El abogado Mauricio Ipiña informó hoy que hay entre mil a dos mil empresas off shore en Bolivia y sugirió a la Comisión Legislativa investigar a todas y no solamente a las 95 que fueron conocidas recientemente. También planteó pedir información al Banco Central de Bolivia, a Impuestos Internos, Cancillería, al Consulado en Panamá, Fundempresa y Derechos Reales para iniciar su trabajo.
Escuche aquí la entrevista completa a Mauricio Ipiña: https://goo.gl/Rm6HeG
“Ninguna de las 28 sociedades constituidas (por mi estudio jurídico) tiene cuenta en el extranjero; en este tipo de casos no se usa para enviar dinero afuera ni para traer. El Banco Central es la entidad llamada a registrar tanto las salidas e ingresos, pueden entrar a la base de datos y verificar si alguna de estas empresas ha girado o recibido dinero”, declaró al programa Nunca es Tarde de Radio Compañera.
Tras aplaudir la decisión del Ministerio Público de enviar a Panamá a un grupo de Fiscales a verificar datos sobre cuentas bancarias de estas sociedades, indicó que otra fuente de información que debe ser consultada es el Servicio de Impuestos Internos para ver si hubo movimientos de plata o giros hacia el exterior, aunque estas transferencias no constituyen delito.
El gobierno boliviano decidió el viernes pasado conformar una comisión legislativa para investigar las 95 empresas bolivianas off shore que figuran en lista difundida por una reciente filtración internacional. La intención es verificar si entre ellas hay casos de evasión de impuestos, corrupción, lavado de dinero u otra irregularidad.
“Pensar que el tema se reduce a 95 empresas es bastante ingenuo (…), yo estimo que la cantidad de las sociedades off shore en Bolivia deben estar entre las mil y las dos mil. Es un cálculo aproximado que se hace en función al tiempo y a la data que tienen este tipo de sociedades operando”, subrayó Ipiña y propuso a la Comisión Legislativa investigar a todas para que no haya sensación de discriminación.
Con ese propósito, manifestó que los legisladores deben hacer un “trabajo serio y detallado” en más tiempo, y no sólo seis meses, para lo cual, indicó que deben también pedir información a la Cancillería, Consulado de Bolivia en Panamá porque en esas instancias quedan las copias de los poderes para legalizar la adquisición de bienes inmuebles.
A su juicio, la Comisión debe, además, pedir datos a Fundempresa y Derechos Reales.
