Bajo la presión de un parque automotor visiblemente desgastado y un sector transporte en alerta, el gobierno de Rodrigo Paz activa este lunes 2 de marzo de 2026 un plan nacional de aditivos estabilizantes en la gasolina.
La medida, presentada por el Ejecutivo como un salto hacia la «última generación» tecnológica, surge menos como una innovación voluntaria y más como una respuesta urgente a las crecientes denuncias sobre la precariedad de los combustibles que circulan en el eje troncal y las zonas mineras, donde el rendimiento del carburante impacta directamente en los costos operativos de la cadena productiva.
Aunque la narrativa oficial se esfuerza en blindar el factor económico garantizando que el precio en surtidor no sufrirá variaciones, la implementación de estos antioxidantes pone de relieve una realidad que desde el periodismo de investigación hemos seguido de cerca: la fatiga del sistema de refinación nacional y la dependencia de mezclas que, hasta hoy, amenazaban la vida útil de los motores.
El anuncio de que estos químicos «limpiarán inyectores» y «evitarán el deterioro» es, en esencia, el reconocimiento tácito de una deuda pendiente con la calidad que el Estado boliviano ha postergado durante años.
El presidente Paz promete fiscalización en plantas clave, pero en un contexto de hermetismo técnico, queda la interrogante de si este ajuste es una mejora genuina o un parche para viabilizar el uso de combustibles de menor octanaje o mayor contenido de bioetanol.
