Agencias.- La presidenta saliente de Chile, Michelle Bachelet, ha presentado un proyecto de ley para cambiar la Constitución Política de la República, un texto que data de 1980 y que aunque ha sido sometido a reformas mantiene el espíritu de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Cambiar la Carta Magna era uno de los ejes de este segundo Gobierno de la socialista y en el momento de hacer el anuncio aseguró que va a «gobernar hasta el último día, esto no debería sorprender a nadie».
Cuando Sebastián Piñera se impuso en la segunda vuelta presidencial la mandataria lo visitó en su residencia familiar y aunque señaló que fue más un saludo protocolario que una reunión de trabajo, al salir de la cita confirmó cuál sería una de las prioridades de su último tramo a cargo del país sudamericano. «Le he informado (a Piñera) que voy a enviar el proyecto de Nueva Constitución en el espíritu de respetar ese proceso de participación», dijo en la ocasión.
En la práctica, el proyecto de Nueva Constitución tendrá que ser analizado por las nuevas autoridades. Cuando el próximo 11 de marzo Michelle Bachelet le entregue el cetro de mando a Sebastián Piñera (derecha liberal), también asumirá un nuevo Congreso marcado por la irrupción del Frente Amplio y elegido tras una reforma impulsada por la presidenta para modificar su composición y las normas de campaña: con el aumento en los escaños la Cámara de Diputados tendrá 155 diputados en lugar de 120 –el Senado aumentará gradualmente hasta llegar a 50 en 2022–; de manera inédita, además, los partidos estuvieron obligados a incorporar cuotas de género en sus candidaturas.
En cadena nacional, la Pdta. @mbachelet se refirió esta noche al envío al Congreso del proyecto de Nueva Constitución. Revisa los detalles y lineamientos de la propuesta por #UnaConstituciónParaChile, aquí: https://t.co/hMdCUdn9yo pic.twitter.com/rZpccrNUjb— Prensa Presidencia (@presidencia_cl) 6 de marzo de 2018
Durante las últimas horas la presidenta ha sido enfática en señalar que la nueva carta fundamental no implica una refundación del país. «Esto no se trata de partir de cero, por eso hemos recogido esa herencia republicana y la hemos perfeccionado», dijo durante la firma del proyecto. Entre los valores centrales del texto, explicó, están «la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos».
La propuesta busca garantizar ciertos derechos como el acceso a la salud y la educación o la igualdad, la no discriminación y la igualdad salarial. En cuanto a las reformas políticas, se contempla la extensión del mandato presidencial de cuatro a seis años, pero sin la posibilidad de repostularse inmediatamente o en períodos siguientes, como ocurre actualmente.
También se incorpora una figura inexistente hoy en el orden legislativo chileno como la Iniciativa Ciudadana de Ley, una moción que podrá ser revisada en el Congreso si es que se cuenta con el apoyo del 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio en el país.
Una Carta Magna participativa
Junto con la introducción de gratuidad universitaria y una reforma tributaria para financiarla, la discusión de una nueva Constitución es considerada entre los ojos principales del segundo mandato de la primera mujer en transformarse en Presidenta de Chile. En su programa de Gobierno, Bachelet se comprometió a liderar un proceso que fuera democrático, institucional y participativo. Por ese motivo es que en su diseño se consideraron etapas de formación cívica, diálogos abiertos y la sistematización de las inquietudes ciudadanas.
Para transformarse en la ley fundamental de Chile, al texto presentado por Bachelet le queda un largo trecho por recorrer, ya que el objetivo es que sirva de base para la discusión que tendrán los nuevos parlamentarios, que a la vez tendrán que definir quién realiza la redacción final de la nueva Constitución. Las opciones -definidas por el gobierno al comienzo del proceso- son conformar una comisión con integrantes de las dos Cámaras, generar una Convención Constituyente mixta con parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente con personas elegidas con ese único propósito o bien, dejar la decisión en manos de los ciudadanos mediante un plebiscito.
En cualquiera de los casos, el texto definitivo de nueva Constitución tendrá que ser validado por la ciudadanía a través de un plebiscito. Esta última etapa del proceso se efectuó también con la Carta Magna que redactó la dictadura a comienzos de los ‘80 y pese a los cuestionamientos a la validez de la consulta ciudadana por no contar con registros electorales ni campaña opositora, en esa ocasión se impuso la opción que aprobaba el texto y, de paso, ungía a Augusto Pinochet como Presidente de la República por los siguientes ocho años.
