“Fueron detenidos en el sitio 25 (alzados), más dos que fueron detenidos en otro lugar”, dijo Cabello en una rueda de prensa en la que actuó como vocero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y no descartó que el número aumente en las próximas horas.
Un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) se sublevó hoy contra Maduro y pidió a los venezolanos, en vídeos que divulgaron en las redes sociales, no reconocer al gobernante y salir a las calles en respaldo de la insurrección.
El hecho ocurrió durante la madrugada cuando sustrajeron armas de guerra, secuestraron a otros 4 agentes y luego se dirigieron a un comando de la GNB en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes, según un comunicado de prensa de la Fuerza Armada.
Cabello puntualizó que la sublevación no fue respaldada en los cuarteles del país, donde no ocurrió “ninguna réplica ni nada que se le parezca”. Tras ser reducido el grupo, las autoridades se incautaron de las armas que habían sido robadas así como de los teléfonos móviles de los rebeldes, donde hay registro de llamadas hechas antes y durante el alzamiento, según relató Cabello.
Dijo también que el grupo se alzó porque «seguramente les deben haber ofrecido cualquier cantidad de cosas” para que desconocieran a Maduro. El operativo para la rendición fue dirigido por el propio Maduro, según dijo Cabello hoy, luego de que los sublevados dieran su palabra de no atacar a quienes intentaban reducirlos y ambos grupos “se sentaron a hablar”.
El hecho sucedió después de que el Parlamento, que controla el antichavismo, aprobara un decreto de ley que promete amnistía para todos los funcionarios civiles y militares que desconozcan a Maduro y contribuyan a restablecer el hilo democrático, que aseguran está roto.
En este sentido, Cabello señaló que la Cámara no tiene competencias para aprobar una ley que perdone crímenes que no se han cometido, al tiempo que recordó que las decisiones del cuerpo no son atendidas por el poder Ejecutivo, puesto que el Supremo lo declaró en “desacato” en 2016.a
