El Nuevo Herald .- En una zona rocosa y pobre de Bolivia, al principio el sonido no parecía de disparos.
Etelvina Ramos Mamani estaba acostada en su cama, débil y febril. Escuchó un grito junto a la venta. Su hija de 8 años, Marlene, se desplomó de pronto y echó la cabeza hacia atrás, tratando de que el aire le llegara a los pulmones, perforados por una bala disparada por soldados bolivianos.
“Le salía sangre del pecho como si fuera una fuente”, testificó Ramos el martes.
Afuera, soldados del gobierno atacaban el pequeño poblado, disparando por todas partes. Pasaron horas antes que regresara la calma. Entonces los familiares organizaron en medio de la oscuridad un funeral improvisado para Marlene, víctima inocente de la violencia que ha estremecido Bolivia desde el otoño del 2003.
Mamani subió al estrado de los testigos el martes, no en Sudamérica, sino a 3,000 millas de distancia en el tribunal federal de Fort Lauderdale.
Su testimonio fue el comienzo de una batalla judicial histórica que enfrenta a familiares de los fallecidos en el caos, en su mayoría indígenas pobres, con el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain.
El testimonio del martes fue la primera vez que un ex jefe de Estado extranjero enfrenta un juicio en un tribunal federal estadounidense por abusos a los derechos humanos, según el Centro de Derechos Constitucionales, que representa a la familia Mamani.
“Mi hija era inocente. Estaba jugando afuera de la casa”, dijo Ramos, quien lucía dos trenzas largas, un suéter rosado y una falda turquesa típica de los pueblos indígenas de su región.
Su esposo, Eloy Rojas Mamani, recordó a los soldados persiguiendo y disparando contra los vecinos desarmados. “Como conejos asustados escapaban a las montañas”, dijo a los jurados.
La disputa legal por el caso ha durado casi un decenio y se espera que el juicio, que preside el juez federal James Cohn, dure varias semanas. Los familiares de los bolivianos abatidos están representados por abogados del Centro de Derechos Constitucionales, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y varios importantes bufetes privados de abogados.
La historia de la pareja fue una poderosa viñeta de un conflicto geopolítico mayor que todavía no ha concluido en ese país sudamericano.
En el 2003, la agitación civil estaba destrozando el país después que Sánchez de Lozada propuso exportar gas natural a Estados Unidos. Manifestantes, muchos de la etnia indígena aimará, comenzaron a bloquear carreteras y marcharon frente al palacio presidencial en la capital, La Paz, para exigir su renuncia.
No era la primera vez que los bolivianos más pobres rechazaban la apropiación de recursos naturales por parte del gobierno. A finales de los años 1990, en la llamada Guerra del Agua, enormes protestas obligaron al gobierno a abandonar planes de privatizar el sistema de acueducto en la ciudad de Cochabamba.
Durante los violentos enfrentamientos del 2003, más de 50 personas perdieron la vida. La agitación estuvo liderada por Felipe Quispe Huanca, un líder aimará conocido como “Cóndor”, y Evo Morales, hoy presidente de Bolivia y entonces dirigente obrero.
La estrategia de la defensa será señalar a los políticamente poderosos líderes de las protestas, quienes alegan incitaron a las violentas revueltas en las calles. Un jurado federal tendrá que decidir quién tuvo la culpa, en caso que se determine que hubo un culpable, y cuánto dinero deben pagar a las víctimas de los fallecidos.
“Los hombres responsables de la tragedia no están en este tribunal hoy”, dijo Anna Reyes, quien representa a Sánchez de Lozada.
Pero abogados de las familias bolivianas presentaron a Sánchez de Lozada y sus ministros como personas crueles e íntimamente vinculados con el uso de la fuerza por parte de los militares para aplastar protestas en lo fundamental pacíficas.
Durante las declaraciones iniciales, los jurados vieron fotos de los ocho muertos y mapas detallados que muestran donde incursionaron los militares en días separados y en pueblos de todo el país.
Soldados fuertemente armados dispararon “indiscriminadamente” contra los habitantes de los poblados. Entre las víctimas hubo una mujer embarazada que pereció cuando una bala atravesó la pared de una casa y la mató a ella y a su hijo nonato, un hombre de 69 años abatido junto a una carretera rural y un adolescente que se había subido a una azotea para ver lo que ocurría.
“Aunque ninguno de los acusados apretó el gatillo, son los responsables”, dijo el abogado Joseph Sorkin, quien agregó: “No se puede usar a los militares para que disparen contra civiles desarmados”.
En el poblado montañoso de Sorata, las carreteras bloqueadas afectaron a cientos de turistas y visitantes que asistían a un festival religioso. Berzain, según abogados de las familias, fue enviado a llegar a un acuerdo, pero terminó amenazando con matar a tiros a los “malditos indios”, y el lanzamiento de una mortífera operación militar.
Pero los abogados del ex presidente culpan de todo a Quispe y a Morales por impulsar la violencia, que alegan paralizó el país, dejando La Paz imposibilitada de entregar alimentos y combustible a los ciudadanos. Morales, un antiguo cultivador de coca y líder obrero, estaba furioso con la ofensiva del gobierno contra el cultivo de coca, dijo Reyes.
La representante agregó que Quispe y Morales rechazaron concesiones de Sánchez de Lozada, quien fue elegido por primera vez en 1993, y después a un segundo mandato en el 2003.
El equipo de la defensa del ex mandatario lo presentó como un reformista de libre mercado quien sacó a Bolivia del caos económico, y entonces fue acorralado por una oposición que con frecuencia usaba armas de fuego y dinamita contra la policía y los soldados.
Su orden a los militares para ayudar a controlar la violencia fue legal, y para cuando se implementó todos los familiares de los demandantes ya estaban muertos, dijeron los abogados de Sánchez de Lozada. En un caso, la mujer embarazada pereció baleada por un manifestante que estaba en una azotea, no por un soldado, dijo Reyes.
En Bolivia, los fiscales han considerado que la respuesta de los militares a las protestas fue “proporcional”, dijo Reyes. Después que Sánchez de Lozada huyó al sur de la Florida, incluso pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que investigara las muertes.
“La ONU no investigó”, dijo Reyes a los jurados. “Pero tenemos algo aún mejor: un jurado en Estados Unidos”.
