expresidente del BCB, el 23 de junio de 2016.
La tercera oferta de pago sucedió el 30 de julio de 2015. Esta vez, El Diario se dirigió al entonces presidente del BCB, Marcelo Zabálaga Estrada, para ratificar su propuesta de pago de los intereses corrientes con avisaje. En caso de no ser aceptada esta alternativa, el periódico ofreció otra: pagar los intereses en un plan que sea definido por el BCB.
Pese al desinterés del BCB, El Diario pagó $us313.957
Ante el silencio de las autoridades del Banco Central de Bolivia a las ofertas, el 10 de agosto de 2015, El Diario “realizó el depósito judicial por un monto de $us313.957.
Dos días después, hizo conocer al Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial el pago de la deuda en su totalidad, y solicitó la deshipoteca y consiguiente cancelación de los gravámenes de un bien inmueble, pero pidió que se mantenga la hipoteca de otros dos inmuebles, que conforman la garantía hipotecaria.
El Juez aprobó el pago de capital adeudado el 21 de agosto de 2015, y “ante el silencio del BCB, en la falta de respuesta a la oferta de pago, se dispuso la liberación del bien otorgado en garantía” en El Alto.
Cinco días después, el 26 de agosto de 2015, el BCB fue notificado con la resolución judicial; sin embargo, no apeló la decisión del juez.
Posible daño económico al Estado
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía detectó un “posible daño económico al Estado porque se dictaminó la liberación del bien inmueble otorgado en garantía que aseguraría el cobro del monto total real adeudado, que incluye intereses, costos y costas del proceso”.
Recién el 11 de septiembre de 2015 el BCB presentó un incidente de nulidad por un error de forma en la notificación.
Pero, antes que se resuelva este recurso, El Diario realizó el 27 de noviembre de 2015 dos depósitos por la suma de $us41.170 y Bs941.949 por concepto de intereses corrientes en favor del BCB. Ese mismo día, solicitó al juez declarar la extinción de la deuda.
El mismo día el BCB pidió se dicte resolución señalando haberse efectuado el pago total de la deuda y los intereses corrientes. El Juez declaró extinguida la deuda el 30 de noviembre de 2015.
Auditoria para detectar irregularidades
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Economía detectó una “falta en el ejercicio de la función pública de la exservidora Carla Antonieta Vásquez (…) por no apelar la resolución judicial que aprueba el pago del capital de la deuda y dispone la liberación del gravamen hipotecario sobre uno de los bienes inmuebles ofrecidos en garantía, fallo que causaría un perjuicio económico en contra del Estado”.
Con estos antecedentes, instruyó realizar una auditoría al proceso civil ejecutivo, seguido por el BCB, “al observarse irregularidades y falta de transparencia en las actuaciones administrativas”.
