Alrededor de 100 personas deliberarán mañana, mañana, en Santa Cruz de la Sierra sobre las iniciativas que desarrollaron los pueblos indígena originario campesinos para defender sus territorios de la expansión de las ciudades, informó Unitas.
“Queremos discutir las dinámicas e iniciativas de defensa de territorios indígenas y campesinos surgidos durante los últimos años en Bolivia en respuesta a los procesos de expansión urbana y otros procesos de afectación de territorios indígenas”, explicó la antropóloga Amy Kennemore, de la Universidad de San Diego, California, Estados Unidos.
La deliberación se realizará en el panel denominado: “Mecanismos y prácticas jurídicas de defensa del territorio indígena y campesino frente a los procesos de expansión urbana”, que se llevará a cabo este martes 27 de marzo desde las 15.00 dentro la conferencia “Diálogos urbanos”.
Otro de los objetivos del evento, dijo Kennemore, es reflexionar sobre las experiencias desarrolladas en el marco del pluralismo jurídico para compartirlos con otras comunidades en procesos de demandas del territorio y conflictos por la tierra urbana-rural.
Justicia ordinaria Vs. justicia indígena
La conferencia “Diálogos Urbanos” reunirá a 100 personas entre expertos, comunarios, miembros de organizaciones sociales, activistas, estudiantes y académicos alrededor de problemáticas urbanas que sufren en la actualidad Bolivia y la región.
En ese sentido, el séptimo panel del segundo día abordará las tensiones que surgieron entre la justicia ordinaria y la justicia originaria campesina frente la expansión urbana sobre territorios indígenas.
A pesar de la incorporación de los derechos indígenas en la Constitución boliviana, en la práctica no rige el pluralismo jurídico.
Pedro Pachaguaya, antropólogo de ADA de La Paz, señaló que las instituciones estatales siguen utilizando el derecho ordinario en sus actividades y reclamó respeto a las decisiones emanadas de procedimientos y normas indígenas.
“Esto da lugar a que dos sistemas jurídicos: uno hegemónico (derecho ordinario); y el otro: contra hegemónico (derecho indígena) entren en conflicto por la legitimidad de juzgar los casos concretos”, agregó.
Las investigaciones realizadas por miembros de ADA La Paz demostraron que los mismos pueblos indígenas no aplican sus propios procedimientos jurídicos, por lo que están sometidos a la justicia monista que actualmente se caracteriza por la retardación y corrupción.
“Ellos (los pueblos indígenas) están en conflicto con los jueces que continuamente les quitan la legitimidad de juzgar”, dijo Pachaguaya.
Frente a la preeminencia de los tribunales ordinarios, Kennemore opinó que las autoridades indígenas aplicar nuevas iniciativas para aplicar su propia justicia.
“El desafío para nosotros, como investigadores comprometidos con las luchas sociales, es desarrollar mecanismos de investigación que podrían fortalecer estas iniciativas hacia un pluralismo jurídico que sea verdaderamente emancipador en la práctica”, finalizó.
En los últimos años, las ciudades se comieron territorios indígenas para crecer, lo que generó conflictos entre pobladores de las áreas rural y urbana.
Así mismo, gran parte de la población de muchas ciudades es indígena y sigue utilizando los derechos colectivos en la resolución de sus conflictos.
Participantes
- Samuel Flores, representando a la Nación Qhara Qhara, compartirá la experiencia del Tribunal de Justicia IOC constituido el año de 2015 en Sucre. Este tribunal hace uso de la formación de peritos comunitarios legales y realiza “actas de entendimiento” entre las jurisdicciones de las NyPIOCs y el Estado para la creación de políticas públicas de cooperación y coordinación inter-legales.
- Claudio Zenteno, representando a la Nación Sura (Sipe Sipe – Cochabamba), hablará sobre la experiencia de exigibilidad jurídica para el reconocimiento de la jurisdicción y la identidad indígena como medio para defender el territorio de su ayllu Sura frente a la expansión urbana de origen especulativo.
- Pedro Pachaguaya y Amy Kennemore comentarán las ponencias sobre cómo se van aplicando los resultados de investigaciones participativas y el uso de mecanismos de exigibilidad jurídica por parte de organizaciones IOCs a casos concretos, su aporte a la antropología jurídica en servicio al fortalecimiento al acceso a la justicia y tierra en ámbitos urbanos y rurales.
