Windsor Hernani Limarino
Bolivia atraviesa, en el plano económico estructural, una estanflación y, en lo coyuntural, una etapa de alta tensión política y social. La preocupación es generalizada, no solo por la existencia de bloqueos, sino porque no aparece, un plan que permita avizorar una luz al final del túnel.
Los bloqueos penosamente han ocasionado muertes y las partes se endilgan recíprocamente la responsabilidad. En ese contexto, la Cancillería emitió un comunicado que en lo esencial, formula una denuncia ante la comunidad internacional, responsabilizando a los bloqueadores por lo ocurrido.
La palabra “denuncia” en el sentido amplio, es el acto de comunicar a una autoridad la existencia de un hecho que podría constituir un delito o infracción, con el propósito de que se investigue y, eventualmente, se sancione a los responsables. Es sinónimo de queja o reclamo.
Sin embargo, en el ámbito de las relaciones internacionales esa lógica no resulta aplicable, ya que no existe una autoridad supranacional jerárquicamente superior a los Estados. Estos son jurídicamente iguales y soberanos, por lo que la investigación por parte de terceros en cuestiones de naturaleza interna, sería una intromisión.
La emisión de comunicados, con un tono quejumbroso, sobre conflictos internos revela la continuidad de una mala práctica heredada de la llamada “diplomacia de los pueblos”. Es de internacionalizar los conflictos domésticos y, entre líneas, transmitir un pedido de auxilio internacional y buscar el respaldo; sin advertir que ello implica una confesión institucional de debilidad estatal.
El problema más delicado de este tipo de comunicados no radica únicamente en su contenido político, sino en el sujeto institucional que los emite, la Cancillería del Estado. Allí adquiere fuerza una idea jurídica y diplomática contundente, es que: “a confesión de parte, relevo de prueba”.
En derecho, esta máxima significa que cuando una parte reconoce un hecho, ya no es necesario demostrarlo. Trasladado al plano diplomático, el efecto es aún más sensible, porque no se trata de la declaración de un actor cualquiera, sino de la institución encargada de representar oficialmente al Estado ante la comunidad internacional.
Por ello, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce públicamente que grupos movilizados impiden el tránsito, que el gobierno no puede garantizar evacuaciones médicas, que existen zonas bloqueadas con riesgo mortal, que la asistencia humanitaria no puede operar y que determinados territorios se encuentran sometidos a presión y violencia, lo que evidencia, en términos reales, es una confesión institucional de debilidad estatal.
Esa confesión tiene consecuencias. No porque la comunidad internacional ignore que Bolivia atraviesa recurrentemente conflictos internos, sino porque es el propio órgano diplomático del Estado el que formaliza y certifica internacionalmente esa incapacidad.
En otras palabras, el comunicado termina convirtiéndose en un documento de autoincriminación institucional respecto de la pérdida de control territorial, la fragilidad del monopolio estatal de la fuerza, la incapacidad de garantizar corredores humanitarios, las debilidades de gobernabilidad y el deterioro de la capacidad operativa del Estado.
En síntesis, paradójicamente, en su intento de responsabilizar políticamente a los bloqueadores, la Cancillería termina exponiendo internacionalmente las limitaciones estructurales del propio Estado.
Allí surge otro problema aún más profundo. Es la erosión del concepto de “imagen país” y sus consecuencias sobre el turismo y la atracción de inversión extranjera directa.
Hay que tener presente que la Cancillería no es un ministerio ordinario. Es el órgano responsable de proyectar la imagen país, administrar la reputación internacional del Estado, transmitir confianza institucional, comunicar estabilidad política y preservar la credibilidad externa.
Para evitar esos efectos adversos, los Estados suelen manejar estas situaciones mediante lo que en diplomacia se denomina “prudencia comunicacional”. Es actuar con cautela semántica, lenguaje técnico, prudencia institucional y administración estratégica del impacto reputacional.
La diplomacia profesional entiende que no toda verdad política debe exponerse internacionalmente de manera descarnada, especialmente cuando ello afecta la credibilidad institucional, la percepción de estabilidad, la confianza internacional y la reputación soberana.
No se trata de negar la presencia del elefante en la sala. Se trata de ejercer una comunicación estratégicamente responsable, evitando que el propio Estado degrade su posición internacional mediante confesiones innecesarias de debilidad estructural.
Cuando la Cancillería admite públicamente que el gobierno no pudo garantizar siquiera el paso para la asistencia médica, el mensaje que recibe el exterior no es únicamente que existen bloqueos. El mensaje es que el gobierno boliviano enfrenta limitaciones reales para ejercer autoridad efectiva sobre su territorio.
La debilidad del comunicado boliviano es que rompe esa lógica de prudencia y reemplaza el lenguaje diplomático, llevando la confrontación verbal del ámbito interno también al internacional.
Un comunicado prudente debió limitarse a: informar el fallecimiento de una ciudadana extranjera; expresar las condolencias a la familia en nombre del Estado boliviano -que no hubo y corresponde hacerlo-; comprometer la asistencia necesaria para la repatriación de sus restos; y garantizar una investigación destinada a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Un texto con estas referencias hubiera permitido que Bolivia aparezca como: un Estado responsable, empatía con la familia, actor humanitario, autoridad institucional seria; generando más legitimidad internacional, que un texto defensivo o acusatorio.
La diplomacia, por analogía, es el ejército de paz que libra batallas para alcanzar objetivos nacionales y defender la imagen país. El arma del diplomático es la palabra, oral o escrita. Ojalá exista siempre la destreza necesaria para manejarla con prudencia y evitar que el propio Estado termine disparándose al pie.
Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático
