El ministro de Autonomías, Hugo Siles, declaró este miércoles que las organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sin fines de lucro, fundaciones “no pueden hacer política en el país”. En una entrevista con el programa “Nunca es Tarde” de Radio Compañera, explicó los alcances y la aplicación de la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597, que regula la existencia y actividades de la ONG.
¿Qué entiende por contribución al desarrollo económico y social? ¿Puede una ONG ambientalista oponerse a la carretera por el TIPNIS o a algún programa del gobierno? ¿Contribuye al desarrollo económico y social la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que es una ONG, cuando denuncia violaciones de DDHH o puede ser cerrada por esta denuncia? ¿Por qué en la época neoliberal las ONG podían hacer política y por qué ahora no? Estas y otras preguntas responde el Ministro Siles.
En marzo de 2013 se aprobó la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas. En ese momento, las ONG cuestionaron el artículo 7.II.1, que señala: “Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, deberán mencionar en su contenido, adicionalmente a lo requerido en el parágrafo anterior: 1. La contribución al desarrollo económico y social”.
También observaron el Artículo 19 (g) del Decreto Supremo 1597, que establece: “Será revocada la personalidad jurídica por las siguientes causales: Por necesidad o interés público, declarado mediante ley de la asamblea legislativa plurinacional (…). Por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo informe del Ministerio del área”.
A finales de 2014, el Defensor del Pueblo interpuso una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuestionando la constitucionalidad de los artículos y normas mencionadas debido a que violan la libertad de asociación y abren las puertas a la arbitrariedad gubernamental.
Otras ONG señalaron, en ese momento, que el propósito de esa norma es uniformar el pensamiento de las ONG en favor del gobierno porque los términos cuestionados son ambiguos. El TCP dio recientemente la razón al gobierno del MAS, lo que significa que la Ley 351 está plenamente vigente. Hasta la fecha, las ONG no se manifestaron.
Escuche aquí la entrevista con Hugo Siles, https://www.ivoox.com/ministro-autonomias-hugo-siles-audios-mp3_rf_12141125_1.html
