Agencias.- Jubiloso y poderoso, el presidente Hugo Chávez anunciaba en mayo del 2007 el fin de la apertura petrolera en Venezuela, al ordenar a las grandes transnacionales del petróleo acogerse al nuevo sistema de “empresa mixta” con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Esta es la verdadera nacionalización de nuestros recursos (…) hoy se cierra un ciclo perverso”, afirmó Chávez.
Quien no lo hiciera debía marcharse. Una de las que no quiso fue ConocoPhillips, que desde el principio rechazó los términos del nuevo esquema planteado por Venezuela –que establece 60 por ciento de las ganancias de la producción para PDVSA y el resto para las transnacionales– y acudió al arbitraje internacional tras varias negociaciones con Caracas en las que no pudo llegar a un acuerdo de indemnización.
Once años después, las palabras de Chávez pasan una factura a Venezuela por 2.000 millones de dólares, pues el pasado 25 de abril, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) falló a favor de la empresa estadounidense, que está buscando cobrar ese dinero como sea.
Ante el mínimo flujo de caja de PDVSA y la perspectiva de no recibir ningún pago por la nacionalización de sus activos e inversiones en los dos bloques que manejaba en la Faja Petrolera del Orinoco –donde reposan las reservas de crudo más grandes del planeta–, ConocoPhillips logró a través del fallo de la corte el permiso para embargar el petróleo venezolano que circule en el Caribe, incluyendo aquel que se almacene en las refinerías.
La agencia Reuters confirmó que entre martes y jueves de la semana pasada, la empresa incautó los productos petroleros de PDVSA en las islas de Bonaire y San Eustaquio.
Aunque todavía no logra hacerse del petróleo venezolano en Curazao, la prensa de la isla holandesa informó que ConocoPhillips logró incautar las cuentas bancarias de Refinería di Korsou, que renta PDVSA para almacenar su petróleo antes de distribuirlo a sus socios caribeños y sus principales clientes, EE. UU., China e India.
Esto forma parte de las acciones de la empresa para forzar el pago de los 2.000 millones de dólares por PDVSA y confirma la promesa hecha por su director de finanzas, Don Wallette, quien aseguró que Conoco actuará de forma “agresiva y persistente” para lograr el saldo de la deuda.
“Todo esto dificulta en extremo la exportación del petróleo venezolano, y con eso nuestra principal fuente de ingresos”, explicó en un programa radial el experto petrolero Ramón Espinasa, quien señaló que además de poner en peligro las rutas de exportación de petróleo venezolano, los embargos de Conoco dificultan el almacenamiento y mezcla del crudo, buena parte del cual se hace en refinerías caribeñas y EE. UU.
El fallo de la ICC contra Venezuela llega en uno de los momentos más álgidos no solo para el régimen de Nicolás Maduro, quien trata de extender su mandato presidencial con unas elecciones adelantadas para el 20 de mayo en pleno contexto hiperinflacionario, sino también para PDVSA.
La empresa, otrora gallina de los huevos de oro, hoy exhibe un rendimiento cercano al que tenía en la década de los 70, con una modestísima producción de 1,4 millones de barriles diarios, exactamente la mitad de lo que producía antes de tomar las riendas la revolución bolivariana.
El pésimo estado de las refinerías venezolanas, la falta de inversión sobre los pozos petroleros activos y la estampida del personal calificado que quedaba en PDVSA (luego de los despidos masivos de 2002 y 2003) son las principales causas de la caída de la producción petrolera en Venezuela, que para los años que corren –también según promesa del entonces presidente Chávez– debía estar por encima de los cinco millones de barriles diarios de producción.
Esa escasa producción ha restado la importancia de Venezuela como surtidor de petróleo y le ha impedido hacerse de mayores ganancias en estos momentos en los que el barril de crudo se transa alrededor de los 70 dólares.
Oficialmente, PDVSA ha informado dos cosas. Un relativo beneplácito porque ConocoPhillips había interpuesto la demanda por 7.300 millones de dólares y la corte “solo” le concedió la existencia de una deuda de 2.000 millones, y su disposición a pagarle a la empresa, aunque todavía no expone ni los términos ni plazos de ese plan de erogaciones.
Pero ni estas declaraciones ni el caso de que Venezuela active un recurso para detener los efectos de la decisión de la ICC significan una prohibición expresa para que ConocoPhillips detenga sus acciones de embargo.
Entre tanto, Venezuela ha detenido momentáneamente sus envíos de crudo por el Caribe.
